Las dos grandes centrales convocarán un paro de 24 horas antes de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre. Las empujan las movilizaciones del fin de semana y el rechazo de PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda del Gobierno. La CEOE y José María Aznar cuestionan su legitimidad, mientras los sindicatos invocan la jurisprudencia que avala las huelgas de motivación mixta.
Lo que empezó con el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid ha desembocado en la primera huelga general respaldada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) desde 2012. Los órganos directivos de ambas centrales decidieron convocar un paro de 24 horas por «el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla». La fecha aún no está fijada, pero será antes del 13 de noviembre. Ese día arranca la campaña de las elecciones generales que Pedro Sánchez ha convocado para el día 29, y fuentes sindicales apuntan a principios de mes.
La convocatoria podría adoptar un formato híbrido. Incluiría paros parciales por sectores o territorios bajo el paraguas legal de la jornada de 24 horas. «Está todo abierto y por decidir», admiten fuentes sindicales. Será además la primera huelga general de la historia del país en precampaña, y la primera de las grandes centrales bajo la presidencia de Sánchez. El detonante inmediato fue la votación del viernes en el Congreso. Allí la mayoría de PP, Vox y Junts tumbó la convalidación de los dos decretos con los que el Gobierno pretendía aliviar la crisis de acceso a la vivienda.
La presión llegó desde la calle
Tras aquella votación, UGT y CC.OO. llamaron a llenar las calles durante el fin de semana. Su plan inicial pasaba por repetir el guion de octubre de 2025. Entonces varios sindicatos minoritarios secundaron una huelga general por la masacre de Israel en Palestina, y las dos grandes centrales se limitaron a paros parciales. Esta vez el clamor de las manifestaciones del sábado, en las que miles de personas reclamaron un paro general en toda España, alteró el cálculo. El domingo se sumó la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyo secretario general, Miguel Fadrique, se impuso por un margen muy estrecho en la votación de su XX Congreso.
El Sindicato de Inquilinas, impulsor de la protesta, elevó entonces la presión. «Se va a conseguir que ellos vengan», advirtió en alusión a las centrales mayoritarias, aunque estas aseguran que ya tenían la decisión tomada. Ayer marcharon por la vivienda en Barcelona entre 20.000 personas, según la Guardia Urbana, y 120.000, según los organizadores. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, llamó a «paralizar el país» y señaló como adversario a «la élite política y económica». Los Mossos d’Esquadra realizaron algunas cargas y varios activistas quemaron una decena de contenedores.
Un conflicto laboral, según los sindicatos
La patronal discute la legalidad del paro. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, sostuvo el sábado en O Grove (Pontevedra) que una huelga por la vivienda «no está dentro de un conflicto laboral». Los empresarios, añadió, no tienen nada que decir sobre quien quiera manifestarse, pero la huelga está regulada por ley. Su argumento descansa en que en España no existen las huelgas políticas. Solo los sindicatos pueden convocarlas, y únicamente por motivos laborales.
Las centrales rechazan esa lectura. Recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo considera ilegales las huelgas de carácter solo político, pero admite las de naturaleza mixta, con motivación o repercusión laboral. Su tesis es que el precio de la vivienda ya condiciona la vida de los trabajadores. Por eso exigen que pese en la negociación de las subidas salariales, junto a la inflación y los resultados empresariales. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, enmarcó la convocatoria en su propuesta para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado hace nueve meses. Esa propuesta incluía alzas de entre el 4% y el 7% y cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda.
Fuentes del Ministerio de Trabajo expresaron su «absoluto respeto» al derecho de huelga. Describieron la vivienda como un problema esencialmente de los trabajadores, lo que a su juicio inscribe el paro en el ejercicio normal de un derecho constitucional. Los sindicatos, además, no dirigen su protesta solo al Ejecutivo central. Interpelan también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos con competencias en la materia. Reclaman asimismo a las organizaciones empresariales que asuman que los salarios deben garantizar el acceso a un bien básico.
Aznar y la «huelga contra la oposición»
La derecha ha recibido el anuncio con hostilidad. El expresidente José María Aznar lo despachó en Sevilla con una pregunta retórica, durante unas jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte. «¿Una huelga general contra quién? Contra la oposición», ironizó. Aznar cuestionó también que se pida a los propietarios poner sus viviendas en alquiler, y defendió liberar suelo y construir vivienda social. En el mismo acto proclamó que, si la coalición actual volviera a gobernar, «el sistema constitucional y la Monarquía se terminarían».
El planteamiento de Aznar no se corresponde con la convocatoria. Esta no apunta a la oposición, sino a los gobiernos de todos los niveles y a la patronal, aunque su origen inmediato está en el voto de PP, Vox y Junts contra los decretos. Los sindicatos afrontan ahora el reto que el propio Álvarez reconocía este fin de semana. Convocar una huelga general es fácil, y lo difícil es que salga bien. Unai Sordo, secretario general de CC.OO., ya ha avisado de que la central «mantendrá la movilización». La vivienda llega así a la campaña convertida en conflicto laboral.
