El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes avanza con normalidad según el Gobierno, pero decenas de miles de personas que ya tienen su permiso de trabajo y residencia no pueden completar el trámite porque las comisarías de policía no dan citas para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero. La imposibilidad de conseguir cita por la vía oficial ha alimentado un mercado negro de portales web que las venden por entre 50 y 200 euros, con el plazo de presentación de solicitudes cerrándose el 30 de junio.
Más de ocho semanas han transcurrido desde el inicio del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y el calendario avanza hacia el 30 de junio, cuando se cierra el plazo para la presentación de solicitudes. El Gobierno asegura que el procedimiento sigue su curso con normalidad y que ya se están concediendo resoluciones favorables en todo el territorio. Pero quienes ya tienen en sus manos ese permiso de trabajo y residencia se topan con un obstáculo inesperado en el último tramo: conseguir cita en las comisarías de policía para registrar las huellas dactilares y tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el documento que acredita físicamente la regularización. Sin esa tarjeta, el permiso existe sobre el papel pero no permite viajar fuera de España.
El atasco en las citas para la TIE se está produciendo con especial intensidad en algunas comunidades autónomas y coincide con las fechas en que muchos de los beneficiarios del proceso tendrán sus primeros días de vacaciones en años. Para personas que llevan lustros en España sin poder salir del país, la posibilidad de viajar a ver a sus familias depende de un documento que la administración no consigue entregar a tiempo. La Policía Nacional reconoce internamente la dificultad: fuentes del servicio de Documentación en Barcelona explicaron a un grupo de abogados que se reunió recientemente con ellos que están «faltos de personal» y que el problema «se enquistará aún más».
El mercado negro de citas, de 50 a 200 euros
La incapacidad del sistema para absorber la demanda ha generado de forma casi inmediata un mercado paralelo. Decenas de páginas web ofrecen citas para la TIE a precios que oscilan entre los 50 y los 200 euros, aprovechando que la administración no hace público el momento exacto en que se liberan los turnos disponibles, precisamente para evitar que esas redes fraudulentas las acaparen de forma automatizada. El Ministerio del Interior asegura que la Policía Nacional persigue estos fraudes y que se han producido operaciones para desmantelar las organizaciones dedicadas a ello, aunque se queja de falta de colaboración de la justicia en la persecución del delito.
La hondureña Wendy Reyes obtuvo su permiso el 4 de mayo pero se cansó de esperar una cita por los cauces oficiales y pagó 80 euros a uno de esos portales. «Estoy en grupos de latinos y nos vamos informando», explica. A los dos días de realizar el pago ya tenía su cita en comisaría y podrá recoger la tarjeta dentro de un mes. Con ella en la mano tiene previsto viajar a Honduras para ver a sus hijos, a quienes dejó con cinco y diez años hace un lustro. «Ir a verlos y tocarlos, eso no tiene precio. Tengo que recoger la plata y viajaré entre noviembre y diciembre», dice por teléfono desde Barcelona.
Barcelona, el epicentro del atasco
La provincia de Barcelona concentra algunos de los problemas más graves. Ya era una de las que presentaba mayores dificultades en las oficinas de Extranjería para tramitar los permisos de residencia ordinarios por arraigo, y el proceso extraordinario de regularización ha amplificado esa presión. En pocas semanas, con la sola presentación de un certificado de antecedentes penales, se han resuelto decenas de miles de expedientes que llevaban meses atascados, todos ellos a la espera ahora de la TIE. A ese volumen se suman los que están obteniendo su resolución favorable a través del proceso extraordinario, que previsiblemente superarán con creces el medio millón de personas inicialmente previsto.
Los abogados especializados en extranjería que se reunieron con el servicio de Documentación de la Policía Nacional en Barcelona no salieron con buenas noticias. Los agentes les explicaron que esperan contar con algunos interinos adicionales en plantilla a partir de agosto o septiembre y que se pagarán horas extra para paliar la situación, pero reconocieron que no confían en que el problema se resuelva con facilidad. La medida llega tarde para quienes necesitan la tarjeta antes del verano. Rosalba Soto, paraguaya con estudios de Derecho que trabaja como empleada de hogar en España, lleva cinco años sin poder salir del país y tenía previsto visitar a sus padres en julio. «He intentado obtener una cita de mil maneras y finalmente acabé pagando 50 euros», explica.
Familias separadas por un trámite pendiente
El impacto humano del atasco administrativo tiene una dimensión que los datos no reflejan del todo. Muchos de los beneficiarios del proceso de regularización llevan años sin ver a sus familias en sus países de origen, imposibilitados de viajar por carecer de documentación en regla. La TIE es el documento que abre esa puerta, y su retraso se convierte en una espera adicional que se mide en meses y en reencuentros postergados. «Es duro tener a la familia lejos», dice Soto, que insiste en que en España se siente bien tratada pero cuya prioridad es visitar a sus padres, «que ya están grandes». El permiso de residencia obtenido dura un año y luego debe renovarse, lo que añade urgencia a completar el trámite cuanto antes.
El plazo del 30 de junio para la presentación de solicitudes se mantendrá, pero la cola para obtener la TIE seguirá creciendo durante semanas. El Ministerio del Interior no ha anunciado medidas extraordinarias de refuerzo equivalentes a las que se aplicaron en las oficinas de Extranjería para agilizar la resolución de los expedientes. La solución que apunta la Policía Nacional —más interinos en otoño, horas extra— llega tarde para quien necesita la tarjeta antes de agosto. Para miles de inmigrantes que han completado todos los pasos de un proceso diseñado para regularizar su situación, el último obstáculo no es burocrático sino logístico, y nadie les da una fecha concreta para resolverlo.
