El Gobierno activa su estrategia de respuesta ante la escalada de precios desencadenada por la guerra en Oriente Próximo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció desde Córdoba que el Ejecutivo pondrá en marcha medidas anticrisis en función de cómo evolucionen los precios, aplicando la experiencia adquirida durante la guerra de Ucrania.
El Gobierno español lleva días evaluando cómo responder al impacto económico de la guerra en Irán, pero se enfrenta a un dilema tan político como económico. Pedro Sánchez fue el primero en advertir, desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que el conflicto tendría consecuencias para los españoles. «Esta guerra en Irán no la avalamos, pero vamos a proteger a los españoles», dijo el presidente, dejando claro que la prioridad del Ejecutivo es blindar a las familias y a las empresas de los efectos de la contienda, sin entrar aún en el detalle de cómo y cuándo.
El presidente alega que el Gobierno tiene capacidad financiera para actuar y recuerda haber movilizado hasta 117.000 millones de euros ante la pandemia del coronavirus, otros 45.000 millones ante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania, y otros 7.000 millones tras las últimas danas. «Gracias al buen momento económico que está viviendo España, tenemos capacidad y margen financiero para poder articular medidas de compensación», defendió Sánchez, en una frase que resume la estrategia comunicativa del Ejecutivo: mostrar músculo fiscal antes de detallar las medidas concretas.
Lo que Moncloa pone sobre la mesa
La vicepresidenta primera María Jesús Montero fue más concreta desde Córdoba. Aseguró que si los precios siguen subiendo, el Gobierno está dispuesto a repetir recetas ya aplicadas: recuperar las medidas de excepción ibérica para topar el precio del gas y la electricidad, limitar el alza de las tarifas de la luz y el gas a un máximo del 5%, restaurar el cheque energético de 300 euros para hogares con ingresos inferiores al salario mínimo, y limitar los márgenes de beneficio de las grandes superficies al 2%. Todas ellas, en palabras de la propia ministra, medidas «ya ensayadas» con eficacia.
Sumar, socio minoritario del Gobierno, fue más allá. A través de su portavoz Pablo Fernández, urgió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a aprobar un decreto ley anticrisis que amplíe el escudo social e incluya la recuperación del impuesto a las energéticas, la limitación de los precios de la energía y de algunos alimentos, y ayudas para los transportistas. Podemos, por su parte, anunció que registrará en el Congreso su propia propuesta de choque, que incluye un cheque energético y plantea, además, un referéndum sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La lección aprendida de Ucrania
El marco de referencia del Gobierno en la gestión de esta crisis es la respuesta que articuló tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces, el Ejecutivo movilizó 45.000 millones de euros en ayudas y desplegó un arsenal de medidas que incluían el tope al gas, la bonificación en los carburantes, la reducción temporal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y las ayudas directas a familias vulnerables. El presidente del Eurogrupo, Kiriakos Pierrakakis, recordó en Bruselas que «Europa tiene una caja de herramientas que usó en el 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania».
Sin embargo, hay diferencias clave entre aquel contexto y el actual. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó la semana pasada que el déficit público cerró el 2025 en el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB), con una deuda que alcanzó el 100,8% del PIB, su nivel récord desde la pandemia. Eso deja margen fiscal, pero también obliga a calibrar el coste de cualquier nuevo escudo. El Ministerio de Hacienda dispone de recursos de varios miles de millones de euros, aunque prefiere no cifrarlos públicamente, repitiendo la fórmula de que «se hará lo que sea necesario».
El bloqueo de la derecha
El contexto político complica la respuesta gubernamental. En febrero pasado, el Partido Popular (PP), Vox y Junts tumbaron en el Congreso el paquete de medidas anticrisis del Ejecutivo, que incluía la prórroga de las rebajas fiscales y las ayudas a las pensiones. Ahora, con la crisis de Irán sobre la mesa, el Gobierno tendrá que volver a negociar con una oposición que ya ha anticipado su propio plan fiscal. La vicepresidenta Montero no ocultó el trasfondo político: «Los ciudadanos saben que este Gobierno da garantías siempre».
Junts, que votó contra el escudo social cuando el Ejecutivo lo necesitaba en el Congreso, defiende ahora un «plan de choque fiscal» para recuperar el poder adquisitivo de familias y trabajadores. La coincidencia entre las propuestas de la formación independentista catalana y las del PP genera una dinámica política inédita: partidos situados en extremos opuestos del espectro ideológico presentan recetas similares, lo que el Gobierno interpreta como una «competición» con la oposición para poner medidas sobre la mesa, en palabras de la propia Montero.
El Consejo de Ministros no tiene previsto aprobar nuevas medidas de forma inmediata. Montero fue explícita al respecto: «Estudiamos la guerra y, desde el primer día, estamos analizando la situación y las medidas que se pueden tomar». La pregunta que el Ejecutivo aún no ha respondido —y que la oposición no deja de formular— es cuándo y con qué concreción. La presión crece a medida que los precios suben y los ciudadanos esperan una señal de que el Estado tiene respuestas más rápidas que el propio mercado.
