El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, abrió este martes la ronda de consultas con el presidente del Parlamento autonómico para proponer un candidato a la investidura y apeló a Vox a cerrar el acuerdo «cuanto antes». La urgencia del barón popular tiene un argumento concreto: sin gobierno constituido antes de julio, los plazos para aprobar los presupuestos de 2027 quedan comprometidos. Las negociaciones, iniciadas el 9 de junio, transcurren en el hermetismo de ambas partes.
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, abrió este martes la ronda de consultas con el presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre, también del Partido Popular (PP), con vistas a proponer su candidatura a la investidura. En un acto en Jerez de la Frontera, en el que no admitió preguntas, Moreno trasladó con claridad el mensaje a su potencial socio de gobierno: «Espero y deseo que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura. Y espero y deseo también que en esa primera sesión haya un Gobierno». La frase resume la prioridad política del dirigente popular desde la noche del 17 de mayo: cerrar el acuerdo con Vox sin demoras.
Aguirre dispone hasta el 29 de junio para completar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. Una vez concluida esa fase, no existe un plazo legal estipulado para convocar el pleno de investidura, aunque el presidente de la Cámara ha manejado públicamente la primera quincena de julio como horizonte. El primer encuentro oficial entre PP y Vox se celebró el pasado 9 de junio. Desde entonces, las negociaciones avanzan en un hermetismo mutuo: fuentes del partido de Santiago Abascal se han limitado a señalar que las conversaciones van «bien», sin ofrecer más detalles sobre el contenido de los acuerdos en discusión.
El calendario presupuestario, argumento de la urgencia
La razón que Moreno aduce para justificar su prisa es de naturaleza técnica y tiene fecha límite. El proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 debe presentarse a finales del mes de octubre; quince días después de esa presentación debe celebrarse el debate de las enmiendas de totalidad. Ese calendario obliga a que el nuevo gobierno esté constituido y en condiciones de trabajar antes del verano. «Los presupuestos se trabajan en junio; llegamos tarde», reconoció Moreno. «Cuanto antes empecemos, más fácil será que sean aprobados en tiempo y forma», añadió el presidente en funciones, que consideró que la Junta ya va «tarde» para iniciar esa tarea.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, reforzó el argumento de la urgencia desde otro ángulo: la inexistencia de alternativa. «Moreno es el único que tiene posibilidades de salir elegido presidente de la Junta», señaló Repullo, que apeló al resto de grupos parlamentarios a «huir del tacticismo» y facilitar «la única investidura posible». Los tres grupos de izquierda —Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Por Andalucía y Adelante Andalucía— han descartado de forma explícita prestar los dos votos que le faltan a Moreno para ser investido con mayoría absoluta, por acción o por omisión. La aritmética parlamentaria deja así a Vox como único socio viable.
Vox y el modelo de las tres autonomías
La negociación entre PP y Vox en Andalucía se produce con el modelo de las tres coaliciones autonómicas ya en marcha como referencia. En Extremadura, Aragón y Castilla y León, ambas formaciones han firmado acuerdos que incluyen la denominada prioridad nacional como eje central de las competencias asumidas por Vox, junto a un programa compartido en materia fiscal, medioambiental, sanitaria y cultural. Moreno busca replicar ese esquema en la comunidad más poblada de España, aunque con matices: el PP andaluz ha insistido desde el inicio de las negociaciones en que el contexto electoral andaluz —Moreno obtuvo dos escaños más que la mayoría absoluta— hace su posición negociadora más sólida que la de sus homólogos en las otras tres comunidades.
El objetivo declarado del PP es gobernar «en solitario», según Repullo, aunque con la «estabilidad» que garantice una legislatura completa de cuatro años. Esa fórmula implica que Vox apoyaría la investidura y el gobierno desde fuera del Ejecutivo, sin consejeros propios, a diferencia de lo acordado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Fuentes de Vox no han confirmado ni desmentido esa estructura. El partido de Abascal ha centrado sus exigencias públicas en el sector agrícola y en la prioridad nacional, sin detallar el alcance institucional de su participación.
Fisuras internas en el PP andaluz
La negociación con Vox no transcurre sin tensiones dentro del propio PP. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, calificó en declaraciones a Onda Cero de «ilegal» y «anticonstitucional» el principio de prioridad nacional que defiende Vox, una expresión que figura expresamente en los acuerdos alcanzados entre ambos partidos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El secretario general del PP andaluz no quiso valorar esas declaraciones ante los medios, una elusión que refleja la incomodidad del aparato popular ante una crítica formulada desde dentro de sus propias filas.
Las organizaciones agrarias añadieron otra señal de alerta al proceso negociador al reclamar en un comunicado conjunto que Vox no asuma las competencias de Agricultura en el nuevo gobierno andaluz y que esa consejería no se convierta en una «moneda de cambio». Moreno optó por no responder directamente a esa demanda y se limitó a expresar su deseo de que el diálogo con Vox sea «fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces». La investidura del presidente en funciones sigue siendo el escenario más probable, pero la negociación avanza con más presiones internas de las que el hermetismo oficial permite ver.
