La formación de Santiago Abascal pide a Juan Jesús Vivas que abandone sus acuerdos con los socialistas y con el partido de la concejala Fatima Hamed, a cambio de sumar los trece escaños de la mayoría absoluta en la Asamblea de la ciudad autónoma. El propio Vivas y el presidente del Senado, Pedro Rollán, impulsan además una ley de devoluciones masivas que choca con las garantías del proceso de expulsión vigente y carece de cobertura legal inmediata.
La crisis de Ceuta ha abierto un frente político que desborda la gestión humanitaria. Mientras miles de migrantes permanecen hacinados en los asentamientos de la ciudad y el debate sobre su atención y su alojamiento sigue sin resolverse, la ultraderecha y la derecha han visto en el drama de El Tarajal una palanca de reconfiguración de poder. El partido ultraderechista Vox puso el domingo sobre la mesa una oferta de gobierno a Juan Jesús Vivas, presidente del Partido Popular (PP) en Ceuta, mientras el propio Vivas reclamaba junto al presidente del Senado una ley de devoluciones masivas sin precedentes en el ordenamiento jurídico español.
La maniobra llegó horas después de que Vivas hubiera endurecido sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la situación en la ciudad. El presidente de Vox en Ceuta y portavoz en la Asamblea, Juan Sergio Redondo, interpretó ese giro como una ventana de oportunidad y se apresuró a trasladar al dirigente popular una propuesta concreta: un acuerdo entre las dos formaciones que, con nueve y cuatro diputados respectivamente, sumaría los trece escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la cámara ceutí y desalojar a los socialistas del reparto de poder.
Un pacto para romper con el PSOE
Las condiciones que Vox fijó fueron más allá de la aritmética parlamentaria. Redondo exigió a Vivas que abandonara «inmediatamente» los entendimientos que los populares mantienen en la Asamblea con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y con la formación de la concejala Hamed. Añadió la renovación del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, uno de los principales centros de poder institucional y económico de Ceuta. La propuesta se formuló como un ultimátum de plazo implícito: actuar ya o perder la oportunidad que abre la crisis.
Redondo no ocultó la lectura política que subyacía a su oferta. «Si Juan Vivas ha cambiado de posición, tiene ahora la oportunidad de demostrarlo», sostuvo el dirigente de Vox, dejando entrever que consideraba las críticas del presidente ceutí al Gobierno central más un distanciamiento oportunista de Sánchez que una postura de fondo. La propuesta llega en un contexto en el que la formación fascista de Abascal lleva semanas convirtiendo la crisis de Ceuta en argumento de agitación: más fronteras, menos garantías, ninguna propuesta concreta sobre el destino de los 1.898 menores no acompañados que permanecen en la ciudad.
Una ley sin cobertura jurídica
Al margen de la maniobra de Vox, el propio Vivas impulsó el sábado en Madrid, junto a Rollán, una propuesta legislativa de mayor calado: una ley que permita la devolución inmediata de los migrantes cuando se produzca lo que el presidente ceutí denominó una «invasión o vulneración de la integridad territorial». Vivas calificó de «incomprensible» que no existiera ningún mecanismo legal para devoluciones expeditivas en esas circunstancias. Rollán respaldó la iniciativa con rotundidad: «la normalidad no se tiene que recuperar mañana, sino hoy».
La normativa vigente hace esa propuesta muy difícil de articular sin vulnerar garantías constitucionales y compromisos internacionales. Pasadas 72 horas desde la entrada irregular, debe iniciarse un proceso de determinación de identidad, nacionalidad y edad con derecho a asistencia jurídica gratuita. Ceuta carece de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y solo dispone de juzgados de lo contencioso-administrativo para tramitar los expedientes. La Administración tiene hasta seis meses para resolver; si no actúa en ese plazo, el expediente se archiva y el migrante puede prolongar su estancia en territorio español. Para los 1.898 menores filiados, el proceso es aún más exigente: requiere informes de Marruecos sobre circunstancias familiares antes de cualquier retorno.
El oportunismo del ferragosto
El PP completó su ofensiva desde distintos frentes sin que ninguno de sus dirigentes pisara Ceuta. El presidente Alberto Núñez Feijóo intervino desde X para calificar la situación de crisis «cuádruple» —migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional— y reclamar al Gobierno «sensibilidad con Ceuta». Ni Feijóo ni ninguno de sus principales dirigentes exigió responsabilidades a Marruecos en esos días, omisión que contrasta con la dureza de sus declaraciones sobre la gestión española. El vicesecretario Elías Bendodo atacó desde Tarifa: «Muchas visitas y pocas decisiones dos semanas después».
La operación de desgaste se articuló en pleno agosto, con Sánchez en la residencia oficial de Lanzarote y el PP exigiendo que interrumpiera las vacaciones para viajar a la ciudad autónoma. El partido conservador ha hecho propio el marco que proyecta Marruecos —España es incapaz de controlar su frontera— sin reclamar en ningún momento que Rabat asuma su parte de responsabilidad en el colapso del 30 de julio, cuando sus fuerzas de seguridad dejaron pasar a más de 80.000 personas ante la pasividad documentada de los agentes marroquíes. Esa omisión no ha pasado desapercibida en los ministerios concernidos ni en el cuerpo diplomático.
La suma de movimientos de la derecha y la ultraderecha dibuja una estrategia nítida: convertir la crisis de Ceuta en eje de un relato sobre la debilidad del Gobierno antes de que arranque la campaña electoral. Vox quiere fracturar los acuerdos que sostienen al PP en la ciudad; el PP quiere una legislación que legalice lo que la Constitución y los tratados internacionales no permiten hacer de forma inmediata. Mientras tanto, más de cinco mil migrantes siguen en las calles de Ceuta y los menores no acompañados acumulan semanas a la espera de un sistema de protección que aún no les ha llegado.
