El partido de Abascal boicotea la reunión de hoy con las comunidades autónomas y prepara una impugnación judicial expediente a expediente, con el argumento de que distribuir a los menores por la Península dificultaría su repatriación.
Vox no piensa facilitar el reparto de los menores no acompañados llegados a Ceuta el 30 de julio. Lo ha dicho públicamente, lo ha comunicado por escrito a la ministra de Infancia, Sira Rego, y lo está convirtiendo en una estrategia política y judicial que sus dirigentes no ocultan ni disimulan. Sus cuatro vicepresidentes autonómicos —en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— han remitido cartas a Rego instando al Ejecutivo a «abstenerse de ejecutar el traslado, o siquiera de comenzar a prepararlo». Y la formación de Santiago Abascal se ha reservado el derecho a impugnar judicialmente, uno a uno, los expedientes de los menores que eventualmente sean asignados a sus territorios. Fuentes de la formación aseguran tener su veto «muy armado jurídicamente».
La señal más visible de esa estrategia fue el plantón de hoy. Mientras los consejeros autonómicos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular acudían a la reunión técnica convocada por el secretario de Estado Rubén Pérez para preparar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, los representantes de Vox brillaron por su ausencia. La ausencia no es solo un gesto de rechazo: es la demostración de que la ultraderecha ha decidido que esta crisis le resulta más útil como campo de batalla que como problema a resolver. Cada menor distribuido por la Península es, en la lógica de Abascal, una oportunidad para agitar el discurso del «invasor» y mantener encendida la mecha del conflicto con el Gobierno.
La estrategia del expediente a expediente
La clave de la táctica de Vox no está en el rechazo frontal al reparto —eso lo comparte, con matices, el Partido Popular— sino en el método elegido para obstaculizarlo. La formación ultra ha identificado el eslabón más débil del proceso: los expedientes individualizados que la ley obliga a completar antes de trasladar a cada menor. Esos expedientes incluyen pruebas médicas como la radiografía de la muñeca para determinar la edad, y deben ser remitidos a las comunidades antes de que se produzca la asignación. Vox se reserva el derecho a impugnar judicialmente aquellos que «tengan que resolverse eventualmente» y que, según el criterio de los de Abascal, deberían resolverse siempre con una devolución al país de origen del menor, que no siempre es Marruecos.
Se trata de la misma maniobra que Vox ejecutó hace dos años cuando la crisis de los menores no acompañados en Canarias provocó una ruptura unilateral por parte de la ultraderecha de todos los gobiernos de coalición que apenas un año antes había constituido con el Partido Popular. En aquella ocasión, Abascal hizo saltar los pactos autonómicos con los populares por negarse a aceptar el reparto. Ahora la ruptura de coaliciones ya se ha producido en varios territorios por otras causas, de modo que Vox ha optado por la vía judicial como instrumento principal, complementada con el boicot institucional y la presión mediática.
El argumento jurídico de Vox
El razonamiento legal que Vox pretende hacer valer ante los tribunales descansa en dos pilares. El primero es competencial: la formación ultranacionalista argumenta que la gestión de fronteras y extranjería corresponde al Gobierno central y que, al iniciar el proceso de reparto, el Ejecutivo estaría trasladando esa responsabilidad a las comunidades autónomas sin su consentimiento. El segundo es de fondo político: Vox califica la avalancha migratoria del 30 de julio como un acto de «guerra híbrida» por parte del régimen de Mohamed VI, lo que convierte, según su lógica, cualquier medida que no sea la devolución inmediata en una «colaboración con el invasor».
Ninguno de esos argumentos tiene solidez jurídica evidente. El reparto de menores entre comunidades autónomas es un mecanismo previsto en la legislación española y ha sido aplicado en situaciones anteriores, incluida la crisis de Canarias. La calificación de la crisis como «guerra híbrida» es una construcción política sin respaldo en el derecho internacional que los tribunales difícilmente acogerán como fundamento para paralizar un procedimiento administrativo. Pero Vox no busca ganar en los tribunales: busca retrasar, desgastar y mantener el conflicto vivo en la agenda pública el mayor tiempo posible, que es exactamente lo que consiguió en Canarias.
La fractura en la derecha
La posición de Vox no es idéntica a la del Partido Popular, aunque ambos partidos coincidan en pedir que los menores sean devueltos a Marruecos. El PP acepta un reparto solidario entre comunidades autónomas —aunque discrepa de las cuotas fijadas por el Gobierno— y no comparte la táctica del boicot institucional. Los presidentes populares que desde este año vuelven a gobernar con vicepresidentes de Vox —María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y Juan Manuel Moreno en Andalucía— se encuentran en una posición incómoda: no pueden ignorar la posición de su socio de gobierno, pero tampoco pueden permitirse ser arrastrados por ella sin coste político.
La reunión de hoy, que los representantes del PP sí han aceptado, servirá presumiblemente para aprobar la ayuda económica de 25 millones de euros del Gobierno central a Ceuta. Uno de los barones populares más influyentes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ya había adelantado esta semana que su partido daría el visto bueno a esa ayuda. Es un gesto de colaboración institucional que el PP necesita para no aparecer ante la opinión pública como un obstáculo a la gestión humanitaria de la crisis, mientras reserva sus críticas más duras para la política de acogida y el procedimiento de reparto. Vox, sin esos cálculos de imagen que hacer, puede permitirse el rechazo total. Y lo aprovecha.
