El Gobierno somete a votación un decreto ómnibus que incluye la revalorización de pensiones y medidas contra los desahucios. El PP critica la inclusión de ayudas para combatir la inquiokupación y amenaza con tumbarlo. La votación, prevista para mediados de enero, medirá la capacidad del Ejecutivo para mantener el apoyo de sus socios parlamentarios en un contexto marcado por las tensiones en Cataluña.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta al primer test político del año 2026 con la votación en el Congreso de los Diputados del llamado escudo social, un decreto ómnibus que agrupa medidas de protección ciudadana y que el Ejecutivo considera prioritarias para el inicio de la legislatura. La votación, que tendrá lugar en las próximas dos semanas tras la prórroga aprobada el 23 de diciembre por el Consejo de Ministros, pondrá a prueba la solidez de los apoyos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.
El decreto incluye la revalorización de las pensiones conforme a la prórroga del escudo social aprobada en 2025, medidas para prevenir desahucios de familias vulnerables, ayudas contra la inquiokupación, el bono social eléctrico, incentivos fiscales a empresas y ayudas a sectores afectados por incendios. El Gobierno defiende que se trata de un paquete integral de protección social que beneficia a los colectivos más vulnerables y que mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas, uno de los segmentos de población más sensibles electoralmente para el PSOE.
Sin embargo, el Partido Popular ha anunciado su voto en contra del decreto, cuestionando específicamente la inclusión de las ayudas destinadas a combatir la inquiokupación. Desde la formación conservadora consideran que estas medidas deberían tramitarse de forma independiente y no formar parte de un decreto que incluye la subida de las pensiones. Esta estrategia del PP busca evidenciar lo que consideran una «trampa» del Gobierno: obligar a la oposición a votar a favor de medidas que rechazan para no tumbar la revalorización de las pensiones.
Las medidas del decreto ómnibus
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros recoge un amplio catálogo de medidas sociales y económicas. Además de la revalorización general de las pensiones y el incremento de las mínimas, el texto incluye la prohibición del corte de suministros básicos como luz y gas a familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional. También contempla medidas contra los desahucios, favoreciendo la llamada inquiokupación y perjudicando, según el PP, a pequeños propietarios y al mercado del alquiler.
El Ejecutivo ha utilizado la misma estrategia legislativa que en años anteriores, agrupando en un solo texto diversas medidas que considera urgentes y que requieren una tramitación acelerada. Esta técnica del decreto ómnibus permite al Gobierno sortear el debate parlamentario extenso y asegurar una aprobación más rápida, aunque también genera críticas por dificultar el análisis pormenorizado de cada medida incluida. Los socios parlamentarios del Gobierno, como ERC y EH Bildu, han dado su respaldo implícito al no manifestar oposición hasta el momento.
La estrategia del PP contra la inquiokupación
El Partido Popular centra su crítica en la prohibición de las devoluciones de llaves, una medida incluida en el decreto que impide a los propietarios recuperar inmediatamente sus viviendas ocupadas ilegalmente. Desde Génova consideran que esta disposición protege la ocupación ilegal y perjudica a los pequeños propietarios que sufren este problema. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido públicamente que su partido no apoyará el decreto si mantiene estas medidas, abriendo así la posibilidad de que el Gobierno sufra su primera derrota parlamentaria del año.
La posición del PP plantea un dilema político para el Gobierno. Si el decreto es rechazado, Sánchez podría convocar una subida de las pensiones mediante otro procedimiento legislativo y cargar la responsabilidad del rechazo sobre la oposición conservadora. Esta jugada permitiría al Ejecutivo presentarse como defensor de los pensionistas frente a un PP que habría tumbado su revalorización. Por su parte, el PP confía en que algunos socios del Gobierno, especialmente Junts per Catalunya, puedan abstenerse o votar en contra si no se retiran las medidas sobre inquiokupación.
El acuerdo catalán que complica el panorama
El contexto de la votación se ha vuelto más complejo tras el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya y ERC para impulsar el modelo de financiación singular catalán. El pacto, que implica una cesión de competencias fiscales equivalente a un sistema de cupo similar al vasco, ha generado tensiones con el PSOE y alimenta la incertidumbre sobre el comportamiento de Junts en el Congreso. El partido independentista, liderado por Carles Puigdemont, mantiene una postura ambigua sobre su apoyo al Gobierno en Madrid.
Según fuentes del entorno de Puigdemont, Junts no descarta replantear su respaldo al Ejecutivo si considera que el acuerdo catalán no avanza adecuadamente o si el concierto económico resulta un fracaso. El portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha mantenido un discurso crítico en las últimas semanas, advirtiendo que su partido no regalará ningún voto al Gobierno. Esta posición refuerza la estrategia de Junts de mantener la presión sobre Sánchez para obtener contrapartidas políticas relacionadas con Cataluña, especialmente en materia de financiación autonómica.
El Gobierno se muestra públicamente optimista sobre el resultado de la votación, confiando en que la novedad de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras su entrada en prisión preventiva, beneficie al clima político y facilite los apoyos necesarios. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo reconocen que la votación será ajustada y que cualquier defección entre sus socios parlamentarios podría resultar fatal. El escudo social se convierte así en el primer termómetro del año para medir la capacidad de Sánchez de mantener cohesionada su mayoría parlamentaria en un año que se presenta como especialmente complejo para la estabilidad del Gobierno.
