El portavoz de ERC interpreta que los avisos previos sobre convocatorias en redes evidencian una fractura dentro del Estado. Los documentos no prueban, sin embargo, una actuación deliberada contra el Ejecutivo.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que la documentación desclasificada sobre la crisis de Ceuta demuestra que «una parte del Estado va en contra del Gobierno», en alusión al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
«El Gobierno no controla una parte de su Estado; gobierna, sí, pero no manda», declaró Rufián al valorar las comunicaciones difundidas por La Moncloa sobre la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Los documentos publicados confirman que el CNI detectó, el 29 de julio, convocatorias difundidas en redes sociales para intentar cruzar a Ceuta por mar y a través de la valla. La información fue trasladada a la Delegación del Gobierno en la ciudad, a la Guardia Civil y a los servicios de inteligencia marroquíes.
La cuestión que ha abierto el debate político es el alcance de ese aviso. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que el CNI había detectado e informado de esos movimientos. La versión de La Moncloa es distinta: sostiene que no se emitió un informe formal que alertara de una llegada masiva de la dimensión que finalmente se produjo.
El propio CNI ha reconocido que identificó los llamamientos en redes, pero ha señalado que no anticipó «la magnitud y naturaleza» de lo ocurrido. Por tanto, los documentos permiten acreditar que existieron comunicaciones previas sobre una presión migratoria creciente; no demuestran, por sí solos, que los servicios de inteligencia actuaran contra el Gobierno.
La polémica ha aumentado tras la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, en medio de versiones contradictorias sobre cómo se transmitieron las alertas y qué respuesta generaron.
ERC se suma así a otros socios parlamentarios que reclaman explicaciones y una revisión de los protocolos de coordinación. La crisis de Ceuta ha dejado una pregunta central: si la información disponible llegó a las instituciones encargadas de actuar, por qué no se tradujo en medidas preventivas suficientes.
