Un informe del Consejo Económico y Social, avalado por patronal y sindicatos, confirma que los trabajadores migrantes son imprescindibles para sostener las pensiones y los servicios públicos en España. El documento cifra la aportación de la inmigración al crecimiento del PIB en un 80% desde 2019 y alerta de que la desinformación está distorsionando el debate público sobre un fenómeno que el país necesita gestionar con rigor y coordinación entre administraciones.
El Consejo Económico y Social de España (CES) ha publicado el informe La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas, encargado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El documento, de casi trescientas páginas, fue aprobado por el Pleno del CES en noviembre de 2025 con el respaldo expreso de la CEOE, CC. OO. y UGT. Su publicación coincide con un momento de máxima tensión política en torno al fenómeno migratorio, con la proposición de ley de regularización de migrantes aún en tramitación parlamentaria y el debate público dominado por posiciones polarizadas.
El dato más revelador del informe es la estimación del Banco de España sobre la contribución de la inmigración al crecimiento del PIB. Entre 2019 y 2024, esta aportación ha representado el 80% del incremento del PIB, impulsada principalmente por el aumento de la población en edad de trabajar y la tasa de empleo de los extranjeros. El CES también señala que la aportación de la población migrante al PIB per cápita ha alcanzado entre el 12% y el 20%, según el criterio de cálculo aplicado.
La integración laboral de la población migrante respalda estas cifras. Según el informe, ocho de cada diez personas llegadas a España este siglo se han incorporado a la población activa, convirtiendo al país en uno de los europeos con mayor tasa de actividad de trabajadores extranjeros, por encima incluso de la población autóctona. Parte de esta dinámica se explica por la alta participación laboral de las mujeres procedentes de fuera de la UE, que ya representan el 43,2% del total de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social.
Pensiones y sostenibilidad fiscal
Los efectos de esta integración laboral son especialmente visibles en el sistema de pensiones. La creciente afiliación de trabajadores migrantes a la Seguridad Social refuerza los ingresos por cotizaciones y mejora la ratio entre cotizantes y pensionistas, un indicador clave para la sostenibilidad financiera del sistema en un contexto de envejecimiento demográfico. El informe señala que esta contribución no es anecdótica: sin la aportación de los trabajadores extranjeros, la presión sobre el sistema público de prestaciones sería notablemente mayor a medio plazo.
El balance fiscal también es positivo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inmigración generó en España un saldo fiscal favorable del 0,54% del PIB entre 2014 y 2018. Para explicar este resultado, el CES señala que «la aportación fiscal es positiva cuando se está en edad de trabajar», lo que reduce el déficit público, mientras que se vuelve negativa a partir de la jubilación, en un perfil idéntico al de la población autóctona. El gasto en servicios como sanidad, educación y pensiones está incluido en dicho cálculo.
El horizonte a medio plazo refuerza este diagnóstico. Las estimaciones del informe apuntan a que España necesitará incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral entre 2025 y 2035 para mantener su nivel productivo, en un contexto de contracción de la población activa autóctona por efecto del envejecimiento. El CES subraya que los trabajadores de origen migrante seguirán siendo fundamentales para cubrir esa demanda, especialmente en sectores que ya dependen mayoritariamente de la mano de obra extranjera, como la hostelería, la construcción y los servicios domésticos.
La vulnerabilidad que el crecimiento no resuelve
El informe no oculta las tensiones ni las brechas pendientes. El CES identifica a las mujeres migrantes como el colectivo más expuesto a una doble vulnerabilidad: la condición de ser mujer y de ser migrante se combinan para incrementar el riesgo de pobreza, exclusión social y violencia de género, agravado frecuentemente por el desconocimiento de derechos, las barreras culturales y la falta de redes de apoyo. La situación se vuelve especialmente crítica en los hogares monomarentales encabezados por mujeres extranjeras, donde la precariedad laboral y el acceso a la vivienda constituyen problemas estructurales.
El empleo informal representa otra dimensión problemática. La diferencia entre los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social sirve al CES para aproximar la magnitud del trabajo no declarado, que en muchos casos está vinculado a la falta de autorización administrativa de residencia. Esta situación no solo priva a los trabajadores de derechos laborales y protección social, sino que sustrae cotizaciones al sistema, contradiciendo en parte el efecto positivo que la integración laboral regular tiene sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad de las pensiones.
Coordinación y política migratoria integral
El CES no se limita al diagnóstico y formula propuestas concretas. Su presidente, Antón Costas, ha identificado tres ejes prioritarios: mayor coordinación entre administraciones para gestionar los flujos migratorios, con especial atención a las situaciones de irregularidad concentradas en determinados territorios; mejora de la integración social de las mujeres migrantes; y atención reforzada a la infancia y juventud de origen migrante. La insuficiente cooperación interadministrativa es, en palabras del propio Costas, uno de los factores que ha deteriorado la percepción pública del fenómeno.
El capítulo dedicado a la narrativa pública resulta especialmente relevante en el contexto político actual. El informe alerta sobre la desinformación como factor determinante en el deterioro de la percepción social de la inmigración, y precisa que «la estigmatización de la inmigración por corrientes políticas xenófobas, nativistas y nacionalistas excluyentes ha incrementado su percepción como un problema», sin que ello responda a la experiencia directa de convivencia, que el CES describe como mayoritariamente positiva. Los delitos de odio de carácter racista o xenófobo son responsables de cuatro de cada diez casos registrados por este tipo de criminalidad en España.
El consenso que respalda el informe es inédito en el debate migratorio español. El hecho de que CEOE, CC. OO. y UGT compartan un diagnóstico que avala simultáneamente la necesidad económica de la inmigración y la urgencia de una gestión más eficaz otorga al documento una legitimidad difícil de cuestionar. El CES llama a situar el debate «donde verdaderamente se encuentra»: lejos de la polarización y anclado en datos que muestran a la inmigración como elemento estructural e imprescindible del modelo económico y social español.
