La primera sesión de control al Gobierno desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero escenificó este miércoles en el Congreso de los Diputados la fractura entre el Ejecutivo y la oposición sobre la gestión de la crisis. Mientras Sánchez defendió el «no a la guerra» y anunció un decreto de medidas para el viernes, Feijóo le acusó de aprovechar el conflicto para aumentar la recaudación y exigió bajadas de impuestos. Al margen del choque, el presidente dejó en el aire el compromiso de presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de que concluya marzo.
El hemiciclo del Congreso de los Diputados fue este miércoles el escenario del primer enfrentamiento parlamentario directo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desde que Israel y Estados Unidos iniciaron sus ataques militares contra Irán. La sesión de control, convocada con una agenda dominada por las consecuencias geopolíticas y económicas del conflicto, confirmó que los papeles en la confrontación política siguen siendo los mismos de siempre, pese a que el escenario ha cambiado de forma sustancial. Sánchez se apoyó en la dimensión internacional para llevar el debate al terreno en el que considera que el PP se siente más incómodo; Feijóo apostó por el ángulo económico para atacar al Gobierno por la demora en la aprobación de ayudas a familias y empresas.
El tono fue agrio desde el primer turno de palabra. Feijóo abrió su intervención evocando los resultados de las elecciones de Castilla y León del pasado domingo, que el PP ganó con mejora de resultados y que el presidente del Gobierno no mencionó en ningún momento. «Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Cada día sin aprobar ayudas es un día que usted se aprovecha de la guerra», espetó el líder del PP, que previamente había preguntado de forma retórica si los españoles «siguen confiando» en el Gobierno. Sánchez respondió situando a Feijóo en el campo de Trump y Netanyahu: «¿Qué van a hacer ustedes, sí a la guerra y no a las ayudas?», le interpeló, acusándole de «poner la venda antes de la herida» al anunciar su oposición al decreto que el Consejo de Ministros aprobará en sesión extraordinaria este viernes.
El choque en el Congreso
Los dos líderes expusieron en el intercambio sus posiciones de fondo, que van más allá de la gestión inmediata de la crisis. Para Feijóo, el Gobierno lleva tres semanas sin actuar mientras los transportistas, los agricultores, los pescadores y las familias absorben el impacto del encarecimiento de los carburantes y de la energía. El PP ha planteado como respuesta una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la reducción del IVA a la energía y la supresión de los gravámenes a los carburantes. Feijóo advirtió además al presidente de que «no se le ocurra» trasladar las medidas anticrisis a un real decreto ley ómnibus —un formato que la oposición ha utilizado en otras ocasiones para tumbar paquetes de medidas del Gobierno al incluir contenidos políticamente heterogéneos.
Sánchez defendió la posición del Ejecutivo calificándola de «coherente y consistente» y recordó que España ha sido una de las voces europeas más críticas con la intervención militar en Oriente Medio. «El Gobierno está donde ha estado siempre: en la defensa del derecho internacional, de la paz y el «no a la guerra»», afirmó en la tribuna. La portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Maribel Vaquero, tensó adicionalmente la cuerda al advertir a Sánchez de que «tiene dos días para negociar con los grupos» y de que «no se la juegue esta vez», en alusión a los dos decretos sociales previamente tumbados por la mayoría formada por PP, Vox y Junts. El Ejecutivo, según fuentes parlamentarias, tiene prácticamente cerrados los apoyos para sacar adelante el decreto del viernes con una tramitación exprés.
Los presupuestos en el aire
La sesión de control dejó un segundo asunto de calado que pasó algo más inadvertido en el ruido del cara a cara entre Sánchez y Feijóo: el presidente del Gobierno eludió precisar si el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que concluya marzo, como se había comprometido de forma reiterada. «Estamos ahora mismo gestionando una de las mayores crisis que durante todos los años de mandato he tenido que gestionar», dijo Sánchez en respuesta directa a una pregunta sobre el calendario presupuestario, dejando las fechas en el aire e invocando la gravedad de la coyuntura internacional como argumento para no concretar plazos.
El Gobierno lleva más de dos años y medio prorrogando los Presupuestos de 2023, aprobados en la anterior legislatura, sin haber presentado en el Congreso un nuevo proyecto de ley de cuentas. El plazo del primer trimestre de 2026 —comprometido públicamente por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero— expira el 31 de marzo. La situación se complica adicionalmente por el hecho de que Montero abandonará el Gobierno en abril para encabezar la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones autonómicas de Andalucía, lo que haría materialmente imposible que fuera ella quien completara la tramitación de unas cuentas que, en condiciones parlamentarias normales, requiere al menos tres meses. En el Senado, Montero insistió este mismo miércoles en que los PGE se presentarán «a lo largo de este año», sin comprometer fecha concreta.
El decreto del viernes y la aritmética parlamentaria
La sesión tuvo un tercer eje: el perímetro y el contenido del decreto anticrisis que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el próximo viernes. El Ejecutivo tiene previsto suspender el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que representa el 5,1% de la factura eléctrica de todos los consumidores, y concentrar las ayudas a los carburantes en los sectores más afectados —transporte, pesca y agricultura—, descartando una bonificación universal como la que se aplicó durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania. El decreto no incluirá medidas de vivienda como la prohibición de desahucios o la prórroga de contratos de alquiler, reclamadas por Sumar y rechazadas por Junts y el PNV, socios parlamentarios imprescindibles para la convalidación del texto.
El Gobierno quiere llevar el decreto al Congreso en la semana del 24 de marzo, antes de Semana Santa, para lo que necesita la unanimidad de la Junta de Portavoces a fin de incluirlo en el orden del día del pleno ordinario; de no lograrse, convocaría una sesión extraordinaria. La tramitación exprés y la acotación del contenido apuntan, según fuentes parlamentarias, a que los apoyos están prácticamente cerrados. Sánchez tiene previsto comparecer específicamente sobre la guerra de Irán ante el Pleno del Congreso el 25 de marzo, lo que convertirá esa semana en el siguiente momento de tensión parlamentaria sobre un conflicto que ha alterado la agenda política española con una intensidad no vista desde la pandemia.
