El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes ha generado reacciones contrapuestas en el espectro político español. Mientras la izquierda parlamentaria y los movimientos sociales celebran la medida como un avance en derechos, PP y Vox la califican de «regularización masiva» que aumentará el «efecto llamada» y desbordará los servicios públicos.
El acuerdo entre PSOE y Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes ha provocado una fractura política entre los partidos que celebran la medida como un reconocimiento de derechos y aquellos que la consideran una decisión irresponsable que generará nuevas llegadas irregulares. La polarización sobre política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate parlamentario apenas horas después del anuncio realizado por la eurodiputada de Podemos Irene Montero.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encabezado las críticas a la iniciativa gubernamental mediante un mensaje en la red social X en el que vincula la regularización con la gestión de los recientes accidentes ferroviarios. «Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos», denunció el dirigente popular.
Feijóo añadió que «en la España socialista, la ilegalidad se premia» y consideró que «la política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria», prometiendo que «cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo». Fuentes de la dirección popular señalaron a Europa Press que el acuerdo entre PSOE y Podemos para una regularización «sin control ni garantías» constituye «una cortina de humo» para evitar asumir responsabilidades políticas por el «caos ferroviario» y representa «una mala decisión política» que lanza «el peor mensaje posible».
La posición contradictoria del PP
Las declaraciones de Feijóo contrastan con la posición que el propio Partido Popular mantuvo en 2024 ante una iniciativa similar. Ese año, el PP votó a favor de la toma en consideración en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma Regularización Ya, respaldada por más de 700.000 firmas, para ordenar la situación de personas extranjeras.
En aquel debate parlamentario, el PSOE también mostró dudas iniciales sobre el encaje jurídico de una regularización amplia dentro del marco legal de la Unión Europea, aunque finalmente permitió la tramitación de la ILP condicionando su apoyo a la introducción de enmiendas para limitar su alcance. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, defendió entonces la necesidad de abordar la inmigración «de manera inteligente y razonable», subrayando que España necesita mano de obra extranjera para sostener su tejido productivo. La iniciativa contó con el respaldo de Sumar, ERC, Bildu, BNG, PNV, Junts y el propio PP, mientras que Vox se quedó solo en el rechazo frontal.
El cambio de postura del PP refleja el endurecimiento progresivo del discurso migratorio del partido, especialmente visible tras las recientes tensiones con Vox sobre la acogida de menores migrantes no acompañados, que provocó la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos hace poco más de un mes.
El rechazo radical de Vox
El líder de Vox, Santiago Abascal, publicó en X un mensaje aún más contundente que el de Feijóo: «¡Quinientos mil ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración».
El secretario general del partido ultraderechista, Ignacio Garriga, advirtió de que ante «la imposibilidad de convencer a los votantes españoles, buscan sustituirlos», situando a Vox como la única alternativa «que está en contra de estas regularizaciones masivas». Este discurso sobre el supuesto «reemplazo poblacional» constituye uno de los ejes centrales de la estrategia política de Vox en materia migratoria.
La formación de Abascal también ha criticado al PP por haber apoyado la admisión a trámite de la ILP para regularizar a medio millón de personas migrantes y por acoger en Galicia, pese a su mayoría absoluta, a menores migrantes que contribuyen al supuesto «efecto llamada de Pedro Sánchez». En Vox denuncian una supuesta moderación de los populares que consideran insuficiente.
Celebración de Podemos y los movimientos sociales
Frente a las críticas de la derecha, Podemos ha presentado la regularización como una victoria política tras meses de presión al Gobierno. Irene Montero celebró el acuerdo con una frase cargada de simbolismo: «Hemos conseguido una regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes. Ellos secuestran niños, asesinan, aterrorizan. Nosotras respondemos con papeles».
La formación morada ha enfatizado que supervisará el desarrollo del proceso para que se aplique de forma rápida y efectiva, y ha defendido la medida como una respuesta necesaria ante lo que calificó como «violencia racista» contra el colectivo migrante. Podemos ha señalado además que la regularización acordada con el Ejecutivo beneficiará a todas aquellas personas que puedan acreditar su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
El movimiento Regularización Ya, plataforma que impulsó la ILP respaldada por más de setecientas mil firmas, celebró el acuerdo mediante un comunicado que lo califica como «un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular en España». La plataforma, formada por asociaciones y colectivos de todo el Estado, recuerda que el pacto alcanzado es fruto de «un proceso en el que el Movimiento Regularización Ya ha tenido un papel activo y determinante».
Respaldo del espacio confederal y los nacionalistas
Desde Sumar, la coordinadora Lara Hernández había apremiado al PSOE a sacar adelante la regularización extraordinaria antes de que terminara el mes de octubre de 2025. Aunque no verbalizó el mecanismo, había sugerido que el Gobierno explorara las «múltiples vías» disponibles para hacerlo posible, en referencia implícita a la fórmula del real decreto que finalmente se ha adoptado.
Los partidos nacionalistas y de izquierda que apoyan al Gobierno también han valorado positivamente la medida. ERC y EH Bildu habían reclamado repetidamente que se presentara la ILP «ya» para comprobar quién se posicionaba en contra, mientras que ambas formaciones insistieron en sacar adelante la regularización extraordinaria como respuesta a los discursos de rechazo de la extrema derecha.
El PNV, que también votó a favor de la toma en consideración de la ILP, ha mantenido una posición más cautelosa pero favorable a facilitar vías de regularización para personas que llevan años residiendo en España. Los nacionalistas vascos acusaron a Vox de instrumentalizar la inmigración con fines electorales durante los debates parlamentarios sobre la materia.
La defensa gubernamental
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han explicado que el decreto tiene como objetivo «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente», en referencia a la situación de cientos de miles de personas que residen y trabajan en España sin papeles. El Ejecutivo defiende que se trata de una respuesta estructural a un fenómeno consolidado y no de una política orientada a incentivar nuevas llegadas irregulares.
El Gobierno sostiene además que «España refuerza así un modelo de política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social». Esta posición coincide con datos aportados por el Consejo Económico y Social que confirman que la llegada de inmigrantes potencia el crecimiento económico y la innovación en España, así como con las estimaciones gubernamentales de que el país necesitará entre 200.000 y 250.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el Estado del bienestar.
El Ministerio también ha recalcado que «la inmigración contribuye de forma decisiva al crecimiento económico y a la sostenibilidad del sistema público», rechazando así el argumento de PP y Vox sobre el supuesto desbordamiento de los servicios públicos que provocaría la regularización.
