Pedro Sánchez anunció en Barcelona, en el discurso de clausura de la reunión anual del Cercle d’Economia, que el Ministerio de Hacienda iniciará esta semana los trámites para presentar en otoño los Presupuestos Generales del Estado para 2027, los primeros de la legislatura. El anuncio se produjo mientras los asistentes recibían en sus teléfonos alertas sobre nuevas informaciones judiciales que afectan al entorno del Partido Socialista Obrero Español, en un contexto de creciente presión política sobre el Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió Barcelona y el auditorio del Cercle d’Economia para realizar el anuncio de que el Ministerio de Hacienda pondrá en marcha esta semana la maquinaria administrativa para llevar al Congreso de los Diputados unos Presupuestos Generales del Estado para 2027. Serán los primeros de la legislatura, después de que las cuentas de 2023 hayan sido prorrogadas año tras año. La orden ministerial que inicia el recorrido jurídico del proceso se publicará en los próximos días. El ministro de Hacienda, Arcadi España, será el responsable de conducir la operación y presentar las cuentas como pronto en septiembre.
El escenario elegido no es casual. El Cercle d’Economia, el lobby barcelonés que cada año reúne a empresarios, políticos, académicos y dirigentes institucionales, es el termómetro más fiable de la relación entre las élites económicas catalanas y el poder central. Sánchez se mueve con comodidad en ese entorno desde hace años, a diferencia de la tensión que ha caracterizado sus relaciones con las patronales madrileñas. El presidente llegó al Cercle con el foco de buena parte de los asistentes puesto en las investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y no dedicó ni una palabra a ese asunto. En su lugar, desplegó un balance económico de ocho años de gobierno y cerró con el anuncio presupuestario. «Van a ser unos Presupuestos sociales que van a reforzar el Estado del bienestar y van a estar a la altura de lo que los ciudadanos merecen», afirmó.
El anuncio que sonó ordinario en circunstancias extraordinarias
Presentar unos Presupuestos Generales es una obligación constitucional que el Ejecutivo lleva años incumpliendo. El artículo 134.3 de la Constitución española obliga al Gobierno a remitir el proyecto de cuentas al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Que el anuncio de Sánchez en el Cercle generara el impacto que generó revela la magnitud del déficit acumulado. Fuentes conocedoras de la estrategia del presidente señalan que la decisión responde a la necesidad de transmitir imagen de continuidad y capacidad de gestión ante un empresariado que percibe al Gobierno debilitado por la presión judicial. El antecedente de 2011, cuando el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero adelantó las elecciones con resultados catastróficos para el PSOE, pesa de forma explícita en el cálculo del Ejecutivo actual. «No vamos a cometer el mismo error que Zapatero en 2011», repiten varios ministros y dirigentes socialistas.
El propio Sánchez subrayó ante el Cercle los datos que avalan su argumento de estabilidad: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que España será la economía que más crezca en 2026 con un 2,2%, y se prevé que este año el desempleo baje por primera vez por debajo del 10% desde 2008. El presidente apeló a ese balance para justificar la continuidad de la legislatura y lanzó un mensaje directo a los empresarios presentes: «Paguen bien a sus trabajadores. Es bueno para ellos y para sus negocios». La frase, inusual en ese foro, fue recibida sin fricciones visibles.
Hacienda, Junts y la reforma de la financiación
La pregunta que los asistentes no formularon en voz alta pero que circuló en los corrillos es la misma que lleva años sin respuesta: con qué mayoría parlamentaria piensa Sánchez aprobar unas cuentas que sus socios de investidura han bloqueado sistemáticamente. El Gobierno vincula los Presupuestos a otras dos palancas de negociación: la reforma del sistema de financiación autonómica, que incluye una quita de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades, y el posible regreso a Cataluña del líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, si los tribunales europeos y el Tribunal Constitucional avalan la aplicación de la ley de amnistía. Sánchez describió ese proceso como un «hito» que espera ver completado esta legislatura y reafirmó su voluntad de cumplir los compromisos firmados con JxCat y con Esquerra Republicana (ERC).
Desde La Moncloa se descarta que el proceso desemboque en elecciones anticipadas en otoño, hipótesis que barajan tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como sectores del mundo empresarial. Varios ministros y dirigentes del PSOE insisten en que el presidente solo adelantaría los comicios si tuviera opciones reales de ganarlos. «Sánchez no va a convocar unas elecciones para perderlas», señalan fuentes del Gobierno. El escenario que manejan en el Ejecutivo es el de una presentación presupuestaria en septiembre que abre una negociación política de fondo, con los Presupuestos y la reforma de la financiación como las dos grandes bazas del tramo final de la legislatura.
El Cercle y el empresariado: respaldo con reservas
La presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, recibió a Sánchez con el mismo listado de reproches que había trasladado el día anterior al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo: preocupación por las investigaciones judiciales en curso, demanda de transparencia institucional y discrepancias concretas sobre política migratoria, inversión en defensa, control de precios en el mercado del alquiler y el papel de la energía nuclear en el mix eléctrico. El empresariado catalán sigue respaldando la agenda territorial de Sánchez —los indultos, la ley de amnistía, la reforma de la financiación— pero no oculta su malestar ante la ausencia prolongada de presupuestos y el deterioro del clima institucional.
A la salida del acto, las conversaciones en los corrillos apuntaban en una misma dirección: el presidente había convencido más que Feijóo, que el día anterior había generado decepción entre los asistentes al rechazar sin matices la reforma de la financiación. «Hemos hecho mucho, es evidente que nos queda mucho por hacer. Debemos hacerlo juntos, Cataluña y España», dijo Sánchez, en una frase que resume la apuesta por la que ha construido su relación con el empresariado barcelonés durante los últimos años. El anuncio presupuestario no despejó las dudas sobre la viabilidad política de las cuentas, pero cumplió su función inmediata: proyectar la imagen de un presidente que no ha renunciado a terminar la legislatura.
