El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley que reforma de forma estructural la financiación del sistema de dependencia, elevando las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona atendida. Las ayudas a quienes tienen reconocida gran dependencia suben un 128%, las de dependencia severa se duplican y las de dependencia moderada crecen un 18%. La medida supondrá 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, aunque deberá ser convalidada en el Congreso.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley que el Gobierno presenta como la mayor inversión en dependencia de la historia democrática española. El texto reforma las cuantías del denominado nivel mínimo garantizado, el mecanismo por el que el Estado transfiere recursos a las comunidades autónomas por cada persona con grado de dependencia reconocido. Las nuevas cuantías entrarán en vigor el 1 de julio y se aplicarán al conjunto de los 1.682.785 beneficiarios con prestación efectiva registrados a 31 de mayo de 2026, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida en un acto en la sede del Imserso en Madrid, donde afirmó que «vamos a culminar una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación, en 2006».
El decreto modifica las cuantías del nivel mínimo garantizado recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos aprobados, bajo los que ha funcionado el sistema durante toda la presente legislatura. Al tratarse de una modificación con rango de ley, el ministerio subraya el carácter «estructural» de la medida: las nuevas cuantías solo podrían revertirse mediante otra norma equivalente, con independencia de cuál sea el gobierno o su situación presupuestaria. El decreto deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados, donde los apoyos para esa votación no han sido confirmados, aunque el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó su deseo de que se apruebe «por unanimidad».
Cuantías en función del grado de dependencia
El cambio más significativo afecta a los dos grados de mayor necesidad. Las personas reconocidas con grado III, denominado gran dependencia, pasarán a recibir 660 euros mensuales a partir del 1 de julio, frente a los 290 euros actuales, lo que supone un incremento del 128%. Las reconocidas con grado II, dependencia severa, pasarán de 130 a 260 euros al mes, exactamente el doble. El grado I, dependencia moderada, registra un aumento más contenido, del 18%, pasando de 76 a 90 euros mensuales. Las cuantías del grado III ampliado, aprobado hace menos de un año para personas en situación de extrema dificultad como los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se mantienen sin modificación.
En términos presupuestarios, el Gobierno calcula que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027. Para el ejercicio en curso había presupuestados aproximadamente 3.200 millones, lo que significa que la inyección extraordinaria de este año asciende a 2.218 millones. Sumado el incremento previsto para el año siguiente, el esfuerzo adicional acumulado entre 2026 y 2027 supera los 6.200 millones. Bustinduy describió la medida como «un avance irreversible para garantizar que el gasto en dependencia no sea moneda de cambio», en referencia a los recortes que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis de 2008 y que no llegaron a revertirse hasta la legislatura anterior.
La lista de espera, el primer objetivo
Sánchez enumeró tres objetivos concretos vinculados al aumento de financiación. El primero y, en sus palabras, el más urgente, es reducir la lista de espera. A 31 de marzo de 2026, según los datos del Imserso, 271.556 personas aguardaban el reconocimiento de su grado o la asignación de una prestación, un 2,5% menos que un año antes. De ellas, 152.249 llevan esperando más de seis meses, plazo máximo que la ley fija para que la Administración resuelva estos procedimientos, aunque en la práctica ese límite se supera con frecuencia. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales situó la cifra de personas en lista de espera a finales de mayo en más de 265.000.
El segundo objetivo declarado es garantizar más y mejores cuidados, aumentando la intensidad de la atención y reforzando los apoyos a las personas dependientes. El tercero afecta a los profesionales del sector: el Gobierno se comprometió a impulsar salarios dignos, mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento social para los cuidadores, en su mayoría mujeres. La inversión complementa la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que se encuentra en su recta final en el Congreso y que incluye medidas como la creación de una pasarela automática entre el reconocimiento de la dependencia y el de la discapacidad, reduciendo así la burocracia que actualmente obliga a los afectados a iniciar dos procedimientos separados.
