El presidente del Gobierno atribuye a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid la «responsabilidad principal» en la expulsión de una vecina de 87 años que nunca dejó de pagar su alquiler. Desde Nueva York, exige al Congreso apoyar un decreto antidesahucios que sigue sin fecha, mientras Sumar y ERC le reprochan su tibieza y miles de personas protestan ante el ático que la Comunidad compró por más de seis millones.
Pedro Sánchez respondió desde Nueva York al desahucio que ha conmocionado Madrid. El presidente del Gobierno calificó la expulsión de Maricarmen Abascal, de 87 años, como una «tragedia social que no podemos aceptar» y apuntó sin rodeos a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En la rueda de prensa que ofreció con motivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), les atribuyó la «responsabilidad principal», porque ambas administraciones tienen las competencias de protección social de las personas vulnerables en materia de vivienda.
Sánchez acusó a los dos gobiernos madrileños de estar más ocupados en comprar y vender con dinero público «aticazos con 200 metros de terraza» que en resolver el caso. Se refería al ático de Chamberí por el que la Comunidad pagó más de seis millones de euros. Fue más allá al describir a Ayuso como alguien que «se vanagloria» de que los fondos buitre puedan adquirir vivienda protegida, y reprochó a ambas instituciones que no apliquen la ley de Vivienda. Pero el presidente dejó sobre la mesa una segunda idea, la de que el Ejecutivo necesita al Congreso para impedir casos similares.
Setenta años en el mismo piso
Maricarmen vivía desde hacía siete décadas en el número 46 de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, junto al parque del Retiro. Se había subrogado al contrato de renta antigua que firmaron sus padres en 1956 y pagaba 500 euros al mes, con subidas ligadas solo a la inflación. En 2018, la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión compró el edificio y le ofreció adquirir la vivienda por 250.000 euros. Ante su negativa, le propuso seguir de alquiler por 2.750 euros mensuales, cantidad que rebajó después a 1.650. Su pensión es de 1.350 euros.
La empresa acudió a los tribunales en 2022. El juzgado dio primero la razón a la inquilina, pero la Audiencia Provincial falló a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso. La movilización vecinal y del Sindicato de Inquilinas logró frenar tres lanzamientos. Al cuarto intento, con la ejecución decretada por la jueza Elena Cortina Blanco, la comisión judicial desalojó el miércoles a la anciana entre cargas policiales. Los sanitarios del Samur la trasladaron en camilla al hospital Gregorio Marañón, donde espera una alternativa de los servicios sociales. La propiedad rechazó incluso la oferta de un mecenas para pagar la diferencia de renta.
Un decreto sin fecha
Sánchez sostuvo que, si el Parlamento hubiera convalidado antes del verano el real decreto ley del Gobierno, «Maricarmen no habría sido desahuciada». El Ejecutivo aprobó ese texto en marzo y el Congreso lo tumbó con la oposición de Junts. En julio, el Ministerio de Vivienda hizo circular un nuevo borrador que tampoco reunió apoyos suficientes, ni de Junts ni de los diputados de Podemos, y el Gobierno renunció a someterlo a una votación que daba por perdida. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, recordó en el Congreso que la Cámara ha rechazado hasta tres veces una medida antidesahucios.
El presidente prometió actuar «de manera urgente» y aseguró que no descarta nada, pero no concretó si habrá un nuevo decreto ni cuándo. Moncloa quiere asegurarse el respaldo de los grupos antes de llevarlo al Consejo de Ministros, y esa cautela choca con la prisa de su socio de coalición. El calendario añade presión. El escudo anticrisis caduca el 1 de octubre y Sumar exige que su renovación vaya acompañada de las medidas de vivienda, como ya reclamó en primavera.
Los socios y la calle
El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, exigió que el decreto llegue al Consejo de Ministros el próximo martes. En el pleno del Congreso reprochó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el PSOE lo mantenga en el cajón desde julio. Los socios de investidura calificaron el caso de «punto de inflexión», y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pidió a Rodríguez que abandone la «suavidad» frente al mercado. La ministra atribuyó el problema a la especulación inmobiliaria y urgió a la mayoría de investidura a desbloquear las leyes atascadas en la Cámara.
La calle se había adelantado a las instituciones. La víspera del desalojo, decenas de vecinos y rostros de la cultura como Ana Belén o Rozalén pasaron la noche en el portal para intentar impedirlo. Ya consumado, unas 10.000 personas se concentraron ante el ático de Chamberí, según la Delegación del Gobierno, convocadas por el Sindicato de Inquilinas y al grito de «Ayuso dimisión». También hubo protestas en otras ciudades. Urbagestión, que se ha querellado contra el sindicato, rechaza la etiqueta de fondo buitre y se presenta como una pyme.
El caso llega en plena crisis habitacional. El Banco de España estima un déficit superior a 700.000 viviendas, y su subgobernadora, Soledad Núñez, advirtió el miércoles de que podría alcanzar el millón en dos años si nada cambia. Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno se cruzan reproches, pero ninguno ha ofrecido todavía una respuesta a Maricarmen. Ella sigue en un hospital, a la espera de saber dónde va a vivir.
