Una coalición de medios digitales y organizaciones civiles ha lanzado un llamamiento para exigir al Gobierno medidas contra las campañas de intimidación a periodistas y voces públicas. El texto, titulado «Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y miedo», busca reunir 50.000 firmas antes de ser enviado a las instituciones y partidos políticos. La iniciativa cuenta con el respaldo de centenares de intelectuales, juristas y personalidades del ámbito cultural.
Hasta una docena de medios de comunicación progresistas han presentado este domingo un manifiesto conjunto que denuncia el incremento de campañas de acoso y amenazas contra periodistas, analistas y voces públicas en España. El texto, impulsado por la asociación Acción Contra el Odio y la Fundación Contexto y Acción, editora de CTXT, cuenta con el respaldo de cabeceras como Público, infoLibre, El Plural, La Marea, El Salto, Canal Red, Luzes, Crític, Pandemia Digital, Spanish Revolution y Sin Permiso. La iniciativa se presenta bajo el título «Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y miedo» y plantea un conjunto de exigencias al Gobierno y a los grupos parlamentarios.
El manifiesto sostiene que «el miedo es la antesala del silencio» y afirma que numerosas voces públicas sienten temor en el Estado español. El documento denuncia la existencia de campañas coordinadas de «mentiras, insultos, machismo, homofobia, racismo, desinformación y violencia» en redes sociales, medios y espacios públicos, dirigidas contra personas «comprometidas con la democracia que resultan incómodas a los ultras». Los firmantes establecen un paralelismo con la situación en Estados Unidos, advirtiendo que «la violencia institucional de corte racista que vemos estos días en las calles» del país norteamericano representa «el final de un camino que algunos pretenden empezar a recorrer en nuestro país».
El texto hace referencia a casos concretos ocurridos en las últimas semanas. Según el manifiesto, el nombre de «una analista de izquierdas ha aparecido escrito en el centro de una diana dibujada junto a las tumbas vandalizadas de luchadoras antifascistas». Asimismo, señala que «la trabajadora de un pequeño medio digital ha tenido que darse de baja tras sufrir amenazas de muerte en redes» por haber informado sobre la financiación de determinados actores mediáticos.
Demandas al Gobierno y a las instituciones
Los promotores del manifiesto reclaman al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios progresistas que «tomen nota de esta gravísima situación y adopten medidas para frenarla». Entre las propuestas específicas, el documento solicita «reformas legales que permitan sancionar y negar toda financiación pública a las redes organizadas para esparcir desinformación y odio de forma intencionada con el propósito de estigmatizar o difamar a personas y colectivos vulnerables». La plataforma también exige medidas urgentes para sancionar a las plataformas tecnológicas que, según el texto, «niegan la pluralidad de ideas, fomentan la proliferación del acoso y de las amenazas personales y ni siquiera cumplen las sentencias judiciales».
El manifiesto plantea además que la Fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad «deben contar con más medios y formación especializada para proteger con mayor eficacia a las víctimas de odio, amenazas y persecución». Los firmantes proponen ampliar la capacidad de actuación de la Audiencia Nacional en casos graves de organización criminal vinculada a delitos de odio. El objetivo declarado es alcanzar 50.000 adhesiones antes de trasladar formalmente el documento a las instituciones políticas. Según los promotores, el llamamiento busca «defender la democracia frente a ese imperio de la manipulación sufragado con los impuestos de todas y todos, cuyo objetivo es destruir la convivencia mediante mentiras e intimidación».
Episodios recientes de hostigamiento en redes
El contexto del manifiesto incluye varios casos de acoso público documentados en fechas recientes. El equipo del programa satírico de la Cadena SER «Hora Veintipico», dirigido por el humorista Héctor de Miguel, se vio obligado a suspender una gira de actuaciones a finales de enero tras recibir amenazas procedentes de grupos vinculados a la extrema derecha. La polémica se originó después de una parodia emitida sobre la cobertura mediática de un accidente de tren, que fue utilizada como pretexto para intensificar campañas de descalificación en línea.
Por su parte, la comentarista Sarah Santaolalla ha denunciado públicamente el acoso recibido tras su participación en debates televisivos, mientras que la diputada de Sumar Tesh Sidi presentó una denuncia ante la Policía Nacional contra más de 2.000 usuarios por amenazas y delitos de odio. Según organizaciones como Acción Contra el Odio, Afroféminas y Afrocolectiva, se ha registrado un incremento del discurso de odio en redes sociales, particularmente contra mujeres racializadas y figuras públicas feministas. Estas entidades advierten que estas dinámicas buscan expulsar determinadas voces del debate público mediante estrategias de intimidación sistemática.
Firmantes destacados y reacciones críticas
Entre los firmantes del manifiesto figuran personalidades de amplio reconocimiento público. El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la presentadora Ana Pardo de Vera, el periodista Jordi Évole, la escritora Maruja Torres y el director del Instituto Cervantes Luis García Montero aparecen en la lista de adhesiones. También han suscrito el documento exdirectores de El País como Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio y Soledad Gallego Díaz, junto a figuras del ámbito cultural como la actriz Aitana Sánchez-Gijón, el sociólogo Ignacio Sánchez-Cuenca y el jurista José Antonio Martín Pallín.
Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia en medios conservadores. Publicaciones como The Objective o esdiario.com han cuestionado la coherencia de algunos firmantes, señalando que varias de las personalidades que suscriben el manifiesto han protagonizado en el pasado episodios polémicos o declaraciones controvertidas. Estos medios critican lo que consideran una contradicción entre el mensaje del documento y las trayectorias públicas de algunos de sus suscriptores. Desde la perspectiva de estos sectores críticos, el manifiesto representa un intento de limitar la libertad de expresión bajo la apariencia de proteger la esfera pública democrática.
La iniciativa se presenta como un esfuerzo colectivo del ecosistema mediático progresista español para visibilizar y combatir lo que los promotores califican como «la impunidad de la extrema derecha trumpista y su industria del odio». El manifiesto permanece abierto a nuevas adhesiones a través de una plataforma digital, con el objetivo declarado de alcanzar las 50.000 firmas que permitirían trasladar formalmente las demandas a las instituciones del Estado y a los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados.
