Santiago Abascal y Manuel Gavira celebraron la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía y anunciaron el pliego de condiciones que impondrán a Juanma Moreno para la investidura. La formación de extrema derecha exige la «prioridad nacional» en el acceso a prestaciones, el rechazo al Pacto Verde europeo, una bajada de impuestos y medidas contra la inmigración irregular. Moreno había rechazado ese concepto como un «eslogan vacío» sin respaldo jurídico durante toda la campaña.
La noche del 17 de mayo deparó en Andalucía una imagen que Vox llevaba meses esperando: la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP). Santiago Abascal celebró el resultado desde la sede del partido en Madrid con una frase que encerraba la lectura de la formación de extrema derecha: «Por cuarta vez Vox es decisivo en unas elecciones regionales celebradas en España». Con 15 escaños y el 13,82% de los sufragios, apenas una décima más que hace cuatro años, la formación de Abascal recupera las llaves de San Telmo y la capacidad de condicionar la investidura de Juanma Moreno.
La aritmética es sencilla. Moreno obtuvo 53 escaños, dos menos de los 55 que fija la mayoría absoluta. Con los 15 diputados de Vox, el bloque conservador suma 68 representantes, suficientes para cualquier investidura. Sin Vox, el presidente en funciones no puede ser reelegido. La formación de Abascal lo sabe y lo exhibe. En la sede donde celebró la noche electoral en Sevilla, los asistentes coreaban «¿dónde está la mayoría?», en alusión al objetivo del PP, mientras cantaban «prioridad nacional», la canción de campaña de los ultranacionalistas. Ningún escenario alternativo de gobierno fue discutido por ninguna fuerza política esa noche.
El pliego de condiciones
Las demandas de Vox se concretaron durante la noche electoral en un listado articulado por Abascal y por Manuel Gavira, el candidato de la formación en Andalucía. La primera y más urgente es la «prioridad nacional», definida por la formación como la preferencia de los españoles sobre los extranjeros en el acceso a vivienda protegida, guarderías y otras prestaciones. Abascal anunció también que exigirá «la eliminación de la Administración paralela heredada de anteriores gobiernos socialistas», el rechazo al Pacto Verde europeo, una bajada de impuestos y medidas para la expulsión de inmigrantes en situación irregular, incluidos los menores extranjeros no acompañados.
Gavira fue explícito sobre las consecuencias de un eventual rechazo de sus condiciones. La formación no se abstendrá en la votación de investidura ni cederá los dos escaños que Moreno necesita sin contrapartidas de peso. «Vamos a estar a la altura y vamos a defender cada uno de los votos», advirtió el candidato, que abrió además la posibilidad de exigir entrada en el ejecutivo de coalición. Abascal añadió que las instituciones andaluzas deberán ponerse a combatir al Gobierno de Pedro Sánchez con vistas a las generales de 2027, convirtiendo Andalucía en palanca de la estrategia nacional de su partido.
El antecedente de 2018
No es la primera vez que Moreno necesita a Vox. En diciembre de 2018, cuando la formación irrumpió por primera vez en un parlamento autonómico con doce escaños, el presidente —que gobernaba entonces con Ciudadanos pero requería el visto bueno de la ultraderecha— consiguió la investidura con la abstención de los ultranacionalistas. El precio fue un acuerdo que incluyó concesiones en materia de inmigración, memoria histórica y políticas de género. Ocho años después, Vox llega a la negociación con cuatro acuerdos autonómicos como precedente y con un pliego de condiciones más ambicioso que el de entonces.
La posición de Moreno ante ese pliego es más incómoda que en 2018. Durante toda la campaña del 17-M, el presidente andaluz había subrayado que no quería depender de la ultraderecha y había calificado la «prioridad nacional» de «eslogan vacío que carece de respaldo jurídico y solo fomenta la polarización». Esas palabras contrastan ahora con la necesidad de llegar a un acuerdo con una formación que ha hecho de esa medida la condición innegociable de cualquier investidura. La imagen de moderación que Moreno ha cultivado durante dos legislaturas se somete a su mayor prueba desde que llegó al poder.
El dilema de Feijóo
Las consecuencias del resultado andaluz no se limitan a San Telmo. Moreno era el referente que Alberto Núñez Feijóo había presentado como prueba de que el PP puede gobernar con autonomía, sin ceder a las exigencias de la ultraderecha. La pérdida de la mayoría absoluta del dirigente más identificado con la moderación del partido elimina ese argumento y deja al líder nacional ante las generales de 2027 con un PP cuya dependencia de Vox ya no admite excepciones territoriales. El modelo andaluz, que Feijóo invocó como referencia en varios mítines de la campaña, ha caído.
El calendario sitúa ahora a Moreno ante semanas de negociación cuyo desenlace tendrá lectura nacional. Si acepta la prioridad nacional, consolida el patrón de dependencia establecido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y alimenta el relato del Partido Socialista Obrero Español sobre un PP rehén de la ultraderecha. Si la rechaza y busca una fórmula de abstención más laxa, deberá explicar cómo evita que Vox dinamite la investidura desde la oposición. En ninguno de los dos escenarios le resulta sencillo preservar la imagen de autonomía respecto a Abascal que ha sustentado su proyecto político durante ocho años.
