La Audiencia Nacional abrió este lunes la vista oral del caso Kitchen, el dispositivo parapolicial articulado desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para impedir que el extesorero Luis Bárcenas colaborara con la justicia en la investigación del caso Gürtel. En el Tribunal Supremo, el caso Koldo pone en el banquillo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, con una petición de 24 años de cárcel. Los dos procesos coinciden con el inicio de la precampaña de las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo.
La semana arrancó con dos grandes juicios abiertos de manera simultánea en Madrid. La Audiencia Nacional inició el lunes la vista oral del caso Kitchen, que sienta en el banquillo a diez acusados por el presunto uso de medios del Estado para espiar al ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. En el Tribunal Supremo, el caso Koldo exige cuentas al ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos, que afronta una petición de 24 años de cárcel por malversación y pertenencia a organización criminal.
La coincidencia de ambos procesos trasciende el ámbito judicial. Se abren a pocas semanas de las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, la cita más relevante del calendario electoral de 2026, en un momento en que PP y PSOE centran sus estrategias en la comunidad más poblada de España. El impacto sobre la precampaña ya es perceptible. Un miembro del Gobierno reconoció a El País el peso del calendario sobre el flanco socialista con una frase sin ambigüedad: «Mientras dure el juicio no vamos a poder recuperarnos».
Interior contra su propio tesorero
El caso Kitchen tiene su origen en 2013, cuando el PP atravesaba la peor crisis de su historia reciente a causa de la investigación del caso Gürtel —la trama de financiación ilegal que había nutrido al partido durante más de una década— y de la publicación de los papeles de Bárcenas. Según las conclusiones del juez instructor Manuel García-Castellón, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, habría activado un dispositivo parapolicial con fondos reservados para robar documentación comprometedora del extesorero antes de que pudiera entregársela a los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción reclama para él 15 años de prisión.
El operativo, bautizado con el nombre en clave de Kitchen en referencia al chófer-cocinero infiltrado, movilizó a 52 agentes y consumió 57.943 euros de fondos reservados. Incluyó la vigilancia del entorno familiar de Bárcenas y el acceso a sus dispositivos electrónicos. El propio Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, figuran entre los testigos citados, con declaraciones previstas para el 23 de abril. Fernández Díaz ha negado de forma sistemática haber impartido ninguna orden al respecto, y su defensa sostiene que nunca tuvo conocimiento de la captación del chófer Sergio Ríos como confidente.
Las mascarillas y el flanco socialista
El caso Koldo presenta una naturaleza diferente. Su origen se sitúa en el verano de 2020, cuando la pandemia de covid-19 generó una demanda sin precedentes de material sanitario. El exministro Ábalos, según el instructor Leopoldo Puente, facilitó que Puertos del Estado y la empresa pública de infraestructuras ADIF adjudicaran contratos de mascarillas a la empresa del comisionista Víctor Aldama, a cambio de beneficios personales. Ábalos se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y será conducido al Tribunal Supremo en furgón desde el centro penitenciario.
El esquema de pagos discurrió a través de Koldo García, ex chófer convertido en asesor de Ábalos, que actuó como intermediario entre el entonces ministro y el entorno de Aldama. En la causa obran mensajes que sitúan a cargos políticos de alto nivel en el perímetro de la trama. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, que era presidenta del Govern de Baleares cuando se adjudicaron los contratos, ha sido citada como testigo y declarará por escrito. Fuentes socialistas en Andalucía resumieron con dos palabras el ambiente interno ante la apertura simultánea de los dos juicios: «Pintan bastos».
Dos banquillos en campaña
Las estrategias defensivas de PP y PSOE ante los dos procesos presentan una estructura análoga: ambos partidos intentan desligar a su dirección actual de los hechos que se juzgan. El PP subraya que Fernández Díaz era un cargo del Gobierno de Rajoy y que la actual organización no está imputada. Un colaborador próximo a Alberto Núñez Feijóo concretó esa tesis en los términos que se repiten en el entorno del líder conservador: «La trayectoria política de Feijóo es impecable, no tiene ni un solo consejero imputado».
En el flanco socialista el argumento también es defensivo. El PSOE sostiene que las conductas de Ábalos son individuales y ajenas a la organización del partido. Sin embargo, esa tesis resulta más difícil de mantener en el caso de un dirigente que fue durante años secretario de organización nacional y uno de los hombres más influyentes del socialismo español. El PP explota esa asimetría como argumento de precampaña, subrayando que el peso político del exministro imputado en el caso Koldo no tiene equivalente en el caso Kitchen.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, en un análisis publicado este domingo en El País, sitúa la coincidencia de los dos juicios en una perspectiva de fondo: la corrupción, argumenta, constituye «una de las causas directas del aumento de la desconfianza en la política». En Andalucía, donde el PP de Juanma Moreno busca renovar la mayoría absoluta de 2022, los dos procesos añaden una variable imprevista a una precampaña que ya se preveía complicada para los socialistas, históricos gobernantes de la comunidad hasta 2018.
