La Cámara Baja rechaza en una sesión extraordinaria los dos reales decretos aprobados el martes tras el desahucio de Maricarmen. El paquete principal, con la suspensión de desahucios y el veto a las compras de los grandes fondos, cae con los votos de la derecha, la ultraderecha y Junts. La prórroga automática de los alquileres suma además el rechazo de PNV y Coalición Canaria y deja la legislatura al borde de las urnas.
El Congreso de los Diputados tumbó este viernes los dos reales decretos de vivienda que el Consejo de Ministros había aprobado el martes. El Partido Popular (PP), Vox y Junts sumaron sus votos para derogar el primero, que reunía el grueso de las medidas negociadas con los socios de investidura. El segundo, limitado a la prórroga automática de los contratos de alquiler, cayó además con el rechazo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC). La votación se hizo por llamamiento, con cada diputado pronunciando su voto desde el escaño, mientras cientos de personas la seguían por el móvil frente a la Cámara.
El resultado liquida en cuatro días la respuesta del Gobierno al desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada por un fondo del piso madrileño en el que vivía desde hacía siete décadas. Su caso desató la acampada en la Puerta del Sol, las concentraciones en plazas de toda España y una negociación a contrarreloj. Los textos llegaron a estar en vigor y en Manresa se suspendió un desahucio al amparo del llamado «decreto Maricarmen». Esa protección decae ahora con la derogación, a la espera de que el Ejecutivo decida cómo paliar sus consecuencias.
Lo que contenían los decretos
El primer decreto era el más amplio. Prohibía hasta 2028 desahuciar a personas vulnerables, congelaba las subidas del alquiler y vetaba temporalmente la compra de vivienda por parte de grandes fondos. También regulaba el alquiler de temporada y por habitaciones, blindaba el control de precios en zonas tensionadas, reconocía a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto y suprimía ventajas fiscales de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi). Añadía financiación al 0% para la entrada de la primera vivienda y endurecía el control y el IVA de los pisos turísticos.
Junto a esas medidas, reclamadas por la izquierda y los movimientos sociales, el texto incorporaba bonificaciones fiscales para inquilinos y «buenos caseros», además de protección para los pequeños propietarios. Eran concesiones pensadas para Junts, y en Moncloa confiaban en que bastaran al menos para su abstención. El segundo decreto se ceñía a la renovación automática de los contratos, la medida que más respaldo concitaba en las acampadas. El Gobierno la separó del resto precisamente para que no arrastrara al paquete principal.
Junts cambia de bando a última hora
Hasta el jueves, todo apuntaba a que Junts permitiría convalidar el primer texto. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había asegurado que se negoció «durante meses» con todo el bloque de investidura. El PNV y CC anunciaron su apoyo a ese decreto y Podemos votó a favor de ambos por mandato de los movimientos sociales. Pero la dirección de Junts, reunida horas antes del pleno, decidió por unanimidad, según la propia formación, rechazar los dos. Pidió además al Gobierno que los retirara, algo que Moncloa descartó para que cada grupo se retratara.
En la tribuna, Rodríguez recordó que el primer texto recogía «el 90%» de las propuestas de Junts y reprochó al PP su «incomparecencia». Advirtió de que «los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara». La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, centró su intervención en el fondo de las medidas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, respondió con su ataque más duro a la derecha catalana, a la que acusó de haber cambiado de enseña. «Su bandera hoy es un billete de 50 euros», le espetó.
El argumento del PP sobre Maricarmen
El PP defendió su voto con un argumento centrado en el caso que originó los decretos. Su vicesecretario Juan Bravo sostuvo que las medidas no habrían evitado el desahucio de Maricarmen. El texto permitía a los jueces levantar la suspensión si el inquilino rechazaba «sin causa justificada» una «alternativa habitacional» ofrecida por la Administración. En su caso, la Comunidad de Madrid le ofreció una plaza en una residencia pública a kilómetros de su casa. Para los populares, esa oferta habría bastado para ejecutar igualmente el desalojo.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, elevó el tono contra la derecha. «Pueden gritar muy alto «España» o «Cataluña», pero van a votar contra su pueblo para ondear la bandera del rentismo», afirmó antes de definir la jornada como un «conflicto de clase». El Gobierno recordó además que, según las encuestas, la mayoría de los votantes del PP y de Vox respaldan intervenir el mercado de la vivienda. A juicio del Ejecutivo, el voto de la derecha y la ultraderecha contradice así a su propio electorado.
Cuando el debate parecía cerrado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, abrió un turno a petición de varios portavoces. Pedro Sánchez se levantó entonces por sorpresa y habló unos cinco minutos desde la tribuna. «Estas personas existen, son reales, y son nuestros compatriotas, voten lo que voten», dijo sobre los afectados por la crisis de la vivienda. Negó cualquier extremismo en los textos, fruto según él de meses de análisis técnico y negociación. Y lanzó una última advertencia a PP y Junts. «Hagan lo correcto, porque si no la historia les juzgará antes de lo que creen».
No sirvió. Tras la votación, varios miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid lanzaron papeles en la tribuna y gritaron que «los fondos buitre gobiernan el Congreso». Fuera, los manifestantes que habían cortado la Carrera de San Jerónimo regresaron a Sol entre abucheos. Dentro, el Gobierno abría un periodo de reflexión sobre el futuro de la legislatura, con el adelanto electoral ya sobre la mesa.
