La coalición evita un nuevo plantón en el Consejo de Ministros a cambio de partir la reforma en dos decretos. Uno busca los votos de PNV y Junts. El otro recoge las exigencias con las que Sumar condicionaba su apoyo, como la renovación automática de los alquileres. La presión del Sindicato de Inquilinas desde la Puerta del Sol ha pesado tanto como la negociación en los despachos.
El Gobierno de coalición evitó este martes un nuevo plante en el Consejo de Ministros, pero el acuerdo exigió partir la reforma en dos. La reunión empezó una hora más tarde de lo previsto por las diferencias entre Sumar y PSOE, y de ella salieron dos reales decretos. Uno reúne las medidas que pueden obtener el apoyo del PNV y de Junts en el Congreso, y el otro las que Sumar consideraba imprescindibles para aprobar el paquete. El PSOE ya contemplaba esa fórmula la víspera como vía de escape para salvar lo pactado.
Sumar llegó a la reunión con la amenaza de repetir el plante de la primavera. Entonces consideró poco ambicioso el decreto de vivienda, logró ampliarlo a base de presión y vio cómo decaía un mes después por falta de apoyos en el Congreso. Esta vez, fuentes del espacio advertían de que no validarían un texto que no estuviera «a la altura del momento», y algunos sectores llegaron a cuestionar su continuidad en el Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, animó incluso a protestar contra el Ejecutivo del que forma parte. «Que se movilicen mucho y más», insistió.
Lo que gana Sumar
El choque se concentraba en tres frentes, que eran la duración del escudo antidesahucios, el alquiler por habitaciones y los contratos sin fecha de caducidad. El PSOE temía que llevar la protección más allá de 2028 le hiciera perder a Junts y al PNV. Sumar pretendía una medida permanente, que era la idea inicial cuando el decreto se planteó en julio. El resultado final sitúa el blindaje en 2030, dos años más de lo que recogía el último borrador y una década después de que empezaran las prórrogas sucesivas de la pandemia.
La renovación automática era la línea roja del movimiento inquilino. «Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres», proclamó el domingo desde Sol Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los socialistas la habían rechazado con el argumento de que reduciría la oferta y encarecería los precios. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a sostener que en Alemania este modelo «tampoco ha resuelto gran cosa». La medida entra ahora en la agenda, aunque en el decreto con peores expectativas parlamentarias.
Lo que se queda fuera
La expropiación, la reclamación más ambiciosa de Sumar y de Podemos, no figura en ninguno de los dos textos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había descartado expropiar el piso de Maricarmen por falta de encaje constitucional. Puente fue más allá y calculó que actuar sobre las 650.000 viviendas que propone Podemos costaría entre 65.000 y 130.000 millones de euros en indemnizaciones, una operación que calificó de «económicamente inviable». La propuesta de Sumar de expropiar cuando el inquilino tenga más de 70 años y lleve 15 en la vivienda corrió la misma suerte.
Tampoco prosperó la congelación de las rentas que pedían los socios de izquierda, sustituida por un tope del 2% en las actualizaciones. La reforma de la Ley del Suelo, que PNV y Junts reclamaban para agilizar la construcción, salió del texto porque Podemos la había marcado como línea roja. Esta renuncia ilustra el equilibrio imposible que ha intentado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Cada concesión a un flanco de la mayoría de investidura ha tenido un coste en el otro.
La calle como tercer negociador
Nada de esto se entiende sin la acampada de Sol, que ya supera las 300 tiendas de campaña. «Se ha cambiado la palabra inquiokupa por Maricarmen y desahucio, y de repente todo el mundo se ha movido milagrosamente», admitía un miembro del Gobierno a El País. El Sindicato de Inquilinas participó en la mediación que devolverá a Maricarmen a su casa, pero advirtió de que la protesta continuará porque la reivindicación va más allá de su caso.
El doble decreto salva por ahora la coalición y traslada el conflicto al Congreso. El Ejecutivo gana tiempo, Sumar puede exhibir la renovación automática y el PSOE conserva un texto pensado para Junts y el PNV. Lo que ninguno ha resuelto es cómo reunir los votos de todos ellos en la misma votación.
