Bolivia registra su peor brote de sarampión en la última década. El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, confirmó 74 casos positivos y más de 600 personas bajo sospecha. Santa Cruz es el epicentro, con 68 contagios, seguida de La Paz y Potosí.
El sarampión no es solo un problema médico. Es un indicador de las desigualdades en cobertura de vacunación. La enfermedad, altamente contagiosa, se había mantenido bajo control durante años gracias a campañas sostenidas. Sin embargo, la pandemia y las crisis económicas redujeron las tasas de vacunación infantil en toda la región. Bolivia no es la excepción.
Ante el brote, el Ministerio de Educación ordenó exigir el carnet de vacunación como requisito para que los estudiantes regresen a clases, sobre todo en Santa Cruz. También se exigirá para viajes de menores. Las escuelas han recibido instrucciones para permitir brigadas médicas que completen esquemas de vacunación pendientes.
Estas medidas buscan frenar la propagación, pero revelan un desafío estructural: las brechas de inmunización no son solo cuestión de logística. Reflejan barreras de acceso, desinformación, desconfianza en el sistema de salud y carencias en campañas educativas. Cada niño no vacunado es un foco potencial de contagio, no solo para su entorno escolar, sino para comunidades enteras.
El caso boliviano alerta a toda América Latina. Después de la pandemia, varios países reportan caídas en coberturas de vacunas básicas. El sarampión es la primera señal. Si no se refuerzan los programas de vacunación masiva, otras enfermedades prevenibles volverán a aparecer, con el costo humano y económico que implica.
La vacunación es un derecho, pero también un deber social. El brote de sarampión en Bolivia no es solo un problema local. Es un recordatorio regional de que la salud pública se construye con políticas sostenidas, confianza social y campañas que lleguen hasta el último rincón, sin dejar a ningún niño fuera.
