El expresidente peruano Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva. El Poder Judicial desestimó su nuevo intento por quedar en libertad, tras más de dos años de proceso por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La defensa del exmandatario alegó esta vez que los fiscales a cargo del caso no tendrían competencia legal, al no ser titulares del Ministerio Público. El argumento fue desechado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien recordó que la ley permite a los fiscales adjuntos actuar en representación del despacho supremo, como ocurre habitualmente en causas similares.
No se trata de una discusión técnica. Castillo sigue buscando una salida jurídica donde el proceso avanza con pruebas claras y antecedentes firmes. La prisión preventiva fue confirmada y extendida hasta diciembre de 2025. La solicitud de que se le impusiera comparecencia restringida quedó descartada de plano.
Durante la audiencia, Castillo volvió a proclamarse “presidente de la República” y cuestionó a jueces y fiscales por su carácter “provisional”. También comparó su caso con el de Alberto Fujimori, ignorando que el juicio al exdictador también contó con jueces no titulares en el tribunal.
El expresidente Castillo parece insistir en un discurso político que no tiene eco legal. Las decisiones judiciales no giran sobre su versión de los hechos, sino sobre los elementos de convicción que el Ministerio Público ha reunido contra él.
Su permanencia en el penal de Barbadillo es consecuencia directa de aquel 7 de diciembre, cuando pretendió cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial y gobernar por decreto. Hoy, a falta de nuevos elementos y con una defensa que repite objeciones formales, la prisión preventiva sigue siendo la medida que el sistema judicial considera necesaria.
