Los documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa revelan que seis miembros de una unidad de élite del CESID, el servicio de inteligencia militar español, «participaron activamente» en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y trataron después de encubrir su implicación. La figura del comandante José Luis Cortina, absuelto en el juicio, vuelve a quedar en el centro del debate histórico.
Entre las revelaciones que contienen los 153 documentos desclasificados este miércoles sobre el golpe del 23-F, una de las más significativas afecta directamente a los servicios de inteligencia españoles. Según los informes del Ministerio de Defensa, seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), una unidad de élite del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), participaron activamente en el intento de golpe de Estado y realizaron después esfuerzos deliberados para ocultar su implicación. El CESID era el organismo de inteligencia militar de la época, predecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La revelación no es del todo nueva para los historiadores que han estudiado el 23-F, pero su confirmación mediante documentación oficial desclasificada tiene un peso distinto al de los testimonios y las especulaciones que han circulado durante décadas. Los documentos permiten por primera vez contrastar lo que se sospechaba con el registro interno que el propio Estado generó sobre los hechos, incluidas las investigaciones posteriores al golpe realizadas por el propio CESID sobre sus propios miembros.
La unidad de élite en el golpe
La AOME era la unidad operativa más reservada del CESID, encargada de misiones especiales que incluían vigilancia, infiltración y operaciones de inteligencia de alto riesgo. Su intervención en el 23-F añade una dimensión preocupante al análisis del golpe: si agentes del servicio de inteligencia del Estado participaron en la asonada, ello implica que parte del aparato institucional encargado de proteger el orden constitucional colaboró activamente en su subversión.
Los documentos del Ministerio de Defensa no especifican la naturaleza exacta de la participación de cada uno de los seis agentes, pero señalan que algunos tenían «conocimiento previo» de los hechos y que otros prestaron un «apoyo operativo» que llegaron a ejecutar durante la jornada del 23 de febrero. Los informes internos indican además que, una vez fracasado el golpe, estos agentes llevaron a cabo gestiones para borrar o minimizar el rastro de su implicación. La investigación interna que el CESID realizó sobre sus propios miembros —cuyas conclusiones forman parte ahora del corpus desclasificado— refleja la conciencia institucional de que la unidad había sido comprometida.
El comandante Cortina y las dudas sin resolver
El personaje central en esta parte de la historia es el comandante José Luis Cortina, jefe de la AOME en el momento del golpe. Cortina fue uno de los tres militares absueltos en el juicio por el 23-F, la denominada Causa 2/81, celebrada ante el Consejo Supremo de Justicia Militar en 1982. Su absolución fue controvertida en su momento y lo sigue siendo: la defensa alegó falta de pruebas suficientes para establecer su participación directa en la conspiración.
Los documentos desclasificados no alteran el resultado jurídico de aquella absolución, pero sí añaden matices que reabren el debate histórico. Según los informes de Defensa, sobre Cortina «no está probado que conociera el intento de golpe», pero «existen indicios que apuntan a que podría haber tenido información previa». Esta formulación reproduce la ambigüedad que ya rodeó su figura durante el juicio, pero el hecho de que conste en documentación oficial clasificada durante más de cuatro décadas le otorga ahora una nueva visibilidad. Entre los documentos figura también una carta que el propio Cortina remitió en octubre de 1981 al entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, cuyo contenido exacto no ha sido detallado en los primeros análisis de la desclasificación.
El intento de encubrimiento
La parte quizás más inquietante de las revelaciones sobre el CESID no es la participación en el golpe en sí, sino los esfuerzos realizados a posteriori para ocultarla. Los documentos del Ministerio de Defensa describen gestiones activas de los agentes implicados para impedir que su actuación quedara registrada o llegara a conocimiento de las instancias judiciales y políticas que investigaban los hechos. Este encubrimiento, si se confirma en su alcance, implicaría que la institución encargada de salvaguardar la seguridad del Estado también intentó proteger a quienes habían atentado contra ella.
El contexto histórico es relevante: el CESID fue disuelto en 2002, en plena crisis por el llamado «caso CESID», que destapó escuchas ilegales a políticos, periodistas y otros ciudadanos realizadas durante los años ochenta y noventa. La revelación de que algunos de sus miembros participaron en el golpe del 23-F añade un capítulo más a una historia institucional marcada por la opacidad y los abusos. Para los historiadores, el valor de los documentos ahora desclasificados reside no solo en lo que confirman, sino en las preguntas que dejan abiertas: cuántos más miembros del CESID tuvieron conocimiento del golpe, quién dentro de la cadena de mando lo sabía y hasta dónde llegaron los esfuerzos para que esa información nunca saliera a la luz.
