Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Las nueve enmiendas populares eliminan la vía excepcional de la carta de naturaleza y la posibilidad prevista para los descendientes. El cambio reduce la carga histórico-política de la norma y puede aliviar algunos de los aspectos más sensibles para Rabat. Pero el desenlace volverá al Congreso, donde los siete diputados de Junts podrían desempeñar un papel determinante.
La ley española destinada a facilitar el acceso a la nacionalidad de los saharauis ha cambiado sustancialmente durante su paso por el Senado. El Partido Popular, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha presentado nueve enmiendas que alteran el mecanismo aprobado por el Congreso y desplazan el centro de gravedad de la norma hacia la nacionalidad por residencia.
El texto aprobado por el Congreso contemplaba una vía excepcional para los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, que podían solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza incluso sin residir legalmente en España. También abría una posibilidad específica para sus descendientes de primer grado.
La norma ya establecía, además, que los saharauis pudieran acceder a la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España, en lugar de los diez exigidos con carácter general. Por eso, el cambio fundamental del PP no consiste en introducir ese plazo, sino en eliminar la vía extraordinaria que no exigía residencia previa y suprimir el mecanismo destinado a los descendientes.
Del pasado colonial a la residencia
Las enmiendas transforman así una norma concebida en buena medida desde la excepcionalidad histórica en una reforma mucho más centrada en el Código Civil y en el requisito de residencia. El texto salido del Congreso vinculaba directamente la antigua administración española del Sáhara con el reconocimiento de un acceso excepcional a la nacionalidad, presentado por sus defensores como una forma de reparación histórica.
La propuesta del PP atenúa esa dimensión. Los saharauis conservarían un trato diferenciado mediante el plazo reducido de dos años, pero desaparecería el acceso excepcional basado directamente en haber nacido bajo administración española. También se elimina la posibilidad prevista para los descendientes, mientras que la acreditación de la condición de saharaui quedaría sometida a un posterior desarrollo reglamentario.
Desde el punto de vista diplomático, la modificación tampoco es irrelevante. Marruecos mantiene como posición oficial que la solución al conflicto debe producirse en el marco de su soberanía y de su propuesta de autonomía, por lo que una legislación española que establezca un estatuto excepcional vinculado directamente al antiguo Sáhara Español puede adquirir una dimensión política que va mucho más allá del derecho de nacionalidad.
Las modificaciones del PP reducen precisamente esa carga histórica y, en ese sentido, puede hablarse de una convergencia parcial con determinados intereses de Rabat. Pero eso no equivale a un alineamiento político: el PP continúa reconociendo específicamente a los saharauis del Sáhara Occidental y mantiene para ellos un trato más favorable que el régimen general de residencia.
Tampoco existe hasta ahora ningún elemento público que permita afirmar que las enmiendas hayan sido solicitadas por Marruecos o negociadas con Rabat. Una coincidencia de efectos diplomáticos no demuestra por sí sola una coordinación política, y conviene distinguir claramente entre ambas cosas.
Los siete escaños de Junts
El capítulo decisivo puede escribirse cuando el texto abandone el Senado y vuelva al Congreso. La proposición fue aprobada el 10 de septiembre por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, entre ellas las del PP y Junts, lo que convierte ahora la posición de la formación catalana en una de las principales incógnitas del desenlace.
Junts dispone de siete diputados, un número suficiente para adquirir un peso considerable si la votación sobre las enmiendas vuelve a producirse con bloques muy ajustados. El Congreso puede aceptar o rechazar por mayoría simple los cambios introducidos por el Senado, de modo que cada abstención, ausencia o modificación del voto puede alterar el resultado final.
La abstención anterior de Junts no debe interpretarse, sin embargo, como proximidad a la posición de Rabat. La formación catalana ha defendido el derecho de autodeterminación saharaui y ha presentado la cuestión de la nacionalidad como una deuda histórica española, aunque también expresó reservas sobre la estrategia seguida por el PSOE y sobre determinados aspectos de la tramitación.
Ahí reside una de las paradojas políticas de la ley: los siete diputados de una formación cuya posición sobre el Sáhara se distancia claramente de la marroquí podrían influir en el destino de unas enmiendas que reducen algunos de los elementos del texto potencialmente más sensibles para Rabat.
El asunto ya no puede leerse, por tanto, únicamente como un enfrentamiento entre PP y PSOE. En esta ley confluyen la memoria del antiguo Sáhara Español, la política de nacionalidad, las relaciones con Marruecos y una aritmética parlamentaria extraordinariamente ajustada. El PP ha movido sus piezas en el Senado; el siguiente movimiento puede corresponder a Junts.
