La formación morada confirmó este viernes su voto favorable al decreto del Gobierno aunque considera que las protecciones «han decrecido» tras el pacto con el PNV. Irene Montero acusó al Ejecutivo de hacer «política de titulares» y recurrir a «chapuzas» que ponen en riesgo los derechos de las familias vulnerables. El texto enfrenta un escenario parlamentario incierto tras el anuncio de Junts de votar en contra, lo que podría tumbar nuevamente el llamado escudo social.
Podemos votará a favor del decreto del escudo social del Gobierno pese a haber calificado de «pacto criminal» el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para modificar la moratoria antidesahucios. La formación morada confirmó este viernes su respaldo a un texto que considera insuficiente y que supone un recorte de las protecciones a las familias vulnerables, en una decisión que refleja el difícil equilibrio entre la defensa de sus principios programáticos y la responsabilidad de no bloquear medidas sociales que benefician a millones de ciudadanos. La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, anunció la posición durante una entrevista en el programa de TVE La hora de la 1, donde no escatimó críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
«Que las familias no tengan ninguna duda de que Podemos va a estar ahí para proteger sus derechos. Cuando venga el decreto en el que se protege a las familias, incluso aunque ha decrecido esa protección, nosotras vamos a votar a favor», afirmó Montero. La dirigente morada advirtió sin embargo que el problema de fondo radica en que «en este país necesitamos un Gobierno que proteja a la gente y eso ahora no lo tenemos». Podemos considera que la gestión del Ejecutivo mediante sucesivos cambios y negociaciones de última hora constituye una «dejadez de funciones» que está sirviendo de «alfombra roja para las derechas», según expresó Montero durante su intervención.
Montero confirma el voto favorable pese a las críticas
La secretaria política de Podemos acusó al Gobierno de «hacer política de titulares» y recurrir a «una chapuza tras otra» en la gestión del escudo social. «Cada vez que nos exponen a otra chapuza, a otro cambio y a otra negociación, lo que se están poniendo en juego son los derechos de la gente», criticó Montero. La eurodiputada recordó que Podemos propuso hace un año renovar el escudo social por un periodo de cuatro años, cuando la correlación de fuerzas en el Parlamento lo permitía, lo que habría evitado la situación actual de incertidumbre y negociaciones precipitadas.
La dirigente morada enfatizó que «todo el mundo sabe para qué van a estar los votos de Podemos, para defender a las familias», despejando así las dudas sobre la dirección de su voto tras las durísimas críticas vertidas por la secretaria general de la formación, Ione Belarra, quien había llegado a calificar el pacto con el PNV de «criminal» y afirmó que le producía «un asco absoluto». Belarra había advertido días atrás que el Gobierno «se ha equivocado de manera rotunda, un error garrafal y monumental» al dividir el decreto ómnibus y ceder a las exigencias del PNV, advirtiendo que esta decisión podría dejar «a miles de personas en la calle».
Montero subrayó que el Gobierno debe «hacer todo lo que haga falta» para impedir que sigan produciéndose desahucios sin alternativa habitacional, calificando esta situación de «violación muy grave de derechos básicos». La eurodiputada planteó al Ejecutivo una pregunta directa: «¿Gobernáis para estar bien con Junts o con el PNV, o para proteger a la gente?», advirtiendo que la gestión gubernamental está contribuyendo al crecimiento de la ultraderecha. Según Montero, la legislatura se encuentra «en una situación crítica» porque, amparándose en la técnica parlamentaria, «lo que siempre se pone en duda son los derechos de la gente».
El pacto con el PNV que irrita a Podemos
Las declaraciones de Podemos se producen después de que el Partido Nacionalista Vasco anunciara un acuerdo con el PSOE para impulsar una nueva redacción de la moratoria antidesahucios incluida en el escudo social. El pacto establece que la medida dejará de afectar a los propietarios de un máximo de dos viviendas, limitando su aplicación a los propietarios de tres o más inmuebles y solo cuando exista un contrato previo y el casero no sea también una persona vulnerable. Esta modificación supone un cambio sustancial respecto al decreto original que el Gobierno había negociado con EH Bildu.
