El PP y Vox sellaron en Valladolid un acuerdo con más de 300 medidas para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. La ultraderecha asumirá una vicepresidencia y tres consejerías, entre ellas las competencias en inmigración y, por primera vez en los pactos de este ciclo, la cartera de Cultura. El acuerdo incluye la cláusula de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida.
El Partido Popular (PP) y Vox alcanzaron el miércoles su tercer pacto de gobierno autonómico en el actual ciclo electoral, tras los acuerdos ya firmados en Extremadura y Aragón. En Castilla y León, ambas formaciones sellaron un documento con más de 300 medidas que permitirá la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, previsiblemente la semana que viene. El líder autonómico de Vox, Carlos Pollán, asumirá la vicepresidencia primera, con rango de consejería, y su formación se hará cargo de otras dos carteras más. El acuerdo supone el retorno de la ultraderecha a un ejecutivo del que salió voluntariamente en el verano de 2024.
Las elecciones autonómicas del 15 de marzo dieron al PP 33 de los 82 escaños en juego, dos más que en 2022, mientras que Vox obtuvo 14 procuradores. Mañueco, que había aspirado a gobernar en solitario, se vio obligado a negociar con la formación de Santiago Abascal para alcanzar la mayoría necesaria. La relación entre ambos dirigentes autonómicos es descrita como cordial por fuentes de los dos partidos, y las conversaciones de las últimas semanas transcurrieron sin grandes fricciones. El acuerdo llega más de dos meses y medio después de la cita electoral, con el texto prácticamente cerrado desde días antes de su presentación pública.
La «prioridad nacional», cláusula de serie
El elemento más controvertido del pacto es la incorporación, por tercera vez consecutiva, del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas. El documento establece que «el acceso a todas las subvenciones y prestaciones se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». En materia de vivienda protegida, el texto exige un empadronamiento histórico mínimo de diez años para la compra y cinco para el alquiler. El acuerdo también recoge la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, el retorno de menores migrantes no acompañados y la eliminación de subvenciones a organizaciones no gubernamentales que apoyen a extranjeros.
El secretario general autonómico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Castilla y León, Carlos Martínez, calificó el texto de «acuerdo de la vergüenza» y alertó de que supondrá el «desmantelamiento progresivo del Estado del bienestar y del diálogo social». Martínez sostuvo que la cláusula de prioridad nacional «atiende a los postulados de la extrema derecha» que, a su juicio, asume también el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. El dirigente socialista añadió que el problema estructural de Castilla y León no es la inmigración sino la crisis demográfica, un argumento con el que situó el debate en coordenadas opuestas a las del acuerdo.
Vox suma Cultura, novedad respecto a los pactos anteriores
Las tres consejerías que asume Vox son la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales —que incluye las competencias en inmigración—, la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y la de Cultura, Turismo y Deporte. Esta última representa una novedad relevante: ni en Extremadura ni en Aragón la ultraderecha había obtenido la cartera de Cultura. El PP retiene la gestión de Medio Ambiente y Energía, y con ella el control de la lucha contra los incendios forestales, una competencia políticamente sensible en una comunidad que ha sufrido algunos de los peores episodios de fuego desde que existen registros. La fragmentación de la antigua consejería de Medio Ambiente responde precisamente a ese cálculo.
Pollán valoró el acuerdo destacando sus principales contenidos: «Está la prioridad nacional en la ayuda a la vivienda y ayudas sociales, trabajo importante de fiscalidad para familias, jóvenes y medio rural, y un plan de choque y de rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez». Mañueco, por su parte, presentó el pacto como una respuesta al mandato de las urnas: «Es un día bueno para Castilla y León, hemos alcanzado un acuerdo de Gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por las personas», afirmó ante los medios en las Cortes de Castilla y León.
El PSOE denuncia un «acuerdo de la vergüenza»
El pacto castellanoleonés tiene implicaciones que trascienden el ámbito autonómico. Es el tercer acuerdo de este tipo que el PP suscribe con Vox en la presente legislatura, y consolida un patrón de gobierno compartido con la ultraderecha que el Partido Popular nacional trata de disociar de su estrategia de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Para el PP, cada acuerdo autonómico con Vox refuerza su capacidad de gobernar con mayorías suficientes; para sus adversarios, cada pacto constituye un argumento adicional sobre la deriva de la formación conservadora hacia posiciones de extrema derecha.
El texto incluye además un compromiso para aprobar una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria democrática, una propuesta que ya figuraba en el pacto de 2022 pero no llegó a aprobarse en la legislatura anterior. Ambos partidos se comprometieron también a rechazar la bilateralidad y la condonación de deuda en el modelo de financiación autonómica, en referencia velada al tratamiento singular de Cataluña. El nuevo gobierno de once consejerías deberá además elaborar presupuestos anuales con el apoyo de Vox, cuyo primer ejercicio está previsto para 2027, lo que otorga a la ultraderecha una palanca de presión sostenida durante toda la legislatura.
