Las urnas de Castilla y León devolvieron este domingo un mapa electoral que refuerza el bipartidismo en la comunidad más extensa de España. El PP sumó dos procuradores más y 54.000 votos adicionales respecto a 2022, mientras el PSOE invirtió su tendencia a la baja. Vox no alcanzó el umbral del 20% que se había fijado como objetivo, y la izquierda alternativa quedó sin representación en las Cortes autonómicas.
Alfonso Fernández Mañueco celebró anoche en Salamanca su tercer mandato consecutivo al frente de la Junta de Castilla y León tras obtener los mejores resultados del Partido Popular (PP) en la comunidad en décadas. Con el 99% del escrutinio consumado, los populares lograron 33 de los 82 procuradores que componen las Cortes autonómicas —denominación específica de los parlamentarios castellanoleoneses—, dos más que en 2022, y acumularon 437.355 votos, lo que representa el 35,5% del sufragio emitido y supone 54.000 papeletas adicionales respecto a los comicios anteriores.
El presidente de la Junta compareció pasadas las 21:30 ante los periodistas en Salamanca, ciudad donde fue alcalde, y habló desde el primer momento como triunfador. Descartó cualquier acuerdo con los socialistas —«con el sanchismo es imposible e impensable llegar a un acuerdo», declaró— y anunció que iniciaría esta semana contactos con todas las fuerzas políticas para configurar un gobierno encabezado por su partido. La aritmética de las Cortes, sin embargo, señala en una única dirección: Vox, con sus 14 procuradores, es el único socio capaz de completar la mayoría absoluta de 42 escaños.
Los números de una victoria calculada
El PP mejoró sus resultados en las nueve provincias de la comunidad, situándose en el 35,5% del voto, cuatro puntos por encima de su registro de 2022. La distancia con el PSOE, segundo partido, se amplió hasta los cinco puntos porcentuales, pese a que los socialistas también crecieron. Con 33 procuradores, las nuevas Cortes contarán con 82 representantes —uno más que la legislatura anterior, que tenía 81—, lo que eleva la mayoría absoluta a 42. El PP, en solitario, se queda a nueve procuradores de ese umbral.
Vox, con 233.307 votos y el 18,9% del sufragio, sumó un procurador más y alcanzó los 14, pero quedó por debajo del 20% que su líder, Santiago Abascal, había establecido como referencia. El resultado contrasta con las victorias cosechadas en Aragón y Extremadura, donde la formación llegó a duplicar su representación en los últimos meses, y consolida a la ultraderecha como tercera fuerza autonómica. Fuera de las Cortes quedaron tanto Izquierda Unida (IU) —que se presentó en coalición con Movimiento Sumar— como Podemos, que concurrió de forma independiente y no superó el umbral de representación en ninguna provincia.
Con PP y Vox sumando conjuntamente 47 procuradores, la mayoría absoluta queda holgadamente cubierta. La negociación se abre en un momento en que las relaciones entre ambos partidos son, según reconocen fuentes del entorno de Mañueco, «manifiestamente mejorables», después de una campaña marcada por los ataques cruzados. No obstante, esos mismos círculos señalan que el PP cree haber «ganado músculo» para negociar con Vox desde una posición de mayor fortaleza que en 2022, cuando los populares obtuvieron 31 procuradores y solo el 31,4% del voto.
La estrategia de Sánchez
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) vivió una noche que no esperaba. Con el 30,8% del voto y 30 procuradores, los socialistas sumaron casi un punto porcentual y dos escaños respecto a 2022, invirtiendo la tendencia de retrocesos registrada en las tres anteriores elecciones autonómicas castellanoleonesas. El candidato socialista, Carlos Martínez, alcalde de Soria desde hace 19 años, aportó un empuje personal especialmente visible en esa provincia, donde el PSOE recuperó el escaño perdido frente a la candidatura localista Soria ¡Ya! en 2022.
Sin embargo, la recuperación socialista no bastó para alterar el relato de la derrota. Martínez se presentó ante los medios visiblemente contrariado —«nos daban por amortizados y no lo estábamos», reconoció— y advirtió de que sin acuerdo de investidura habrá repetición de elecciones. Desde Ferraz, la campaña de movilización del voto progresista impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez —que incluyó la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la apelación al «no a la guerra» en referencia al conflicto de Irán— generó más votos para el PSOE que para sus socios de gobierno.
La comparación con las comunidades donde el PSOE se desplomó —Extremadura y Aragón— refuerza la lectura de que el partido gobernante ha estabilizado su base electoral en Castilla y León, aunque el territorio sigue siendo históricamente conservador. En esta edición, PP y Vox sumaron el 54,4% del sufragio, su registro más elevado desde que ambas formaciones compiten juntas, lo que consolida el carácter mayoritariamente derechista del voto en la comunidad más extensa del país.
Andalucía, el horizonte que lo cambia todo
Tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el secretario general del partido interpretaron el resultado como un espaldarazo de cara a las elecciones andaluzas, previstas para mayo o junio de 2026 con la candidatura de María Jesús Montero. Feijóo, que siguió la noche electoral desde su despacho en la sede de Génova, señaló que los resultados demuestran que «España tiene alternativa» y subrayó que el bloqueo de Vox a las investiduras en Extremadura y Aragón había pasado factura electoral a la ultraderecha en Castilla y León.
Para los analistas consultados, el 15M en Castilla y León deja un balance de incógnitas tan relevante como el propio resultado. La negociación entre PP y Vox para formar gobierno en Valladolid anticipa la dinámica que se reproducirá en Andalucía, donde la suma de ambas formaciones puede resultar determinante. Mientras el PSOE cifra sus esperanzas en el desgaste del bipartidismo de derechas, la izquierda alternativa afronta una crisis existencial que deberá resolver antes de las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2027.
