El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha cerrado con Vox el acuerdo para los presupuestos de la Generalitat de 2026. El pacto incluye la llamada prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, una reducción fiscal y medidas de vivienda. Será la primera vez que esta preferencia por los ciudadanos españoles sobre los extranjeros se plasme en unas cuentas autonómicas con partidas concretas, y no como simple condición de investidura.
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, del Partido Popular (PP), ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Vox que convierte a la Comunidad Valenciana en el primer territorio español donde la denominada prioridad nacional se incorpora a unas cuentas públicas con partidas y números concretos. El pacto fue anunciado por el síndic de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, encargado de dar a conocer los términos del acuerdo. El objetivo es que los presupuestos se aprueben en el pleno del Ejecutivo autonómico este viernes y se ratifiquen en las Corts Valencianes durante la semana del 21 al 24 de julio.
El acuerdo cierra semanas de negociación entre ambas formaciones y da a Pérez Llorca unas cuentas propias después de prorrogar los presupuestos anteriores. La Comunidad Valenciana arrastra el peso institucional de la gestión de la dana de 2024 y la salida forzada de Carlos Mazón de la presidencia, lo que convierte la aprobación de un presupuesto en una señal de estabilidad que el actual president necesita proyectar de cara a su posicionamiento interno dentro del PP de cara a 2027. En el entorno del Consell consideran que lograr unas cuentas propias demuestra que el PP puede gobernar con Vox sin caer en la parálisis institucional registrada en otros territorios.
Qué incluye el acuerdo PP-Vox
Los tres pilares del pacto son la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, una reducción de la fiscalidad y un paquete de medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda. PP y Vox no han detallado aún cómo se redactará la cláusula de prioridad nacional en el articulado presupuestario, pero Llanos no dejó margen para la ambigüedad al explicar el contenido del acuerdo: «Prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en las ayudas sociales y de acceso a la vivienda». La formulación es idéntica a la que Vox ha empleado en otros gobiernos autonómicos donde ha condicionado su apoyo parlamentario al PP.
El acuerdo también incorpora recortes a patronal y sindicatos y abre la posibilidad de un nuevo tijeretazo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, organismo que vela por la normalización del valenciano. Llanos subrayó que el pacto «no es nada diferente a lo acordado en Extremadura y Aragón», en referencia a los acuerdos que el PP firmó con la ultraderecha en esas comunidades para garantizarse su apoyo parlamentario. Sin embargo, el propio síndic reconoció el matiz diferencial: en los casos anteriores, la prioridad nacional se incluyó como condición de investidura; en Valencia, se plasmará por primera vez en un presupuesto con dotación económica específica.
La prioridad nacional: de investidura a presupuesto
El salto cualitativo que representa el acuerdo valenciano reside precisamente en ese detalle. Que la prioridad nacional figure en un presupuesto implica que deja de ser una declaración política para convertirse en un criterio de asignación de recursos públicos. La medida establece una preferencia de los ciudadanos españoles sobre los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas sociales y de vivienda financiadas con fondos autonómicos, lo que plantea interrogantes jurídicos sobre su compatibilidad con el marco europeo de derechos fundamentales y con la legislación española en materia de igualdad de trato.
La oposición de izquierdas en las Corts Valencianes ya prepara una ofensiva parlamentaria y social contra esta cláusula. El argumento central de esa ofensiva es que la prioridad nacional abre la puerta a discriminar a personas migrantes en el acceso a derechos básicos financiados con recursos públicos, una práctica que los grupos de izquierda consideran contraria a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. La batalla jurídica y política en torno a esta cuestión se prevé intensa durante el proceso de aprobación de las cuentas en las Corts.
El coste político y la ofensiva de la izquierda
En el entorno de Pérez Llorca asumen que el coste político del acuerdo puede ser elevado, pero lo consideran asumible frente al beneficio de disponer de un presupuesto propio. La lectura interna del PP valenciano es que la estabilidad demostrada y la capacidad de Pérez Llorca para llegar a acuerdos con Vox refuerzan su figura ante la dirección nacional del partido en la calle Génova, donde las dudas sobre su liderazgo no han desaparecido desde la crisis posterior a la dana. Dos años antes de las elecciones autonómicas de 2027, contar con unas cuentas propias aprobadas es un activo político que el president valenciano necesitaba.
El acuerdo valenciano se produce en un contexto en que el PP gestiona gobiernos autonómicos en coalición o con el apoyo parlamentario de Vox en varias comunidades. En cada uno de esos territorios, la formación de Santiago Abascal ha exigido contrapartidas que van desde recortes en políticas de igualdad hasta medidas simbólicas de afirmación identitaria. La prioridad nacional en un presupuesto representa el paso más concreto dado hasta ahora en esa dirección, y convierte a Valencia en el laboratorio donde esa política se somete por primera vez a la prueba de la ejecución presupuestaria real.
