La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los ministros de la coalición lanzaron este lunes un llamamiento a la movilización social para defender el Real Decreto 8/2026, que congela las actualizaciones de alquiler y prorroga contratos hasta finales de 2027. Con el rechazo ya anunciado de PP, Vox y Junts, el Gobierno dispone de 30 días para intentar revertir la situación antes de que la norma decaiga en el Congreso de los Diputados.
Sumar activó este lunes una doble estrategia de presión —en las instituciones y en las calles— para tratar de salvar el decreto de vivienda aprobado el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidió en el Congreso de los Diputados una reunión del espacio político en la que participaron los ministros de la coalición y representantes de los distintos partidos que la integran. El objetivo declarado fue fijar la estrategia de las próximas semanas ante un decreto cuya convalidación parlamentaria se antoja, a día de hoy, sin mayoría suficiente.
«Hay que movilizar a todo el mundo», subrayó Díaz en la reunión, convocando a sindicatos de inquilinos, organizaciones ecologistas, feministas y a cualquier fuerza política dispuesta a respaldar la medida. La vicepresidenta enmarcó el problema de la vivienda como la principal fuente de desigualdad en España, y rechazó que el asunto pueda entenderse como una cuestión ideológica sectorial: «Es el principal problema para los votantes de Sumar, del PSOE, del PP, de ERC, del BNG. De todas las formaciones políticas». Con ese argumento, los ministros de la coalición buscaron ampliar el perímetro político de una medida que, hasta el momento, carece de apoyos suficientes.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, fue más concreto en su llamamiento. En una entrevista concedida a La Hora de la 1 de RTVE, el titular convocó a articular «la mayor movilización social posible» durante el mes de margen disponible para presionar a los grupos parlamentarios antes de la votación de convalidación. «Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente», señaló Bustinduy, quien dijo ser «optimista» sobre las posibilidades de que el decreto logre finalmente el respaldo necesario.
El contenido del decreto y el plazo de 30 días
El Real Decreto 8/2026, publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es el resultado de las tensas negociaciones entre el PSOE y Sumar que retrasaron más de dos horas el inicio del Consejo de Ministros extraordinario del viernes. El Gobierno había preparado inicialmente un paquete de medidas anticrisis vinculado a las consecuencias económicas de la guerra de Irán, en el que la vivienda no figuraba. La negativa de los cinco ministros de Sumar a participar en la reunión hasta que sus exigencias fueran atendidas forzó la aprobación de este segundo decreto, separado del plan anticrisis principal.
La norma contempla dos medidas de alcance. La primera es la prórroga extraordinaria de todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya finalización esté prevista entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, con una extensión de hasta dos años en las mismas condiciones contractuales. La segunda es una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta, fijada en el 2%, aunque en el caso de arrendadores que no sean considerados «gran tenedor» la actualización requerirá acuerdo entre las partes. Según datos del propio Gobierno, la norma podría beneficiar a 2,7 millones de personas cuyos contratos vencen en ese período.
Todo real decreto ley, conforme a la Constitución española, debe ser sometido a la votación de convalidación en el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE. Hasta que esa votación se celebre, la norma permanece plenamente en vigor. El Gobierno prevé llevar la convalidación al Pleno en «el último día» posible, lo que amplía el período de aplicación efectiva antes de cualquier eventual rechazo parlamentario.
Díaz interpela a inquilinos y organizaciones sociales
La vicepresidenta aprovechó la ventana de vigencia provisional del decreto para dirigirse directamente a los ciudadanos que puedan acogerse a la prórroga. En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Díaz instó a los inquilinos en esa situación a solicitar formalmente a sus arrendadores la extensión del contrato mientras la norma siga en vigor: «Le pido a la ciudadanía que está en estas condiciones que inste la prórroga». El argumento que empleó fue de orden económico: sin la cobertura del decreto, los contratos podrían experimentar actualizaciones de entre el 20% y el 50% en función del mercado local, frente al límite del 2% que la norma establece.
En paralelo, Díaz dirigió sus críticas más duras hacia las tres formaciones que han anticipado su voto en contra: el Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya. La vicepresidenta calificó el posicionamiento conjunto de estas fuerzas de «clasista y racista», y advirtió de que rechazar la convalidación «no les va a salir gratis» de cara a la opinión pública. «Que después las tres derechas lo quieran tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro», afirmó. Sumar asumió así un cálculo abiertamente electoral, presentando la defensa del decreto como una batalla política de largo recorrido incluso en el escenario de derrota parlamentaria.
La aritmética parlamentaria y el cálculo electoral de Sumar
El escenario al que se enfrenta el decreto es adverso. PP, Vox y Junts han anticipado su rechazo a la norma, argumentando que perjudica a los pequeños propietarios y desincentiva la oferta de alquiler en el mercado. Ese bloque, sumado, dispone de votos suficientes para impedir la convalidación. El Gobierno necesitaría sumar al menos parte del apoyo de Junts o de algún otro grupo parlamentario que hasta ahora no ha mostrado disposición a respaldar la medida en los términos actuales. La dependencia de Junts, que en otras ocasiones ha condicionado su apoyo a contraprestaciones de carácter político vinculadas a la política catalana, añade una variable de difícil gestión al cálculo gubernamental.
Desde Sumar, no obstante, la posible derrota en la convalidación es presentada no como un fracaso sino como un activo político de cara a los próximos comicios. La coalición sitúa la vivienda como el eje central de su discurso para las elecciones generales y como el terreno en el que quiere marcar diferencias tanto con la derecha como con sus propios socios de Gobierno. El llamamiento a la movilización social busca, en esa lógica, convertir la eventual caída del decreto en una palanca de presión sobre el conjunto del tablero parlamentario y en un argumento de campaña que conecte directamente con los sectores de la población más afectados por el encarecimiento del alquiler en las grandes ciudades españolas.
