Las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero en el registro de su despacho, con una tasación pericial superior a 1,3 millones de euros, fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, según ha revelado el entorno del expresidente. El hallazgo ha abierto una pieza separada dentro del caso Plus Ultra centrada en presuntos delitos de contrabando y fiscal, sobre los que la defensa sostiene que habría operado la prescripción.
Las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero en el registro de su despacho, realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la investigación del caso Plus Ultra, suman una tasación pericial superior a 1,3 millones de euros. El entorno del expresidente del Gobierno reveló este miércoles, coincidiendo con su declaración ante la Audiencia Nacional, que las piezas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, año en que el monarca visitó España con motivo de la concesión del Toisón de Oro por parte del entonces rey Juan Carlos I, según informó el programa Mañaneros 360.
Según las fuentes consultadas por ese espacio, en aquella visita se entregaron obsequios al conjunto del Gobierno español, sin que en su momento se realizara ninguna tasación de las piezas. El entorno de Zapatero sostiene además que, cuando recibió el regalo, no existía «legislación que prohibiera aquellos regalos», por lo que no se consideró en su momento que existiera ninguna irregularidad. Esta línea de defensa busca desactivar dos de las cuatro imputaciones que pesan sobre el expresidente en el conjunto de la causa: el contrabando, al sostener que se trató de un obsequio diplomático y no de una introducción irregular de bienes, y el delito fiscal, por la vía de la prescripción.
La tasación pericial: piezas y valores
El informe pericial que sustenta la valoración del lote fue elaborado por el Instituto Gemológico Español junto con la joyería Ansorena, a petición del juzgado de la Audiencia Nacional, y ha revisado cerca de 80 piezas. La de mayor valor es un collar de oro blanco de 18 quilates con cadena de diamantes y dos esmeraldas naturales procedentes de Zambia, tasado en 278.000 euros. El mismo origen geográfico se repite en otras piezas del conjunto, como una pulsera valorada en 95.000 euros, una sortija de 85.000 euros y unos pendientes estimados en 80.000 euros, además de un collar regional con cuentas de esmeralda y colgantes con forma de mano de Fátima.
La segunda pieza más cara es un collar de 220.000 euros elaborado también en oro blanco de 18 quilates, con trece zafiros de origen tailandés y decorado con diamantes; a esa categoría se suman una pulsera con siete zafiros tasada en 80.000 euros y unos pendientes con ocho zafiros valorados en 70.000 euros. El resto del lote incluye piezas en oro blanco engastadas con rubíes naturales y diamantes, entre ellas un collar de 155.000 euros, una pulsera de 72.000 euros, unos pendientes de 60.000 euros y una sortija de 26.500 euros, así como ocho relojes de distintas marcas, encabezados por un modelo Pierre Balmain tasado en 6.000 euros.
No todo el lote tiene un valor elevado: once de las piezas analizadas fueron tasadas como «sin valor», entre ellas varios pendientes y collares de perlas de imitación, mientras que otras siete joyas quedaron valoradas por debajo de los 100 euros, siendo la más económica una sortija de plata tasada en 25 euros. Esta disparidad refleja un lote heterogéneo en el que conviven piezas de alta gama con bisutería de escaso valor comercial, un dato que la instrucción deberá ponderar a la hora de establecer el alcance económico real de la investigación sobre las joyas.
Las dos vías jurídicas y el debate sobre la prescripción
El hallazgo de las joyas dio lugar a una pieza separada dentro del caso Plus Ultra, abierta por el juez Calama tras considerar que el origen de las piezas «no está justificado». Esa pieza se centra en dos posibles delitos diferenciados de los que ya pesaban sobre Zapatero por el rescate de la aerolínea: el contrabando, vinculado a la introducción o tenencia de bienes sin declarar, y el delito fiscal, relacionado con la falta de tributación sobre un patrimonio de procedencia no acreditada. Ambas figuras penales son jurídicamente distintas de las imputaciones por tráfico de influencias y blanqueo de capitales que centran la instrucción principal del caso.
La defensa del expresidente sostiene que, de confirmarse que las joyas fueron un regalo institucional recibido en 2007, decaería la acusación de contrabando al tratarse de un obsequio diplomático y no de una introducción irregular de bienes. En paralelo, plantea que el delito fiscal habría prescrito, dado que este tipo de infracciones se extingue a los cinco años: si la entrega se produjo en 2007, el plazo se habría agotado en 2012, mucho antes de que se iniciara la investigación actual. Esta tesis sitúa el debate jurídico en torno a un único elemento factual determinante, la fecha exacta y la naturaleza de la entrega, sobre el que la instrucción deberá pronunciarse.
Zapatero se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto durante su comparecencia de este miércoles ante el juez Calama, y anunció que solicitará prestar una declaración voluntaria en torno a una semana o diez días, una vez reúna la documentación necesaria para sustentar su versión sobre el origen de las piezas. El magistrado accedió a esa petición, lo que abre un nuevo plazo de instrucción específico para esta pieza separada, en paralelo al resto de diligencias que continúan abiertas en el conjunto del caso Plus Ultra.
