La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, sostiene que el sistema «va a petar» y Vox defiende un modelo mixto con capitalización individual. Feijóo intenta contener el daño garantizando la revalorización con el índice de precios de consumo (IPC), mientras el Gobierno replica con datos de sostenibilidad y estudia adelantar la subida de las pensiones antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El futuro de las pensiones se ha instalado en el centro de la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, y lo ha hecho por iniciativa de la derecha. La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó en una entrevista que el modelo «hay que cambiarlo porque no funciona» y que el sistema actual «va a petar». Sus palabras rompen un consenso que los grandes partidos habían preservado durante décadas. También abren un debate sobre la viabilidad de la principal partida del gasto público, de la que dependen más de diez millones de personas.
La dirección del PP reaccionó con rapidez para contener el daño. Alberto Núñez Feijóo garantiza que revalorizará las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC). Fuentes de la sede de Génova dejan entrever que la posición de Muñoz no es la línea oficial del partido, aunque evitan desautorizarla. «Las pensiones son innegociables», remarcan esas fuentes, que vinculan la sostenibilidad del sistema al crecimiento de la economía y de la productividad. La corrección, sin embargo, no aclara qué reforma tiene en mente el principal partido de la oposición.
Vox propone un modelo mixto
Vox ha ido más allá y ha concretado su alternativa. Su portavoz económico, José María Figaredo, calificó el sistema de «zombi» y sostuvo que el Pacto de Toledo ya diagnosticó sus debilidades en 1998 sin que, en casi tres décadas, se hayan aplicado medidas correctoras. La solución que plantea la ultraderecha pasa por una reforma estructural hacia un esquema que combine el reparto con la capitalización individual. En la práctica, supone una privatización parcial del sistema, que Figaredo presenta como una fórmula aplicada «con éxito» en otros países europeos.
Los especialistas en Seguridad Social suelen subrayar el elevado coste de transición que implicaría ese cambio. En un sistema de reparto, las pensiones se pagan con las cotizaciones de quienes trabajan en cada momento, y desviar parte de esas aportaciones hacia cuentas individuales obligaría a financiar por otra vía las prestaciones en curso. La propuesta llega en un momento demográfico delicado, con la jubilación masiva de la generación del baby boom. Según la Seguridad Social, el gasto en pensiones contributivas alcanzó en 2025 los 189.598 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior.
Un historial que pesa sobre el PP
El traspié de Muñoz reaviva un problema recurrente para los populares. En la campaña de 2023, Feijóo sostuvo en una entrevista en Televisión Española (TVE) que su partido siempre había revalorizado las pensiones con el IPC, pese a que no lo hizo durante tres años. En el propio PP consideran que aquel error resultó decisivo para frustrar sus expectativas de gobernar. El partido votó además en contra de la reforma de 2021, que instauró la actualización de las prestaciones conforme a la evolución de los precios.
En los dos últimos años, los populares también votaron inicialmente contra los decretos de revalorización, que el Ejecutivo había mezclado con otras medidas, y solo los apoyaron cuando se tramitaron por separado. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, intentó desmontar en un vídeo en X lo que denomina «las mentiras del Gobierno». «Siempre hemos votado a favor de subir las pensiones», aseguró Bravo, que después matizó que el voto en contra respondía a la inclusión de la subida en paquetes legislativos más amplios.
El Gobierno defiende la sostenibilidad
La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, replicó a Muñoz en X que ve en sus palabras «la primera fase del ciclo de la privatización». Defendió además que el sistema público es sostenible y que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de la ciudadanía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevó el tono en un mitin en Zaragoza, donde advirtió de que PP y Vox, si llegan al poder, «firman la carta de defunción del Estado de bienestar».
Sánchez recordó que la reforma pactada con la Comisión Europea obliga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a revisar cada año la evolución del sistema. Según el presidente, esta institución considera garantizada su sostenibilidad gracias a las medidas aplicadas. Sánchez acusó al PP de pensar en «hacer negocio para unos pocos» y aseguró que la hucha de las pensiones pasará de los 5.000 millones que dejó Mariano Rajoy a más de 20.000 millones al final de la legislatura.
El Gobierno tampoco oculta su interés en mantener las pensiones en el centro de la campaña. Fuentes del Ejecutivo sostienen que valoran adelantar la revalorización de 2027 para aprobarla antes de las elecciones. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato adelantado del IPC de noviembre el día 27, último de la campaña, y la tendencia apunta a una subida del 3,5%. La fórmula jurídica es compleja, porque la actualización suele aprobarse en el último Consejo de Ministros del año con el dato definitivo.
El Pacto de Toledo nació en 1995 con el consenso de todo el arco parlamentario para apartar las pensiones de la pugna partidista y electoral. Durante años, ese compromiso funcionó. Las declaraciones de Muñoz y la propuesta de Vox lo quiebran en un momento en que más de diez millones de personas cobran una pensión y otros 22 millones de trabajadores aspiran a hacerlo algún día. Los mayores, el colectivo que más participa en los comicios, escuchan ahora a la derecha cuestionar abiertamente el modelo del que dependen.
