El Gobierno acepta el mando único reclamado desde principios de agosto por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, incorpora la crisis al sistema de Seguridad Nacional y acelera las medidas económicas y administrativas. Moncloa sostiene que Ceuta ha entrado en una nueva fase que requiere otra estructura de coordinación. El cambio puede mejorar la respuesta, pero obliga también a explicar por qué instrumentos considerados ahora necesarios no se activaron durante las primeras semanas.
El Gobierno ha decidido modificar la arquitectura con la que gestiona la crisis de Ceuta casi un mes después de la avalancha del 30 de julio. Pedro Sánchez reúne este martes al Consejo de Seguridad Nacional y el Ejecutivo establece una dirección política centralizada encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La decisión supone aceptar en lo esencial el mando único que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclamaba desde los primeros días y que Moncloa había descartado inicialmente.
El Ejecutivo sostiene que no se encuentra ante la misma situación de comienzos de agosto. La emergencia inmediata ha dejado paso a una fase marcada por la identificación de quienes permanecen en la ciudad, la tramitación de expedientes, los retornos, la atención a menores y la recuperación económica. El argumento explica por qué pueden necesitarse ahora instrumentos diferentes, pero no elimina la cuestión política de fondo. Si la dispersión de competencias dificulta actualmente la respuesta, cabe preguntarse hasta qué punto también condicionó la gestión durante las semanas anteriores.
Una petición rechazada desde principios de agosto
Vivas planteó la creación de un mando único cuando empezaron a hacerse visibles las dificultades para coordinar una emergencia que afectaba simultáneamente a seguridad, inmigración, defensa, sanidad, infancia y relaciones exteriores. La petición pretendía proporcionar a Ceuta una interlocución central y evitar que cada problema dependiera de un ministerio diferente. El Gobierno optó entonces por mantener el reparto ordinario de competencias y organizar reuniones de coordinación desde la Presidencia.
Sánchez reunió a los departamentos implicados los días 7 y 17 de agosto, pero no convocó al Consejo de Seguridad Nacional para tratar específicamente Ceuta. Durante ese periodo se habilitaron alojamientos provisionales, se reforzaron efectivos y avanzaron los retornos y la identificación de personas. También se hicieron evidentes los límites de la respuesta. Miles continuaron durante semanas en condiciones precarias, los servicios ceutíes soportaron una presión elevada y las administraciones tuvieron que resolver problemas que desbordaban las capacidades habituales de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.
Torres centraliza ahora la coordinación
El nuevo modelo sitúa a Torres al frente de la coordinación funcional de los departamentos implicados. No recibe las competencias legales de Interior, Defensa, Exteriores, Sanidad o Juventud e Infancia, pero deberá integrar sus actuaciones y proporcionar una dirección política común. El dispositivo contará también con la participación del Centro Nacional de Inteligencia y del Departamento de Seguridad Nacional, además de los ministerios responsables de las diferentes áreas afectadas.
El objetivo inmediato es acelerar una gestión que continúa condicionada por miles de expedientes individuales. Determinar identidad, nacionalidad y situación jurídica resulta imprescindible antes de decidir si una persona puede permanecer en España o debe ser retornada. El problema es especialmente complejo cuando faltan documentos o existen solicitudes de protección internacional. En el caso de los menores, las garantías son mayores y cualquier regreso exige comprobar las circunstancias familiares y atender a su interés superior. Un mando central puede mejorar la coordinación, pero no suprimir esos procedimientos.
El coste de una respuesta tardía
El cambio coincide con la ampliación de la respuesta económica. Carlos Cuerpo anunció durante su visita del lunes a Ceuta un paquete de alrededor de 180 millones de euros destinado a distintas actuaciones vinculadas a la crisis y la recuperación. La ciudad lleva semanas advirtiendo del impacto sobre comercio, hostelería y servicios. A los costes empresariales se añade el esfuerzo extraordinario que realizan las administraciones para alojamiento, sanidad, seguridad y atención a menores.
El paso del tiempo ha aumentado esas necesidades. Cuanto más se prolonga la presencia de miles de personas sin una solución estable, mayores son los recursos necesarios y más difícil resulta recuperar la actividad cotidiana. La creación del mando único pretende reducir esa demora y coordinar decisiones que hasta ahora avanzaban a ritmos distintos. También supone reconocer que la crisis requiere una estructura distinta de la utilizada durante sus primeras semanas, aunque el Gobierno la presente como consecuencia de la evolución de la emergencia y no como corrección de errores anteriores.
Una rectificación que necesita explicaciones
La diferencia entre adaptación y rectificación será uno de los asuntos que el Ejecutivo deberá aclarar. Cambiar una estructura cuando las circunstancias lo aconsejan forma parte de cualquier gestión de crisis. Pero Vivas había solicitado una coordinación centralizada cuando la presión sobre Ceuta era ya evidente. La decisión de asumir ahora una fórmula similar obliga a explicar qué condiciones no existían entonces y sí concurren casi cuatro semanas después.
La misma pregunta afecta al Consejo de Seguridad Nacional. La convocatoria no demuestra que el Gobierno ignorase anteriormente la crisis. Sánchez celebró reuniones específicas y distintos ministerios actuaron desde el comienzo. Sin embargo, el Ejecutivo considera ahora necesario incorporar formalmente los instrumentos de Seguridad Nacional y reunir a responsables políticos, militares y de inteligencia en una estructura reforzada. El cambio de escala resulta relevante precisamente porque la gravedad de lo ocurrido era conocida desde los primeros días.
La nueva etapa tampoco puede medirse únicamente por la arquitectura administrativa. Su eficacia dependerá de resultados concretos. Ceuta necesita reducir la presión sobre sus servicios, proporcionar alojamiento adecuado a quienes permanecen en la ciudad, resolver expedientes con garantías y recuperar actividad económica. España necesita además mantener una cooperación operativa con Marruecos y esclarecer qué ocurrió en la frontera durante las horas que precedieron a la avalancha.
El Gobierno dispone desde este martes de herramientas que no utilizó durante buena parte de agosto. Centralizar la coordinación puede corregir problemas y facilitar la salida de una emergencia que ha superado ampliamente el ámbito migratorio. Pero la rectificación administrativa no sustituye la rendición de cuentas. Las comparecencias que comienzan en el Congreso deberán permitir conocer qué funcionó, qué falló y por qué Sánchez ha decidido cambiar ahora el modelo. La cuestión ya no es únicamente si el nuevo dispositivo resulta adecuado, sino por qué Ceuta tuvo que esperar casi un mes para disponer de él.
