La formación de Santiago Abascal entra en la negociación andaluza desde la posición institucional más sólida de su historia autonómica. Tras forzar su entrada en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León pese a la resistencia inicial del Partido Popular en cada caso, la formación ultra replica en Andalucía el mismo método: acordar programa antes que cargos, con la conformación de gobierno como palanca. El secretario general Manuel Gavira abrió la partida con una advertencia sin ambigüedad: «No regalaremos la investidura».
Los 15 escaños que Vox obtuvo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo son, en términos aritméticos, la llave de la investidura de Juan Manuel Moreno. En términos políticos, son también el resultado de una estrategia autonómica que la formación de Santiago Abascal ha perfeccionado en tres comunidades y que llega a Andalucía en su versión más consolidada. La formación ultraderechista no negocia ya desde la periferia del tablero: lo hace desde tres despachos de gobierno —en Extremadura, Aragón y Castilla y León— que le otorgan un músculo institucional sin precedentes en su historia y que sus negociadores no dudarán en proyectar sobre la mesa andaluza.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, fijó de entrada el tono de lo que viene. Descartó que la prioridad nacional —una política de acceso preferente de ciudadanos españoles a ayudas y servicios públicos— fuera a suponer ningún obstáculo en la negociación, recordando que «la han aceptado todos los líderes del PP» con los que la formación ha alcanzado acuerdos. El candidato andaluz, Manuel Gavira, fue más directo ante la prensa: «No regalaremos la investidura» y «tenemos la llave», avisó, desactivando de entrada cualquier escenario en que Moreno pudiera recibir el apoyo de Vox sin contrapartidas explícitas.
El método
El patrón que Vox ha aplicado en cada negociación autonómica sigue una secuencia reconocible: resistencia inicial del PP a compartir gobierno, insistencia de Vox en que el programa debe cerrrarse antes que el reparto de cargos, y desenlace con coalición. En Extremadura, María Guardiola llegó a las elecciones de 2023 descartando públicamente sentar a Vox en su ejecutivo. Semanas después firmaba un acuerdo de coalición que otorgaba a la formación la consejería de Agricultura y Desregulación. En Aragón, Jorge Azcón siguió un camino similar. En Castilla y León, la negociación se alarga, pero las fuentes de ambas partes dan por hecho un desenlace equivalente.
La clave del método no es la confrontación, sino la secuencia. Vox evita exigir cargos en la primera fase porque sabe que esa demanda activa el rechazo público del PP y complica el acuerdo. En cambio, fija un programa que solo resulta ejecutable desde dentro del gobierno. Las tres prioridades que Gavira ha enunciado para Andalucía —«defender a nuestro campo», «combatir el despilfarro político» y «combatir la inmigración masiva»— coinciden exactamente con las competencias de las consejerías que la formación ha ocupado en otras comunidades. El guion está escrito; solo falta firmarlo.
La llave del 11 de junio
El primer punto de presión llega antes incluso de la investidura. El 11 de junio debe constituirse la Mesa del Parlamento andaluz, órgano cuyo control resulta decisivo en una legislatura que se prevé más convulsa que la anterior por la ausencia de mayoría absoluta del PP. Fuentes de Vox han avisado de que aspiran a «una representación acorde con su peso parlamentario, no con su resultado», en referencia a la posibilidad de reclamar más sillones en la mesa de los que le corresponderían por escaños. En 2022, con mayoría absoluta, el PP cedió voluntariamente un puesto de la mesa a Vox. Sin ese colchón, la negociación sobre ese órgano se convierte en el primer ensayo de fuerza de la legislatura.
Si ambas formaciones llegan al 11 de junio sin acuerdo, cada partido se vota a sí mismo en la sesión constitutiva, lo que dejaría al PP con cinco puestos, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con dos y forzaría cesiones para que el resto de grupos tuviera representación. La experiencia de Extremadura y Aragón, donde se llegó a esa sesión sin pacto, muestra que el desacuerdo en la mesa no bloquea la investidura posterior, pero genera un clima de inicio de legislatura que ninguna de las partes considera conveniente. Vox lo sabe y lo usa.
La lectura de Génova
El resultado del 17 de mayo ha reavivado el debate en el seno del PP sobre la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales de 2027. El modelo Moreno —gobierno transversal de centroderecha que absorbe voto de centro sin depender estructuralmente de la ultraderecha— era el argumento central del ala moderada del partido. La pérdida de la mayoría absoluta erosiona ese argumento y da oxígeno a quienes defienden que la vía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es más eficaz para recuperar La Moncloa.
Feijóo interpretó el domingo el resultado andaluz como el arranque de su precampaña nacional: «La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy», declaró. La frase, destinada al escenario de 2027, no resuelve la tensión interna sobre cómo gestionar la dependencia de Vox sin que el precio de ese apoyo condicione la imagen del partido ante el electorado de centro. Cada consejería que Vox obtenga en Andalucía será, para esa parte del electorado, un argumento en manos del PSOE. Moreno lo sabe. Vox también. Y esa asimetría es, precisamente, la palanca que la formación de Abascal tiene intención de utilizar hasta el final de la negociación.
