Miles de personas siguen sin saber cuándo podrán abandonar Ceuta casi un mes después de la entrada masiva. La incertidumbre y la dificultad para acceder a los recursos de acogida están alimentando un mercado clandestino en el que las redes criminales cobran hasta 9.000 euros por alcanzar la Península. Las fuerzas de seguridad vigilan además la aparición de liderazgos informales entre los migrantes, algunos bajo sospecha de conexiones con actividades ilícitas.
La prolongación de la crisis migratoria de Ceuta está generando problemas que apenas existían durante las primeras jornadas. Miles de personas permanecen en la ciudad sin saber cuánto tiempo tardará en resolverse su situación, mientras los recursos habilitados por el Gobierno no consiguen absorber todavía a todos los que duermen en asentamientos improvisados o deambulan por diferentes barrios. Esa incertidumbre ha creado un terreno propicio para quienes ofrecen una salida clandestina hacia la Península. La Policía Nacional ha detenido en los últimos días a cinco presuntos integrantes de dos grupos que aprovechaban el aumento de la demanda para cobrar cantidades muy superiores a las habituales.
El negocio puede alcanzar los 9.000 euros por persona. Los viajes se realizan de noche en pequeñas embarcaciones, con frecuencia sin condiciones mínimas de seguridad. En uno de los casos investigados, siete personas pagaron hasta 8.000 euros cada una para atravesar el Estrecho en una barca de cinco metros que terminó sin combustible después de varias horas de navegación. Viajaban hacinadas, con la ropa empapada y sin chalecos salvavidas pese a que casi ninguna sabía nadar. El juez envió a prisión provisional al presunto responsable del traslado por el grave riesgo al que fueron expuestas.
Hasta 9.000 euros por cruzar el Estrecho
Una de las organizaciones investigadas operaba desde hacía tiempo entre Marruecos, Ceuta y La Línea de la Concepción. La entrada masiva de finales de julio habría ampliado considerablemente su mercado. Según las pesquisas policiales, la red disponía en Ceuta de personas encargadas de localizar a migrantes dispuestos a pagar por alcanzar clandestinamente la Península. Después eran alojados temporalmente en viviendas, garajes u otros espacios hasta que llegaba el momento de conducirlos hacia puntos poco accesibles de la costa para embarcarlos.
La operación requería una infraestructura a ambos lados del Estrecho. Las lanchas salían de la costa gaditana y navegaban hasta Ceuta para recoger a sus pasajeros, evitando las zonas sometidas a mayor vigilancia. La organización recurría a pilotos especializados en navegación rápida y maniobras evasivas, mientras otros integrantes esperaban en la Península para hacerse cargo de los recién llegados. La propia Policía vincula el encarecimiento del trayecto con la situación creada después de la avalancha. «Hay más demanda y las mafias han subido los precios», explican fuentes de la investigación.
Liderazgos bajo vigilancia, no delincuentes
La aparición de redes criminales coincide con otro fenómeno que interesa a las fuerzas de seguridad. Medios españoles que han tenido acceso a fuentes policiales aseguran que los servicios de información mantienen identificados y bajo observación a once hombres que han adquirido distintos grados de ascendencia sobre grupos de migrantes. Algunos actúan como interlocutores, organizan protestas o distribuyen recursos. Otros imparten instrucciones, intervienen en disputas o recomiendan evitar el contacto con policías y trabajadores sociales. Las autoridades consideran útil conocerlos tanto para anticipar incidentes como para disponer de interlocutores en situaciones de tensión.
La vigilancia no significa que esas personas hayan cometido delitos. Las fuentes policiales consultadas no atribuyen hasta ahora ninguno a los once identificados. Sí investigan perfiles diferentes y posibles conexiones que todavía no están demostradas. Entre ellos habría desde jóvenes que participaron en las protestas de la Generación Z en Marruecos y pudieron aprovechar la avalancha para escapar de la represión hasta dirigentes de pandillas alrededor de los cuales otros migrantes buscan protección. Algunos cabecillas cuentan incluso con pequeños grupos que transmiten sus instrucciones, circunstancia que ha despertado sospechas policiales sobre posibles vínculos con redes dedicadas a actividades ilícitas.
La vigilancia mira también hacia Marruecos
Las informaciones conocidas apuntan además a una dimensión política que las autoridades españolas observan con cautela. Al comienzo de la crisis trascendió, sin confirmación oficial, que la Guardia Civil habría detectado a varias personas que enviaban hacia Marruecos información sobre lo que ocurría en Ceuta, el estado de ánimo de los migrantes y la respuesta española. Fuentes consultadas por medios españoles sostienen también que personas vinculadas localmente al Partido de la Justicia y el Desarrollo, actualmente en la oposición marroquí, alentaron a jóvenes del norte del país a dirigirse hacia la frontera durante las horas de mayor afluencia.
Los servicios de información siguen igualmente los contactos en Ceuta y Melilla del denominado Comité de Coordinación para la Defensa de las Causas del Reino, una organización nacionalista marroquí que reivindica ambas ciudades y los territorios españoles del norte de África. El grupo, que permaneció inactivo durante años, fue reconstituido en 2025 por Yahya Yahya, antiguo parlamentario marroquí y exalcalde de Beni Enzar. Las fuentes consultadas aseguran que cuenta con activistas a ambos lados de las fronteras. Son indicios relevantes para el trabajo de inteligencia, pero no permiten atribuir a esas organizaciones la dirección de la entrada masiva ni establecer conexiones criminales sin nuevas pruebas.
El Trampolín muestra por qué el problema persiste
La playa del Trampolín resume mientras tanto el atasco que alimenta estas dinámicas. El gran dispositivo desplegado para desalojarla permitió trasladar a más de un millar de personas a los espacios habilitados en Loma Margarita y Loma Colmenar. Apenas unas horas después, cientos regresaron al arenal. Algunos buscaban sus pertenencias. Otros volvieron a instalar tiendas o permanecieron allí porque no tenían otro lugar donde pasar la noche. La difusión de rumores según los cuales estar en la playa facilitaba el acceso posterior a los centros provocó además nuevos desplazamientos hacia la zona.
La misma incertidumbre produjo colas y momentos de tensión ante Loma Colmenar. Muchos migrantes que no habían conseguido plaza acudieron al conocer que otros estaban entrando, mientras la Policía intentaba organizar el acceso de pequeños grupos. La circulación de información incompleta, rumores y expectativas se ha convertido así en otro elemento de una emergencia que ya no puede gestionarse únicamente como un problema de alojamiento. Cada día sin una perspectiva clara sobre identificación, acogida, protección internacional o retorno prolonga una situación en la que las personas más vulnerables dependen crecientemente de canales informales para orientarse.
Casi un mes después de la avalancha, el riesgo es que esa provisionalidad termine generando estructuras propias. Algunas cumplen funciones elementales de organización o protección y no tienen carácter delictivo. Otras pueden convertirse en espacios de influencia política o de control sobre grupos vulnerables. Y las redes criminales ya han demostrado su capacidad para transformar la desesperación por abandonar Ceuta en un negocio de miles de euros. A medida que se prolonga el atasco, aumenta también el margen de quienes ofrecen respuestas clandestinas allí donde las instituciones todavía no consiguen ofrecer una salida.
