El Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley que establece indemnizaciones urgentes para los afectados por los accidentes ferroviarios del 18 y 20 de enero, con pagos que oscilarán entre 7.200 y 216.000 euros según el tipo de daño sufrido. El ministro Óscar Puente garantizó que las ayudas se abonarán en un plazo máximo de tres meses para evitar esperas como las del accidente de Angrois.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar un plan de ayudas inmediatas dotado con 20 millones de euros para las víctimas de los dos accidentes ferroviarios ocurridos la semana pasada en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El mecanismo, articulado mediante un real decreto-ley de medidas urgentes, beneficiará a los familiares de las 46 personas fallecidas y a las 164 que resultaron heridas en ambos siniestros, garantizando compensaciones económicas en un plazo no superior a tres meses.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, detalló el plan durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañado por la ministra portavoz, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Puente subrayó que el objetivo es «un compromiso con las víctimas del accidente, sus familiares y el conjunto de la ciudadanía», evitando que se repita la situación vivida tras el accidente de Angrois en 2013, cuando las víctimas tuvieron que esperar una década para recibir las indemnizaciones de 25 millones de euros. «No vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización», afirmó el titular de Transportes.
El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero de 2026 cuando un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contigua, provocando la colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario hacia Huelva. El siniestro, que causó 45 víctimas mortales y 106 hospitalizados, constituye el primer choque entre dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente ferroviario más grave del país en este siglo. Dos días después, el 20 de enero, un tren de Rodalies impactó contra los restos de un muro desprendido sobre la vía en Gelida, causando la muerte del maquinista.
Un plan para acelerar las compensaciones
El fondo de 20 millones de euros aprobado por el Gobierno se distribuye en dos componentes diferenciados. Diez millones corresponden a ayudas directas a fondo perdido, exentas de tributación, mientras los otros diez millones se destinarán a anticipos del seguro obligatorio de responsabilidad civil de pasajeros. Puente explicó que se trata de «adelantar las indemnizaciones de los pagos de los seguros, sin cargos añadidos», para que ningún familiar tenga que afrontar, además de la carga emocional, la carga económica.
El ministro destacó que el decreto-ley reconoce que los procedimientos ordinarios de compensación no responden a los tiempos de la tragedia. Aunque el ordenamiento jurídico contempla planes de atención, cobertura sanitaria y responsabilidad civil, las víctimas dependen de que la justicia dilucide las responsabilidades del accidente antes de que las aseguradoras que cubran la responsabilidad civil de las compañías implicadas procedan a indemnizar. Este proceso puede prolongarse durante años, como ocurrió en Angrois, donde la aseguradora no realizó contraprestaciones hasta que hubo sentencia firme.
Todos los pagos se realizarán en un único abono, garantizando rapidez y previsibilidad. El plazo máximo establecido es de tres meses desde la solicitud, un periodo que contrasta radicalmente con los diez años de espera que sufrieron las víctimas del accidente gallego. El Ejecutivo subraya que estas medidas buscan precisamente evitar los retrasos del último gran siniestro ferroviario español y proporcionar asistencia inmediata y coordinada a los afectados.
Baremo de indemnizaciones según gravedad
En los casos de fallecimiento, cada víctima recibirá 72.000 euros en concepto de ayuda directa a fondo perdido, más otros 72.000 euros como anticipo del seguro obligatorio de pasajeros, lo que suma un total de 144.000 euros por cada fallecido. Esta cantidad se entregará a los familiares directos en las condiciones establecidas por el decreto-ley y está completamente exenta de impuestos para evitar cargas fiscales adicionales en un momento de duelo.
Para las personas que sufrieron lesiones en los accidentes, las indemnizaciones se determinarán mediante un baremo según la gravedad de los daños. Las cuantías parten de un mínimo de 2.400 euros para las lesiones consideradas leves y pueden alcanzar hasta 84.000 euros en ayudas directas para los casos más graves. Al igual que con los fallecimientos, estas cantidades se duplican al sumarse los anticipos del seguro de responsabilidad civil, lo que significa que los heridos más graves podrán recibir hasta 252.000 euros en total. Puente aseguró que las ayudas «son inmediatas y buscan que las familias no están solas».
La valoración de las lesiones se realizará conforme a criterios médicos y jurídicos individualizados. Según análisis de expertos legales, el sistema aplica de forma analógica el baremo de tráfico actualizado en 2026 conforme a la Ley 35/2015, que contempla factores como días de curación moderados, graves o muy graves, secuelas funcionales y estéticas, gastos médicos y asistenciales, y lucro cesante por bajas laborales. La correcta cuantificación exige informes médicos especializados y, en muchos casos, dictámenes periciales independientes.
Hacia un mecanismo estructural permanente
Más allá de la respuesta inmediata a los accidentes de Adamuz y Gelida, el ministro Puente anunció que el Gobierno iniciará las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública. Este nuevo sistema permitiría que el Estado asuma, con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables.
El objetivo es crear un mecanismo permanente que garantice atención inmediata en este tipo de siniestros en el transporte colectivo, evitando que cada tragedia requiera una norma urgente específica. Esta reforma estructural respondería a las recomendaciones de expertos jurídicos que señalan las deficiencias del actual sistema, donde las víctimas quedan en situación de vulnerabilidad económica mientras se dilucidan las responsabilidades judiciales.
El anuncio del plan de indemnizaciones se produjo el mismo día que el Congreso guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de ambos accidentes. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, pidió a los diputados recordar a las 45 personas que murieron en la «terrible tragedia» de Adamuz y al joven maquinista fallecido en Gelida. Puente comparecerá el 29 de enero en el Senado y el 3 de febrero en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios.
