La Asamblea de Extremadura rechazó este viernes la investidura de María Guardiola en segunda votación, tras sumar Vox sus votos a los del PSOE y Unidas por Extremadura. La candidata del Partido Popular solo obtuvo el respaldo de sus 29 diputados. El bloqueo activa un plazo máximo de dos meses para alcanzar un acuerdo: si no hay investidura antes del 3 de mayo, la cámara se disuelve y se convocan nuevas elecciones.
La Asamblea de Extremadura volvió a rechazar este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, la institución que gobierna esta comunidad autónoma del suroeste de España. En la segunda votación del debate de investidura, celebrada el 6 de marzo, Vox mantuvo su voto en contra junto a los socialistas del PSOE y la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura, sumando un total de 36 votos contrarios frente a los 29 favorables que aportaron los diputados del Partido Popular (PP). Guardiola, presidenta en funciones, concluyó la sesión con la mano tendida: «Mi compromiso en el camino hacia el sí es total. Extremadura nos está esperando, señor Fernández, no la fallemos».
El resultado reproduce exactamente el de la primera votación, celebrada el miércoles 4 de marzo, cuando se requería mayoría absoluta —más de la mitad de los 65 escaños de la cámara— para la investidura. En esta segunda ronda bastaba con la mayoría simple, es decir, obtener más votos a favor que en contra. La abstención de Vox habría sido suficiente para investir a la candidata popular, pero la formación de Santiago Abascal optó por el voto negativo. El portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, justificó la postura con un argumento programático: «Si usted quiere que haya Gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que hay más del doble de Vox». Su partido, dijo, sigue dispuesto a negociar «medida a medida y propuesta a propuesta», pero no a respaldar un ejecutivo sin garantías previas.
Solo los 29 del PP
Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejaron un mapa parlamentario sin mayorías claras. El PP fue la lista más votada, con el 43% de los apoyos y 29 escaños, pero lejos de los 33 necesarios para la mayoría absoluta. Vox, por su parte, multiplicó su representación al pasar de cinco a once diputados, lo que lo convirtió en árbitro indispensable para cualquier Gobierno de centroderecha. El PSOE y Unidas por Extremadura suman los 25 escaños restantes y han mantenido su rechazo a Guardiola en ambas votaciones, sin ofrecer la abstención que la candidata reclamó expresamente en los días previos.
Guardiola también dirigió un llamamiento directo a los grupos de la oposición para que facilitaran su investidura con una abstención, argumentando que los extremeños «no entenderían que sigamos sin acuerdo». Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura rechazaron esa posibilidad. La portavoz de esta última formación, Irene de Miguel, fue especialmente contundente: pidió a Guardiola que dimitiera «con dignidad» y no esperara a que Vox la «defenestrara», y subrayó que la candidata popular no tiene «ni palabra, ni principios, ni presupuestos, ni gobierno».
La guerra entre Génova y Abascal
El enfrentamiento en torno a la investidura extremeña ha destapado una pugna más profunda entre las direcciones nacionales del PP y Vox. Fuentes del PP señalaron que el «no» de Vox «lleva días decidido» y que «probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura», sino con factores externos, en alusión a la campaña electoral en Castilla y León, donde ese mismo fin de semana se celebran elecciones autonómicas. El secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, fue más explícito en sus críticas: «Bloquearán el gobierno de centroderecha de quien ha ganado con el 43% del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes».
Abascal, que intervino ante los medios desde Castilla y León pocas horas antes de la votación, devolvió el golpe apuntando directamente a la sede nacional del PP, ubicada en la madrileña calle de Génova. «Parece que Génova 13 está más empeñada en estos momentos en construir un relato político que culpabilice a Vox de la falta de acuerdo que en esforzarse en dialogar de manera leal para construir un Gobierno de coalición», dijo el presidente de Vox. Su portavoz parlamentario en la Asamblea, Fernández Calle, fue en la misma dirección: llegó a afirmar que la dirección nacional del PP y el expresidente José María Aznar «tienen unas ganas enormes» de que Guardiola fracase. El PP negó esa lectura y reiteró que su candidata «está dispuesta a negociar» y que, si no hay acuerdo, «la responsabilidad será de Vox».
El reloj institucional
El doble rechazo en la Asamblea activa un mecanismo previsto en el Reglamento de la cámara extremeña: a partir de la primera votación fallida, celebrada el 4 de marzo, comienza a correr un plazo máximo de dos meses para que algún candidato logre la confianza de la cámara. Si el 3 de mayo no hay presidenta investida, la Asamblea queda disuelta de pleno derecho y deben convocarse nuevas elecciones autonómicas. Ese escenario, que ninguno de los dos partidos descarta ya en público, situaría a Extremadura ante unos comicios que nadie promovió y que podrían celebrarse en plena negociación presupuestaria estatal.
Vox ha condicionado cualquier acuerdo de Gobierno a la inclusión en el programa de una serie de compromisos: la continuidad de la central nuclear de Almaraz —cuyo cierre está previsto según la planificación energética nacional—, la rebaja fiscal, la protección del sector primario y medidas de prioridad para familias españolas. El PP, por su parte, asegura haber presentado ya un documento base de negociación al que Vox no ha respondido con propuestas concretas. La cuenta atrás ha comenzado y ninguno de los dos partidos ha dado aún señales de que la distancia entre ellos vaya a acortarse en el corto plazo.
