El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anunció este viernes la contratación de pruebas de ADN para todos los familiares que busquen a desaparecidos de la Guerra Civil española y la dictadura franquista, con carácter gratuito. El Consejo Territorial de Memoria, reunido en La Palma, aprobó al mismo tiempo el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar exhumaciones e investigación. Solo hubo dos abstenciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció este viernes dos medidas que amplían la política pública de memoria histórica. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha contratado servicios de pruebas de ADN en laboratorios distribuidos por toda España para ofrecerlos gratuitamente a todos los familiares que busquen a sus desaparecidos de la Guerra Civil española y la dictadura franquista. El Consejo Territorial de Memoria, reunido en la isla canaria de La Palma, aprobó al mismo tiempo el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar proyectos de localización, exhumación e identificación de víctimas.
La oferta gratuita y universal de pruebas de ADN representa un paso cualitativamente distinto respecto a la situación anterior. Hasta ahora, las familias que querían participar en el proceso de identificación dependían de iniciativas autonómicas, de organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o de sus propios recursos para costear las pruebas. El nuevo contrato ministerial elimina esa barrera y centraliza la recogida de muestras en laboratorios acreditados de todo el territorio. Los perfiles genéticos resultantes se integrarán en el banco estatal de ADN, una base de datos creada al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que acumula ya cerca de 435.000 registros.
El reto demográfico: identificar antes de que sea tarde
El propio Torres admitió en La Palma que «el tiempo no juega a favor» de esta iniciativa. La razón es demográfica. La Guerra Civil terminó en 1939 y la represión franquista se prolongó hasta los primeros años de la Transición. Los hijos e hijas de quienes fueron ejecutados y enterrados en cunetas o fosas comunes sin nombre rondan hoy los ochenta y noventa años; sus nietos y bisnietos, con quienes también es posible confrontar el ADN de los restos exhumados, están disponibles, pero el vínculo biológico es más lejano y la identificación, más compleja. Un dato ilustra la urgencia: según el proceso de exhumación en curso, más del 35% de los restos recuperados no puede identificarse porque no existe material genético de familiares vivos con quien comparar.
El segundo anuncio es el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas para dar continuidad al trabajo de campo de las exhumaciones. Los fondos financiarán proyectos ya diseñados en cada territorio: la apertura de nuevas fosas, la ampliación de las ya intervenidas y los trabajos de investigación forense asociados. Se trata de una asignación que el Consejo Territorial viene aprobando con carácter anual desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Torres valoró el consenso alcanzado. «No ha habido ningún voto en contra», subrayó el ministro, que indicó que solo se registraron dos abstenciones.
Más de 114.000 personas aún sin localizar
La magnitud de lo que queda por hacer convierte estas medidas en urgentes. Las estimaciones de historiadores y organizaciones de víctimas cifran en más de 114.000 las personas ejecutadas durante la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en paradero desconocido. El Ministerio ha catalogado más de 2.200 fosas comunes en todo el territorio español, aunque el mapa sigue incompleto. De ellas, solo una pequeña parte ha sido intervenida: en cuatro décadas de trabajo, la ARMH y otros equipos de forenses han recuperado algo más de 9.500 cuerpos. Andalucía, con 54.000 desaparecidos en fosas comunes, concentra el mayor número de casos por resolver.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, convirtió la búsqueda e identificación de los desaparecidos en una responsabilidad activa del Estado, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que se limitaba a facilitar recursos sin imponer obligaciones directas. En marzo de 2026, el Ejecutivo constituyó la llamada Comisión de la Verdad, un grupo de 20 expertos en derechos humanos, historiadores, juristas y forenses encargado de esclarecer las violaciones cometidas durante la Guerra y la dictadura. El banco estatal de ADN, herramienta central del sistema de identificación genética, acumula ya cerca de 435.000 registros de personas que han aportado sus muestras desde distintos puntos del país.
Las abstenciones y la disputa política sobre la memoria
La sesión del Consejo Territorial de La Palma se saldó con dos abstenciones, un número menor que en reuniones anteriores del mismo órgano, donde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) —Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana— habían optado por no pronunciarse a favor. La abstención, en cualquier caso, refleja la tensión que rodea la memoria democrática en España: los gobiernos del PP en Aragón, Extremadura y Castilla y León, con apoyo de Vox, han impulsado las denominadas leyes de concordia, normas que sustituyen o debilitan las políticas autonómicas de memoria histórica, y que el Gobierno central ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.
Torres cerró la sesión valorando el clima de trabajo alcanzado en el Consejo, que describió como de «un tono educado, con propuestas, también correcciones, y finalmente con apoyo», diferenciándolo de otros órganos sectoriales donde la confrontación es más habitual. Apuntó además que el objetivo de las medidas sigue siendo «darle dignidad, justicia, verdad, reparación» a las víctimas y a sus familias. Cada identificación de restos que llega a buen término representa, para quienes han esperado décadas, el cierre de una incertidumbre que con frecuencia se ha transmitido de generación en generación sin respuesta.
