Desde este lunes, Francia ha dado un paso significativo en su política de seguridad vial: superar el límite de velocidad en más de 50 kilómetros por hora deja de considerarse una infracción administrativa y pasa a tipificarse como delito penal. La medida marca un cambio de enfoque que busca responder al aumento sostenido de conductas consideradas de alto riesgo en las carreteras del país.
La nueva disposición, publicada en el Diario Oficial de la República Francesa, contempla penas de hasta tres meses de prisión, una multa máxima de 3.750 euros y la inscripción del delito en los antecedentes penales, con posibles repercusiones en distintos ámbitos de la vida civil y profesional del infractor.
Hasta ahora, este tipo de exceso de velocidad se castigaba con sanciones económicas de hasta 1.500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir, quedando reservado el ámbito penal a los casos de reincidencia. Las autoridades francesas consideran que ese marco resultaba insuficiente ante la gravedad creciente del fenómeno.
Según la Delegación Interministerial para la Seguridad Vial, el endurecimiento responde a una evolución preocupante de los comportamientos al volante. En 2024, se registraron 63.217 casos de excesos de velocidad superiores a 50 km/h, lo que supone un incremento del 69 % respecto a 2017.
La velocidad excesiva figura como la segunda causa de mortalidad en accidentes de tráfico en Francia. El pasado año, 3.190 personas perdieron la vida en las carreteras del país, una cifra que mantiene abierta la presión social y política para reforzar las políticas preventivas.
Con esta reforma, el Gobierno francés apuesta por un mensaje claro: ciertos comportamientos al volante dejan de ser simples infracciones y pasan a considerarse amenazas directas a la seguridad colectiva. El debate, ahora, se centra en si el endurecimiento penal logrará modificar de forma duradera las conductas más peligrosas.