El inspector Manuel Morocho, investigador del caso Gürtel, declaró este miércoles en el juicio por la operación Kitchen que recibió presiones de «toda la cadena de mando» para excluir a Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal de sus informes sobre la caja b del Partido Popular. También describió una operación policial contra Luis Bárcenas sin amparo judicial y el intento de apartarle del caso con una oferta de destino en una embajada.
La Audiencia Nacional acogió este miércoles la declaración como testigo de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, en el juicio oral por la operación Kitchen. La causa juzga una presunta trama parapolicial articulada desde el Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular (PP) para vigilar al extesorero del partido, Luis Bárcenas, y sustraer documentación comprometedora para sus dirigentes. Morocho investiga la causa Gürtel desde 2007 y denunció a lo largo de la instrucción presiones sistemáticas de sus superiores.
Ante el tribunal, el inspector ratificó haber constatado «una operación policial, sin autorización judicial, sobre Bárcenas y su entorno». El hallazgo se produjo cuando recibió, a través de la plataforma Gatti de intercambio de inteligencia criminal, una nota firmada por uno de los acusados, Andrés Gómez Gordo, que incluía el nombre de Bárcenas junto a personas, domicilios y vehículos relacionados con el procedimiento. Los datos no aportaban información nueva, explicó Morocho, salvo los que procedían de vigilancias realizadas «sin control judicial».
La nota que lo constató todo
El documento recibido en agosto de 2015 a través de la plataforma Gatti contenía también los nombres de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y otros tres individuos de su entorno. El inspector señaló que la información «no aportaba nada nuevo»: todos los datos eran ya conocidos por la causa Gürtel, salvo aquellos que procedían de «unas vigilancias» sin autorización judicial. Morocho apuntó además que la nota consignaba un número de calle erróneo para el estudio de restauración de muebles de la esposa de Bárcenas, error que calificó de intencionado.
La Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces bajo la responsabilidad del comisario Eugenio Pino, no constituye una unidad de investigación sino un órgano central de supervisión y coordinación de las distintas unidades operativas. Sin embargo, fue esa instancia la que cedió la nota a través del sistema Gatti, sin que mediara la metodología habitual de conexión entre investigaciones secretas. Morocho había afirmado no haber solicitado apoyo alguno a esa instancia para la pesquisa sobre la financiación irregular del PP.
Las instrucciones para excluir a Rajoy
Uno de los ejes del testimonio fue la presión sistemática que Morocho dijo haber recibido de sus superiores para que los nombres de cargos políticos del PP no figuraran en sus informes sobre la caja b del partido. El inspector identificó a cuatro mandos que le transmitieron «todo tipo de objeciones»: José Manuel Álvarez Luna, el señor Gudilla, Manuel Vázquez —entonces jefe de la UDEF— y el señor Losada. Morocho ratificó además que recibió instrucciones para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en sus informes, aunque declinó identificar al superior que se las transmitió.
El caso de María Dolores de Cospedal también salió a relucir en la sala. La letrada de la acusación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) le preguntó si se había excluido el nombre de la exministra, y Morocho respondió afirmativamente. En cuanto a Ignacio López del Hierro, entonces marido de Cospedal y empresario vinculado al comisario José Manuel Villarejo, el inspector relató que uno de sus superiores le llamó por teléfono para decirle que había cometido «un gran error» al incluir ese nombre en los documentos y que era necesario retirarlo. El inspector se negó.
El intento de apartar al investigador
Las presiones sobre Morocho no se limitaron a la injerencia en sus informes. Sus superiores le ofrecieron un destino «bien retribuido» en una embajada, con posibilidad de elegir el país, para alejarlo de la investigación del caso Gürtel, exigiéndole previamente que entregara los informes sobre los papeles de Bárcenas. El inspector rechazó la propuesta. «Dije que no por mi compromiso con el magistrado, la instrucción y la sociedad», declaró ante el tribunal. En 2015 fue trasladado a la DAO hasta agosto de 2016, destino que consideró concebido para entorpecer su trabajo al frente del caso.
«Y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto», le espetó el comisario Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), al conocerle; según relató Morocho, sus expedientes permanecían además semanas detenidos y circulaban por instancias ajenas al procedimiento. García Castaño fue posteriormente exonerado de la causa por motivos de salud. Morocho fue también investigado por la Unidad de Asuntos Internos bajo la acusación de filtrar información a una agencia de detectives, pesquisa que calificó de «totalmente prospectiva» y que no llegó a conclusión alguna.
La magistrada Teresa Palacios intervino en varios momentos para pedir al inspector que ciñera su declaración a lo preguntado por el Ministerio Fiscal. «Le ruego que se limite en las respuestas», le indicó en una de esas interrupciones. El letrado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz cuestionó el relato de Morocho durante el contrainterrogatorio y le preguntó si había dejado constancia escrita de las presiones denunciadas. El inspector respondió que había dado cuenta de ellas a los jueces instructores y que presentó una queja formal ante la Fiscalía Anticorrupción.