El acuerdo especifica que para que opere la suspensión de desahucios, el inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Una vez que la Administración de Justicia dé traslado de dicha acreditación al propietario de la vivienda, este tendrá diez días para acreditar ante el juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica, en riesgo de situarse en ella en caso de adoptarse la medida de suspensión del lanzamiento, o bien que es titular de dos o menos viviendas. Corresponderá a los servicios sociales competentes buscar alternativa habitacional de emergencia para los vulnerables.
El Gobierno había dotado con 300 millones de euros una línea de avales para cubrir a pequeños propietarios en caso de impago, aunque esta medida no ha logrado satisfacer ni a Podemos, que considera insuficiente la protección final a las familias vulnerables, ni a Junts, que considera excesiva la carga para los propietarios. Belarra sostuvo que fragmentar el decreto original «no iba a poner más fácil aprobarlo, sino que lo iba a poner más difícil», acusando al PSOE de ceder al PNV y permitir que «se pueda desahuciar a más familias».
Junts mantiene su rechazo y amenaza el decreto
El escudo social enfrenta un escenario parlamentario incierto tras el anuncio de Junts per Catalunya de mantener su voto en contra del decreto. La portavoz posconvergente, Miriam Nogueras, declaró que votarán en contra de la norma por considerar que la protección antidesahucios «no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta». Fuentes de la dirección del grupo parlamentario de Junts confirmaron que «a falta de leer la letra pequeña, podemos confirmar que votaremos en contra», rechazando lo que califican como «chantajes y mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez».
El partido independentista sostiene que el acuerdo pactado con el PNV resulta insuficiente y mantiene que la medida «hace pagar el coste del escudo social al pequeño propietario y a los vecinos». Desde Junts consideran que limitar la protección a propietarios de una sola vivienda resulta arbitrario y que muchos pequeños propietarios con dos o tres pisos en alquiler quedan desprotegidos. «La medida pactada con el PNV no sólo no va a solucionar el problema, sino que es injusta», aseguran fuentes del partido, que defienden que las políticas de protección contra desahucios generan inseguridad jurídica y perjudican a personas que pierden el derecho a disfrutar de su vivienda.
La formación de Carles Puigdemont ha confirmado sin embargo su apoyo al decreto separado que recoge exclusivamente la revalorización de las pensiones, que saldrá adelante con una mayoría amplísima al contar también con el respaldo del Partido Popular. Esta división del decreto ómnibus original permite al Gobierno garantizar la subida de las pensiones para diez millones de jubilados, pero deja en el aire las veintiuna medidas del escudo social.
Un escenario parlamentario ajustado
El llamado escudo social es un paquete de medidas que incluye la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de los cortes de suministros de agua, luz y gas a los consumidores vulnerables, y otras protecciones que decayeron el 31 de diciembre de 2025. Un mes después, el Gobierno todavía no ha conseguido reunir los apoyos necesarios para garantizar su convalidación en el Congreso. El primer intento fracasó la semana pasada cuando PP, Vox y Junts tumbaron un decreto ómnibus que agrupaba pensiones y escudo social.
Para sacar el decreto social adelante, el Gobierno necesitaría el sí de Podemos y, como mínimo, la abstención de Junts, o bien el respaldo de ambas formaciones aunque una se abstuviera. El cálculo gubernamental pasaba por ganar el apoyo del PNV mediante concesiones en la moratoria antidesahucios y confiar en que ese movimiento facilitara la abstención de Junts. Sin embargo, esta estrategia ha generado el efecto contrario: mientras el PNV confirma su respaldo, Junts anuncia su voto en contra y Podemos, aunque votará a favor, critica duramente las cesiones realizadas. El resto de socios habituales del Gobierno, como EH Bildu, BNG o Coalición Canaria, se muestran prudentes a la espera de estudiar la letra pequeña del texto final.
