El Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, pese a que la iniciativa no puede prosperar sin el concurso del Partido Popular. La norma exige tres quintos del Congreso y el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. El Ejecutivo asume el obstáculo parlamentario pero convierte la presión sobre los conservadores en argumento político de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
El Consejo de Ministros aprobó el martes la reforma del artículo 43 de la Constitución con la que el Gobierno de Pedro Sánchez busca garantizar el aborto en la sanidad pública como prestación de titularidad universal. La iniciativa cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, que calificó de «constitucional» el reconocimiento del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, y obliga a los poderes públicos a asegurar esa prestación en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio. El Ejecutivo avanza pese a que todo apunta a que el texto quedará en papel mojado.
La propuesta contempla también el artículo 49 de la Constitución, que actualiza la protección de las personas con discapacidad y elimina el término «disminuido» del texto fundamental, un cambio negociado con el Partido Popular (PP) y con perspectivas razonables de prosperar. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que el proyecto sobre el aborto supone avanzar «frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco», en referencia al retroceso que La Moncloa atribuye a las políticas del centroderecha en comunidades con gobiernos conservadores.
Una mayoría que no existe
La aprobación en Consejo de Ministros es solo el punto de partida de un procedimiento que exige amplias mayorías parlamentarias. La vía ordinaria de modificación constitucional requiere tres quintos del Congreso y del Senado. Si no se alcanza ese umbral, la norma permite constituir una comisión paritaria entre ambas cámaras que redactaría un nuevo texto sometido a votación, esta vez con el requisito de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, donde el PP mantiene esa mayoría y se erige en árbitro de cualquier avance.La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció la dificultad aritmética sin rehuir el debate político. «No está en riesgo la libertad de las mujeres para abortar», afirmó, aunque advirtió que sí está comprometido el ejercicio real y efectivo de ese derecho en todo el territorio, dada la desigual implantación del servicio en hospitales según la comunidad autónoma. Redondo invocó el precedente de Francia, que incorporó la interrupción voluntaria en su Constitución en 2024, para presionar a los conservadores: «Hasta Marine Le Pen votó a favor en Francia», apuntó.
El aborto en la sanidad pública
La brecha territorial en el acceso al aborto en la red pública constituye el argumento central del Ejecutivo. Según sus estimaciones, alrededor del 80% de las intervenciones voluntarias se realizan en clínicas privadas. La proporción varía de forma significativa según el territorio: en Cantabria, Galicia, La Rioja o Navarra la derivación a centros privados alcanza el 60%; en Cataluña, el 55%; mientras que en Madrid o Andalucía el porcentaje en hospitales del sistema público es casi testimonial, con apenas el 1%.
El Gobierno convierte la dimensión sociológica en instrumento de presión parlamentaria. Sus propios datos apuntan a que siete de cada diez españoles respaldan ese derecho y que una amplia mayoría apoya su incorporación al texto constitucional. Si el PP vota en contra, quedará en evidencia ante ese respaldo ciudadano mayoritario, razona La Moncloa. La ministra fue explícita en su advertencia: «El PP tendrá muy presente lo que se juega en esta reforma constitucional», señaló Redondo.
Presión al PP e impugnaciones
Los populares acaban de pactar con Vox en el Ayuntamiento de Elx (Alicante) una moción que reclama al Gobierno la derogación de la ley del aborto, episodio que la ministra usó para ilustrar lo que describió como «riesgo real de regresión ideológica». La Moncloa recuerda también que los conservadores votaron en contra de la ley de presupuestos de 1985 bajo Felipe González —que reguló la interrupción del embarazo por primera vez en España—, de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y de la modificación aprobada durante el mandato de Sánchez en 2023.
La propuesta suscitó también la oposición de la Iglesia católica. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, advirtió que la norma aprobada por el Consejo de Ministros supone «un cambio constitucional en favor de la muerte» e instó al Ejecutivo a blindar en su lugar el derecho a la vida y el respaldo a la maternidad. Argüello acusó al Gobierno de utilizar a las mujeres como argumento ideológico y consideró que la medida responde a intereses políticos antes que a las necesidades reales de las afectadas.
La Moncloa acepta que la reforma difícilmente prosperará sin un giro de los populares, pero convierte esa improbabilidad en capital político. «Ahí está el dilema del PP», resumió Redondo: forzar al principal partido de la oposición a posicionarse ante una mayoría social favorable a la constitucionalización del aborto, con las elecciones andaluzas como telón de fondo. La ministra advirtió también de que la experiencia internacional demuestra que ese derecho puede volverse reversible si no está protegido en la carta magna, citando los retrocesos en Estados Unidos, Polonia, Hungría, Argentina e Italia.
