El Gobierno aprueba un Real Decreto que permitirá regularizar a unas 500.000 personas en situación irregular, la séptima medida extraordinaria de este tipo desde 1986. El plazo para presentar solicitudes se abrirá en abril y se extenderá hasta el 30 de junio, otorgando permisos de residencia provisional con derecho a trabajo inmediato.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la tramitación urgente de un Real Decreto que permite la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España. La medida, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, materializa una demanda largamente reivindicada por organizaciones sociales y sindicatos, que impulsaron una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas.
Según las estimaciones del Gobierno, el proceso podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas que ya residen en territorio español. No se trata de la primera regularización masiva en la historia democrática del país, sino de la séptima desde finales de los años ochenta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justifica la decisión como una respuesta necesaria para garantizar derechos y otorgar seguridad jurídica a una realidad social consolidada.
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Qué es la regularización extraordinaria y cómo funciona
Una regularización extraordinaria es un procedimiento administrativo que permite a personas extranjeras en situación irregular obtener permisos legales de residencia y trabajo al margen de los trámites ordinarios establecidos en el Reglamento de Extranjería. A diferencia de los procesos habituales de arraigo, que exigen plazos de permanencia más prolongados y vínculos laborales o familiares específicos, esta vía excepcional simplifica los requisitos y agiliza los tiempos de resolución.
El Real Decreto aprobado este martes se tramita por vía de urgencia, lo que permite al Gobierno aprobar la medida sin necesidad de convalidación parlamentaria. Esta opción normativa evita el bloqueo que sufre en el Congreso la iniciativa legislativa popular, paralizada desde septiembre de 2024 pese a contar con el respaldo de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios en la votación de toma en consideración.
La autorización que se concederá tiene carácter provisional y una vigencia inicial de un año. Durante ese periodo, los beneficiarios podrán trabajar legalmente en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad, cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y acceder a servicios públicos como la sanidad y la educación. Transcurrido el año, deberán solicitar una autorización ordinaria mediante los cauces establecidos en la normativa de extranjería.
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A quién beneficia: cifras y perfil de los beneficiarios
Las estimaciones del Gobierno sitúan en torno a medio millón las personas que podrían regularizar su situación administrativa mediante este procedimiento. Sin embargo, informes de centros de análisis como Funcas elevan considerablemente esta cifra. Según datos publicados en enero de 2026, el número total de personas en situación irregular en España ascendería a 837.978, lo que supone un incremento del 680% respecto a 2017.
El perfil mayoritario de la inmigración irregular en España ha experimentado cambios significativos en la última década. La inmensa mayoría de las personas sin papeles procede del continente americano, que representa el 90,5% del total. África aporta el 6%, mientras que Asia y Europa suman el 1,8 y el 1,7% respectivamente.
Por nacionalidades, Colombia encabeza la lista con aproximadamente 290.000 personas en situación irregular, seguida de Perú con 110.000 y Honduras con 90.000. Este predominio latinoamericano contrasta con regularizaciones anteriores, donde la inmigración procedente del Magreb y del África subsahariana tenía un peso proporcionalmente mayor.
La medida incluye también la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentren en España. En estos casos, la autorización tendrá una vigencia de cinco años, ofreciendo mayor estabilidad a las unidades familiares y facilitando la integración de menores en el sistema educativo.
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Requisitos y plazos del proceso
Para acceder a la regularización extraordinaria será necesario cumplir tres requisitos fundamentales. En primer lugar, acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. Esta permanencia podrá demostrarse mediante cualquier documento público o privado, como certificados de empadronamiento, informes médicos, contratos de alquiler o recibos de suministros.
El segundo requisito es carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Este punto se verificará mediante consulta a los registros correspondientes y no impedirá la regularización de personas con infracciones administrativas previas relacionadas con su situación migratoria.
Para las personas solicitantes de protección internacional, los criterios son ligeramente diferentes. Bastará con haber presentado la solicitud de asilo antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente del tiempo transcurrido desde su llegada al país. Este grupo representa una parte significativa de los beneficiarios potenciales, dado el elevado número de peticiones de protección que permanecen pendientes de resolución durante años.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente a principios de abril, una vez completados los trámites administrativos del Real Decreto, y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Las autoridades dispondrán de un máximo de tres meses para resolver cada expediente, aunque la mera admisión a trámite, que debe producirse en un plazo de 15 días hábiles, permitirá a las personas solicitantes comenzar a trabajar de forma legal y acceder a derechos sociosanitarios.
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Historia de regularizaciones en España (1986-2005)
España ha recurrido a procesos de regularización extraordinaria en seis ocasiones desde su incorporación a la Comunidad Económica Europea. La primera tuvo lugar en 1986, coincidiendo con la adhesión a las instituciones comunitarias, y regularizó a unas 44.000 personas. Posteriormente se aprobaron nuevas medidas en 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005.
La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, constituye el precedente más reciente y de mayor alcance. Se aprobaron más de medio millón de solicitudes, en su inmensa mayoría de ciudadanos latinoamericanos, marroquíes y rumanos. Aquel proceso exigía contar con una oferta de empleo, haber permanecido al menos seis meses en España y no tener antecedentes penales.
Los diferentes gobiernos que han aplicado regularizaciones extraordinarias han argumentado que se trata de procesos necesarios cuando la realidad migratoria desborda los cauces administrativos ordinarios. Todos los procesos previos, independientemente del color político del ejecutivo que los impulsó, compartieron el objetivo de integrar en el mercado laboral formal a personas que ya trabajaban en la economía sumergida.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió este martes que la nueva regularización se inscribe en esa tradición. Subrayó que desde 1986 hasta 2005, gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas recurrieron a este instrumento cuando la burocracia no daba respuesta a una realidad social consolidada.
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Marco legal y tramitación por Real Decreto
La decisión de tramitar la regularización mediante Real Decreto en lugar de esperar a la aprobación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular responde, según el Gobierno, a criterios de urgencia y eficacia. El procedimiento elegido permite esquivar el bloqueo que sufre la ILP en el Congreso, donde permanece paralizada desde septiembre pese al amplio consenso inicial.
Un Real Decreto es una norma con rango reglamentario que no requiere convalidación parlamentaria, a diferencia de los Reales Decretos-Ley. Esta vía normativa faculta al Gobierno para aprobar la medida de forma inmediata y comenzar a aplicarla sin depender de los tiempos y equilibrios del Parlamento. El texto deberá pasar por los trámites administrativos habituales, incluyendo informes preceptivos de los órganos consultivos, pero no necesitará el respaldo de la Cámara para entrar en vigor.
El marco legal de la regularización se ajusta a la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y a su reglamento de desarrollo. Aunque el Real Decreto establece requisitos menos exigentes que los procedimientos ordinarios de arraigo, se inscribe plenamente en el ordenamiento jurídico vigente y respeta los principios básicos de la normativa comunitaria en materia migratoria.
El Gobierno sostiene que esta vía excepcional responde al mandato democrático expresado por las más de 700.000 personas que respaldaron la iniciativa popular y por los 310 diputados que votaron a favor de su tramitación en abril de 2024. El Ejecutivo defiende que, ante la paralización parlamentaria, resultaba necesario dar una respuesta inmediata a una demanda social y política ampliamente mayoritaria.
