La Fiscalía General de México abrió esta semana una investigación que podría reactivar uno de los capítulos más oscuros de la política mexicana reciente. El caso involucra al expresidente Enrique Peña Nieto, el software de espionaje Pegasus y un supuesto soborno millonario. La historia mezcla poder, vigilancia y corrupción, ingredientes ya habituales en la escena nacional.
Todo comenzó el pasado viernes, cuando el diario israelí The Marker reveló que dos empresarios israelíes, inmersos en una disputa legal, declararon haber entregado 25 millones de dólares a Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software Pegasus durante su sexenio (2012-2018). La acusación no tardó en sacudir la opinión pública. El expresidente respondió rápido: calificó la información como «totalmente falsa» y aseguró que carece de sustento, tanto en redes sociales como en entrevistas radiales.
Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación de oficio. «Nosotros abrimos una carpeta», confirmó el fiscal general Alejandro Gertz durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. «Vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron, de carácter mediático, la podamos incorporar» a la pesquisa, añadió.
El software Pegasus no es nuevo para México. Fue adquirido por primera vez en 2011, y desde entonces su historia ha estado ligada a denuncias de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y hasta sacerdotes. Activistas y organizaciones como Artículo 19 documentaron su uso indebido durante el mandato de Peña Nieto, pero también durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pese a promesas de erradicar la vigilancia ilegal.
Pegasus es un programa capaz de infiltrarse en teléfonos móviles sin que la víctima lo note, permitiendo el acceso a mensajes, correos, ubicaciones y micrófonos. Fue desarrollado por NSO Group, empresa israelí vinculada a controversias en América Latina, África y Medio Oriente por la venta de estas herramientas a gobiernos con historiales de espionaje interno.
En México, Pegasus se convirtió en sinónimo de miedo para periodistas y opositores. Se filtraron listas de objetivos que incluían a comunicadores asesinados, como Cecilio Pineda, y a defensores de derechos humanos en Guerrero, Veracruz y Ciudad de México. La compra y el uso de este software marcaron la era Peña Nieto con el sello de la sospecha.
Ahora, la denuncia sobre el pago de 25 millones de dólares a cambio de contratos añade un capítulo más a la saga. No es solo un caso de espionaje. Es un posible esquema de corrupción internacional que conecta a empresarios israelíes con altos cargos mexicanos y revela cómo el negocio del software de vigilancia se sostiene, muchas veces, gracias a sobornos y favores políticos.
El fiscal Gertz recordó que su institución logró procesar a personas vinculadas al espionaje con Pegasus, pero también admitió las dificultades para cooperar con Israel. Citó como ejemplo el fallido intento de extraditar a Tomás Zerón, exfuncionario investigado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quien reside en ese país.
Pero Peña Nieto insiste en su inocencia. Su respuesta fue clara: «Es una insinuación completamente carente de sustento». Sin embargo, el expresidente vive en España desde 2020, alejado de la política y protegido por redes de poder que aún lo arropan. Esta investigación reabre la discusión sobre su legado, marcado por escándalos como Odebrecht, la Casa Blanca y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La historia de Pegasus en México es la historia de un país donde el espionaje político sigue siendo una herramienta de control. Donde la vigilancia no se usa para perseguir criminales, sino para vigilar a los críticos. Y donde el dinero, como siempre, fluye para garantizar contratos y lealtades.
La investigación recién comienza. Quizá termine archivada, como tantos otros expedientes de corrupción en México. Pero por ahora, el caso recuerda que, detrás de cada software espía, hay gobiernos dispuestos a pagar millones para vigilar a sus propios ciudadanos. Y si estos pagos se confirman como sobornos, la tragedia mexicana será doble: espiar a la gente y robar su dinero al mismo tiempo.
