La ministra de Defensa lanza un mensaje de firmeza territorial que contrasta con la línea conciliadora de sus compañeros de gabinete y con las limitaciones legales que impiden las devoluciones masivas prometidas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a Ceuta con un mensaje que ninguno de sus compañeros de gabinete había querido pronunciar. «Lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Ceuta y Melilla son españolísimas. No se las toca», dijo ante los vecinos de la ciudad autónoma, sin mencionar a Marruecos por su nombre pero sin que nadie dudara a quién iban dirigidas las palabras. La declaración no era solo una advertencia al reino alauí: era también una disidencia pública dentro de un Ejecutivo que ha evitado en todo momento señalar la permisividad con la que Rabat gestionó el paso de unas 80.000 personas en apenas 48 horas, dejando 141 muertos en el intento.
Robles llegó al centro de la ciudad a pie, sin el escudo de los protocolos habituales. Un grupo de vecinos la esperaba frente al Ayuntamiento con insultos, reproches y lágrimas. «Traidora», «sinvergüenza», «has dejado tirados a los militares»: ese fue el recibimiento. La ministra no pasó de largo. Se detuvo, escuchó, y cuando Pepi, una ceutí de 66 años, rompió a llorar ante ella —«Me siento abandonada, tengo miedo, no puedo dormir en toda la noche», le dijo—, Robles le cogió las manos y respondió: «No lo vamos a hacer. Las Fuerzas Armadas van a estar con vosotros». El gesto, captado por todas las cámaras, no era improvisado, pero tampoco era falso: la titular de Defensa lleva días siendo la única miembro del Gobierno que habla sin ambages de una agresión al territorio español.
El verso suelto del Ejecutivo
La brecha dentro del Consejo de Ministros no es estética sino de fondo. Mientras Robles emitía su mensaje de firmeza territorial, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, describía la actitud de Marruecos durante la avalancha del 30 de julio como una muestra de «lealtad» y hablaba de una «cooperación absolutamente extraordinaria» con Rabat. La distancia entre ambas posiciones no admite matices: una habla de agresión, la otra de colaboración. Ninguna de las dos puede ser completamente verdadera.
El contexto político explica buena parte de la disidencia de Robles. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, había revelado días antes en una entrevista que la soberanía de Ceuta y Melilla sigue siendo para Rabat un asunto «pendiente» y había anunciado «reuniones» con España en septiembre para abordar sus reivindicaciones territoriales. Que lo pronuncie el titular de Justicia de un país que acaba de organizar el paso de decenas de miles de personas hacia territorio español no es una declaración menor. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, lo calificó de «novedad» y exigió al Gobierno una respuesta de Estado que, por el momento, no ha llegado.
Robles dio esa respuesta por su cuenta: «Cualquier nueva agresión sobre Ceuta o Melilla supone agredir a España entera». Y añadió, dirigiéndose implícitamente a la posición marroquí: «No se las toca». Horas después, desde su perfil en la red social X, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un mensaje en la misma dirección: «Ceuta y Melilla son España. No se negocian. Se defienden». La convergencia entre la ministra de un Gobierno progresista y el jefe de la oposición conservadora en el mismo argumento decía mucho sobre el consenso territorial y, también, sobre el aislamiento político de la línea conciliadora del Ejecutivo.
Marlaska y los «parámetros humanitarios»
La segunda grieta visible en el Gobierno afecta a las promesas de devolución. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaró el martes que «todos los que entraron en Ceuta de forma irregular serán devueltos a Marruecos». La afirmación, presentada como una garantía de control, choca frontalmente con la realidad jurídica que el propio Grande-Marlaska admitió al día siguiente: España aplica la legislación de extranjería «en parámetros humanitarios», lo que impide la expulsión de menores no acompañados sin una evaluación individualizada de su situación, y también de quienes soliciten asilo y tengan opciones razonables de obtenerlo.
Los números que maneja el Gobierno ilustran la magnitud del problema. De las 8.000 personas que permanecen en Ceuta, el Ejecutivo estima que hasta 5.000 —unos 2.500 menores y otros 2.500 potenciales solicitantes de protección internacional— tienen derecho a algún tipo de acogida. Solo unas 3.000, principalmente migrantes económicos adultos sin posibilidad de asilo, serán finalmente expulsadas. Las devoluciones masivas prometidas quedan, en la práctica, reducidas a una minoría del total de quienes siguen en la ciudad.
La advertencia de UNICEF
La organización UNICEF España intervino ayer para recordar al Gobierno los límites que la legislación española e internacional impone en materia de menores. Ningún menor no acompañado puede ser retornado o trasladado, indicó la entidad, sin una evaluación individualizada de su situación y sin las garantías de protección previstas por la ley. La postura de UNICEF coincide con la del propio Marlaska en la práctica, aunque no en el discurso: cualquier decisión sobre el futuro de los menores, insistió la organización, debe basarse en el interés superior del niño, no en la voluntad de dos gobiernos.
La ministra de Infancia, Sira Rego, apuntó en la misma dirección. «Hay cada vez más niñas y menores de cada vez más corta edad. Ahora toca acelerar para hacer un esfuerzo de acogida para quienes tienen derecho ante los riesgos de que se alargue esta situación de emergencia», explicó. El Gobierno tiene previsto un Consejo de Ministros el 25 de agosto para habilitar una partida de 25 millones de euros para la atención de los menores no acompañados, y una conferencia sectorial a finales de mes para organizar el reparto entre comunidades autónomas, un proceso que ya encuentra la resistencia organizada de la derecha y la ultraderecha.
