La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha emitido su quinta alerta consecutiva sobre el incumplimiento del Código de Conducta aprobado en 2020: solo el 21% de los diputados y el 20% de los senadores publican en su agenda institucional las reuniones mantenidas con grupos de presión. El organismo califica de «altamente improbable» que esa cifra refleje la realidad de los contactos entre parlamentarios y lobistas en España.
La opacidad sigue dominando las relaciones entre los parlamentarios españoles y los grupos de interés más de cinco años después de que el Congreso y el Senado aprobaran normas para regularlas. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales —el organismo encargado de velar por el respeto al Código de Conducta de ambas cámaras— ha elaborado un informe fechado el 17 de marzo en el que documenta un incumplimiento extendido de la obligación de transparencia sobre los contactos de los representantes electos con grupos de presión.
Al cierre de 2025, solo 75 diputados —el 21,42%— y 55 senadores —el 20,67%— habían publicado en su agenda institucional actividades más allá de las meramente orgánicas: plenos, comisiones, juntas de portavoces. Es el quinto año consecutivo en que la Oficina emite esta alerta. La cifra de diputados cumplidores ha subido de 46 a 75 en un año, pero en el Senado ha retrocedido de 64 a 55. «Solo unos pocos parlamentarios publican información sobre reuniones con grupos de interés», concluye el propio documento.
Un código sin capacidad sancionadora
La norma aprobada en octubre de 2020 por las mesas del Congreso y el Senado —bajo la presidencia de las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop, respectivamente— aspiraba a «reforzar la confianza» de la ciudadanía mediante «altos estándares de integridad y transparencia». Su artículo 6.2 recoge la obligación de publicar las reuniones con lobistas, definidos como quienes contactan con un parlamentario o su personal para «influir en favor» de algún interés. Esa obligación, sin embargo, no ha generado hasta ahora ningún mecanismo de sanción efectiva para quienes la incumplen.
El régimen de infracciones es estructuralmente débil. El artículo 9 del Código regula las sanciones, pero hacerlas efectivas requeriría un desarrollo reglamentario que no se ha producido. «No tendría sentido», señala una fuente parlamentaria consultada, en referencia a la dificultad de aplicar castigos sin ese marco previo. El organismo que dirige José Antonio Moreno sí anota en el informe una «mejora» en la presentación de declaraciones de intereses económicos, y cuantifica que los regalos valorados en más de 150 euros han sido entregados a las secretarías generales de las Cámaras.
La agenda oculta de los grupos de presión
El informe detecta además una escasez de anotaciones al margen del trabajo estrictamente parlamentario. Cuando los representantes consignan en su agenda actividades distintas de las orgánicas, estas se refieren con frecuencia a actos institucionales, pero «rara vez» a reuniones con grupos de interés. El organismo califica de «altamente improbable» que esa exigua proporción refleje «la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras», lo que equivale a reconocer que la opacidad sobre los contactos con lobistas es la norma, no la excepción.
Desde la publicación de una guía de buenas prácticas en febrero de este año, el incumplimiento ya no puede justificarse en el desconocimiento del procedimiento. La fuente parlamentaria citada en el documento subraya que quien se reúna con un grupo de interés «no puede ampararse en que no sabe cómo se hace». La Oficina ha abierto además un apartado de «ética» en la web del Congreso para gestionar los obsequios recibidos por diputados y senadores, y ha concluido que la guía publicada «puede ayudar a mejorar el conocimiento y cumplimiento de esta obligación».
La ley que no llega a las Cortes
Los grupos de presión llevan años en el punto de mira de la política española, pero la regulación efectiva avanza con lentitud. En enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de grupos de interés, una norma que había quedado en el tintero durante la legislatura anterior del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Unidas Podemos. El impulso actual arranca del Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024, elaborado tras el periodo de reflexión que Pedro Sánchez se tomó ese abril antes de anunciar que continuaba en el cargo.
El texto, no obstante, presenta una limitación de alcance relevante. Regula únicamente la relación entre los grupos de interés y la Administración General del Estado, no las Cortes Generales, que se rigen por sus propios reglamentos internos. Para que el Código de Conducta de las Cámaras adquiriera fuerza sancionadora o para crear un registro de lobistas equivalente al que existe en la Unión Europea sería necesaria una reforma del reglamento parlamentario, un proceso políticamente más complejo que la tramitación de una norma ordinaria.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO, ya recomendó a España en 2021 adoptar un instrumento de transparencia de este tipo. En julio de 2025, la Comisión Europea volvió a señalar la cuestión en su informe anual sobre el Estado de Derecho. La Cámara baja ha dado pasos durante 2025, como la aprobación del primer Plan de Parlamento Abierto, pero la opacidad que documenta la Oficina de Conflicto de Intereses indica que esos avances están lejos de resolver el problema de fondo que el propio Parlamento lleva cinco años señalando sin corregir.
