La alianza de las derechas y los nacionalistas catalanes deroga el Real Decreto-Ley que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la prórroga de medidas de protección a personas vulnerables. La votación se salda con 178 votos en contra frente a 171 a favor. El Gobierno deberá presentar un nuevo texto si quiere mantener el incremento para los más de diez millones de pensionistas.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha derogado este martes el Real Decreto-Ley del llamado “escudo social”, que incluía la revalorización de las pensiones y diversas medidas de protección para colectivos vulnerables. El resultado de la votación refleja una ajustada mayoría en contra, con 178 diputados rechazando el texto frente a 171 que lo respaldaban. PP, Vox, Junts y UPN han unido sus votos para tumbar la norma, mientras que el resto de las formaciones parlamentarias la han apoyado.
El decreto ley había sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y entró en vigor inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, como toda normativa de este rango, requería ser convalidada por el Congreso para mantener su vigencia. El rechazo parlamentario implica que todas las medidas contenidas en el texto decaen automáticamente una vez se publique el resultado de la votación en el BOE.
Considerado un “decreto ómnibus”, al incluir una pléyade de medidas, este contemplaba la revalorización de las pensiones en un 2,7% con carácter general, calculado conforme a la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Las pensiones mínimas experimentaban incrementos más elevados, entre el 7 y el 11,4%, según los casos. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también se revalorizaban un 11,4%.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha garantizado que los más de diez millones de pensionistas cobrarán la nómina de enero con la subida prevista, dado que la norma estuvo vigente hasta la votación de este martes.
Una votación ajustada con precedentes
El rechazo del decreto del escudo social reproduce casi punto por punto lo sucedido hace exactamente un año. En enero de 2025, PP y Junts tumbaron también un decreto similar argumentando que mezclaba la subida de las pensiones con otras medidas de protección social. Entonces, el Gobierno presentó semanas después un nuevo texto que incluía exclusivamente la revalorización de las pensiones, que fue aprobado con el respaldo de populares y nacionalistas catalanes justo antes del pago de la nómina de febrero.
La estrategia de ambas formaciones parece calcada. Tanto PP como Junts sostienen que respaldan plenamente la subida de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo, pero rechazan que el Ejecutivo incluya esta medida en un paquete normativo junto a otras disposiciones con las que no están de acuerdo. En esta ocasión, el principal punto de fricción vuelve a ser la prórroga de la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.
El Partido Popular había anunciado inicialmente que votaría en contra también del segundo decreto sometido a convalidación este martes, relativo a las ayudas al transporte público. Sin embargo, en el último momento decidió abstenerse, lo que permitió que ese texto saliera adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Vox fue la única formación que votó en contra de las bonificaciones al transporte. Este cambio de posición del PP evidencia la tensión interna sobre cuánto puede arriesgarse la formación de Alberto Núñez Feijóo a aparecer bloqueando medidas de alcance social.
La justificación de PP y Junts: «pensiones sí, inquiokupación no»
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, justificó el voto negativo de su formación señalando que el Gobierno ha vuelto a aprobar un «decreto ómnibus» que mezcla cuestiones de distinta naturaleza. Muñoz acusó al Ejecutivo de utilizar a los pensionistas como rehenes para obtener el respaldo parlamentario a medidas controvertidas como la moratoria de desahucios, que los populares equiparan con protección a la «inquiokupación ilegal».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había adelantado la posición de su partido en una entrevista radiofónica el lunes. Feijóo afirmó que si el Gobierno quería la revalorización de las pensiones, debía aprobar «un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones». El dirigente popular añadió que no estaba dispuesto a respaldar acuerdos con EH Bildu que impliquen «que la gente que no paga la renta se mantenga en su casa a costa del propietario».
Junts per Catalunya ha seguido una línea argumental similar. La portavoz de la formación independentista en el Congreso, Miriam Nogueras, resumió la postura de su grupo con una frase categórica durante el debate parlamentario: «Pensiones sí, ocupación no. No pueden obligarnos a votar sí y a que te ocupen el piso». Los nacionalistas catalanes presentaron el lunes su propia proposición de ley para blindar la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC, intentando así protegerse de la acusación de haber tumbado una medida de amplio respaldo social.
Vox, por su parte, mantuvo su rechazo frontal tanto al decreto del escudo social como al de las ayudas al transporte. La formación de Santiago Abascal considera que el Gobierno premia la «ilegalidad» y fomenta políticas asistencialistas que sobrecarga los servicios públicos. La portavoz de Transportes de Vox en el Congreso, Carina Mejías, llegó a afirmar que el decreto de transporte tendría que haber sido retirado del orden del día tras los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.
El decreto de transporte sí sale adelante
A diferencia de lo ocurrido con el escudo social, el segundo Real Decreto-Ley votado este martes sí obtuvo el respaldo parlamentario necesario. Este texto prorroga para 2026 las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, y crea el abono único nacional para servicios de Cercanías, Media Distancia, algunos trenes Avant y autobuses estatales.
La medida mantiene la gratuidad para menores de catorce años en servicios estatales de autobús, descuentos del 50% en abonos mensuales nominativos y del 70% en abonos jóvenes hasta los 26 años. Las comunidades autónomas y entidades locales recibirán ayudas para aplicar descuentos similares en sus redes de transporte, con la novedad de que el Gobierno financiará íntegramente el 20% de bonificación sin exigir aportación autonómica.
El decreto de transportes ha sido convalidado con la abstención del PP, el voto en contra de Vox y el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Algunos socios habituales del Gobierno, como EH Bildu, Compromís, Coalición Canaria y BNG, respaldaron el texto pero exigieron que las bonificaciones dejen de ser prórrogas temporales y se conviertan en permanentes mediante una ley específica. ERC y Junts votaron a favor pese a sus críticas al estado del servicio de Rodalies en Cataluña tras los recientes accidentes.
Reacciones cruzadas: Gobierno acusa, oposición defiende
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había defendido el decreto del escudo social antes de la votación apelando a la coherencia de los grupos parlamentarios. Bolaños señaló que votar a favor significaba «subir las pensiones, garantizar el suministro de agua y energía a personas con bajos recursos, evitar desahucios de gente que no tiene dónde ir» y ayudar a afectados por la DANA y los incendios forestales.
Tras conocerse el resultado, Bolaños declaró en los pasillos del Congreso que «hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas», en referencia a PP, Vox, Junts y UPN. El ministro subrayó que trece millones de pensionistas se han visto afectados por el voto de las derechas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue más allá al afirmar que el PP «les ha quitado los cincuenta euros que los pensionistas ya estaban percibiendo en su pensión» y pidió a los ciudadanos que tomen nota del comportamiento de los partidos.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, criticó las «piruetas retóricas» de la derecha y acusó a PP y sus aliados de utilizar a las personas vulnerables y a los pensionistas como rehenes. Desde Sumar, su coordinadora Lara Hernández afirmó que el voto en contra demostraba que PP y Junts habían «dimitido de la legislatura» y reprochó a los populares que luego defiendan que siempre subieron las pensiones cuando gobernaban.
El Gobierno deberá ahora presentar un nuevo decreto que incluya exclusivamente la revalorización de las pensiones si quiere obtener el respaldo de PP y Junts. La experiencia del año pasado indica que esa estrategia puede funcionar, aunque deja en el aire todas las demás medidas de protección social que contenía el decreto tumbado. El Ejecutivo tendrá que decidir si acepta separar las políticas o si insiste en mantener un paquete integrado de escudo social.
