El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, pidió a Vox un acuerdo parlamentario para facilitar su investidura y rechazó compartir el Gobierno con la ultraderecha tras perder la mayoría absoluta por dos escaños en las elecciones del 17 de mayo. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, exigió como condición de partida la llamada prioridad nacional y descartó que fuera a suponer ningún obstáculo en la negociación.
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, llamó este lunes a Vox a facilitar un gobierno del Partido Popular (PP) en solitario mediante un acuerdo de apoyo parlamentario, descartando la participación de la formación ultraderechista en el Ejecutivo autonómico. La petición llegó día y medio después de unas elecciones en las que el PP obtuvo 53 escaños —a dos de la mayoría absoluta de 55— y Vox alcanzó 15, resultado que convierte a la formación de Santiago Abascal en árbitro de la investidura. «El resultado nos da margen de maniobra para poder gobernar en solitario», subrayó Moreno.
Moreno apeló al peso numérico de su victoria para sostener esa posición. El PP fue primera fuerza en las ocho provincias andaluzas, superó 1,7 millones de votos y ganó 150.000 apoyos respecto a los comicios de 2022. Con esa fotografía como argumento, el barón andaluz advirtió a Vox: «A nadie le vamos a pedir que nos regale sus votos», y señaló que bloquear un gobierno respaldado por esa cifra de electores sería contrario al sentido común. La izquierda andaluza descartó facilitar la investidura mediante la abstención, lo que convierte la aritmética en una ecuación de una sola variable.
La exigencia de Vox
La formación ultraderechista fijó de inmediato su condición de partida. Garriga exigió la aceptación de la llamada prioridad nacional, una política que establece el acceso preferente de ciudadanos españoles sobre inmigrantes a ayudas y servicios públicos, y que el PP ya ha aceptado en sus gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. «Lo han aceptado todos los líderes del PP», afirmó el secretario general, descartando que el barón andaluz fuera a ser una excepción. Hasta las elecciones del domingo, Moreno había rechazado esa exigencia calificándola de «eslogan vacío que carece de respaldo jurídico».
La posición de Garriga sobre si Vox entraría en el Gobierno resultó deliberadamente ambigua. Insistió en que el orden lógico de la negociación es acordar primero un programa político y resolver después la cuestión de los cargos. «No será ningún tipo de escollo», afirmó en referencia a la prioridad nacional, pero evitó pronunciarse de forma clara sobre si la formación exigiría consejerías como condición de investidura. Fuentes de Vox insistieron en que el guion es el mismo que en Extremadura y Aragón: programa primero, sillones después. En ambas comunidades, el desenlace fue la coalición de gobierno.
El precedente de 2019
La negociación que se abre tiene un antecedente que condiciona la posición de ambas partes. En 2019, Moreno se convirtió en el primer dirigente del PP en facilitar el acceso de Vox a un Ejecutivo autonómico: fue investido presidente con el apoyo parlamentario de la formación ultraderechista, previa firma de un acuerdo extragubernamental en el que cedió en inmigración, memoria histórica y políticas de género. Ese pacto resultó disfuncional. La dificultad para aprobar iniciativas legislativas en el Parlamento precipitó el adelanto electoral de junio de 2022, en el que el PP obtuvo por sorpresa la mayoría absoluta que ahora ha perdido.
El Vox de 2026 llega a la negociación en una posición sensiblemente más fuerte. La formación ha forzado su entrada en los gobiernos de Extremadura y Aragón y da por descontada su presencia en el Ejecutivo castellanoleonés. Haber doblado el brazo a los presidentes autonómicos del PP en esas comunidades dota a sus negociadores de un margen de presión que en 2019 no tenían. El candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, afirmó durante la campaña que no buscaba entrar en el Gobierno autonómico, aunque fuentes internas del partido insisten en que la estrategia es idéntica a la aplicada en el resto del ciclo electoral.
La presión del ala dura sobre Génova
El resultado andaluz activó de inmediato el debate interno en el PP sobre la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales de 2027. El ala moderada había convertido la Andalucía de Moreno en su argumento central: un modelo de gobierno transversal capaz de absorber el voto de centro sin depender de la ultraderecha. La pérdida de la mayoría absoluta debilita ese argumento y fortalece a quienes dentro del partido sostienen que con la moderación no se llega a La Moncloa y que el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el camino más eficaz para recuperar el Gobierno central.
Moreno respondió a esas críticas con sus propios datos. El PP andaluz ha crecido en 150.000 votos respecto al ciclo anterior y ha sido primera fuerza en la totalidad del territorio. «Es un respaldo claro a una gestión y a una forma de gobernar», subrayó ante la Junta Directiva Autonómica de su partido en Sevilla. Argumentó que si su primera legislatura, con solo 46 escaños en coalición con Ciudadanos y apoyo de Vox, no alteró su modelo de centroderecha moderado, los 53 actuales lo legitiman para seguir esa vía. Feijóo aprovechó entretanto la jornada para lanzar su precampaña nacional: «La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy».
Las negociaciones formales con Vox no habían comenzado en el momento del cierre de esta edición. Fuentes del entorno de Moreno insistieron en que se conducirán desde Andalucía, al margen de la mesa abierta entre Génova y el partido de Abascal para cerrar los pactos pendientes en otras comunidades. Lo que la aritmética del 17 de mayo deja fuera de discusión es que el PP necesita a Vox para gobernar en la comunidad más poblada de España, y que la formación ultraderechista entra a esa negociación con más fuerza institucional que en ninguna ronda anterior.
