La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, exige una «remodelación profunda» del gabinete tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual, mientras el Partido Popular intensifica su estrategia de acoso y derribo para forzar elecciones anticipadas reclamando un pleno extraordinario sobre la «corrupción sistémica» socialista.
La cascada de investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista Obrero Español ha generado la primera crisis pública entre los socios del gobierno de coalición desde la formación del gabinete progresista en 2020. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, exigió el pasado viernes una «remodelación profunda» del Ejecutivo, demanda que La Moncloa descartó inmediatamente argumentando que los casos judiciales no implican a ministros en ejercicio. Esta tensión coincide con el recrudecimiento de la ofensiva del Partido Popular, que reclama un pleno extraordinario para debatir lo que denomina «corrupción sistémica» del PSOE y exige la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Las declaraciones de Díaz durante una comparecencia en la sede del Ministerio de Trabajo representan el cuestionamiento más explícito desde dentro del gobierno a la gestión de Pedro Sánchez de los escándalos judiciales. «Hay un punto y aparte, y toca actuar. Te hablo con el presidente. Toca un cambio absolutamente profundo en el Gobierno, profundo de verdad. Lo que está pasando es muy grave y no se puede seguir», afirmó la vicepresidenta segunda, según recogieron diversos medios presentes en el acto. Díaz vinculó explícitamente su exigencia a los casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, especificando que el partido debe abordar «estos casos con firmeza» y que «hay muchas cosas que quedaron por aclarar».
La respuesta desde La Moncloa fue inmediata y categórica. Fuentes del gabinete presidencial citadas por medios como El País y El Mundo descartaron cualquier remodelación gubernamental, argumentando que los nuevos casos no afectan a personas del Ejecutivo actual y solicitando calma a los socios de coalición. «Se acabaron las reflexiones, los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar», había afirmado Díaz, pero desde el entorno presidencial insistieron en que la gestión gubernamental continuará sin modificaciones mientras los casos judiciales no impliquen directamente a ministros en funciones.
Sumar exige decisiones drásticas
El ultimátum de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez constituye el episodio más tenso en las relaciones entre PSOE y Sumar desde que ambas formaciones acordaron formar gobierno tras las elecciones de julio de 2023. La vicepresidenta segunda vinculó su permanencia en el gabinete a la adopción de medidas concretas contra la corrupción, aunque evitó especificar si su advertencia incluye la posibilidad de abandonar la coalición. «Así no podemos seguir», sentenció Díaz en declaraciones que fueron interpretadas por analistas políticos como una amenaza velada de ruptura si Sánchez no accede a sus demandas.
Sumar exige específicamente la salida política para retomar el control de la agenda legislativa tras el estancamiento parlamentario provocado por el escándalo judicial. El partido liderado por Díaz reclama que el PSOE adopte un plan de choque ético que incluya la expulsión definitiva de todos los implicados en causas judiciales, el refuerzo de los mecanismos internos de control y la aprobación inmediata de una ley de transparencia que obligue a publicar las agendas de todos los cargos públicos. Estas exigencias fueron comunicadas formalmente al presidente Sánchez en una reunión mantenida el viernes por la tarde, según confirmaron fuentes de ambas formaciones.
La tensión entre los socios de gobierno se agravó cuando Díaz manifestó públicamente su desacuerdo con la gestión del caso de acoso sexual que afecta a dirigentes socialistas. La vicepresidenta segunda criticó que el PSOE tardara en activar sus protocolos internos tras conocerse las denuncias contra varios cargos territoriales, exigiendo que la formación socialista adopte «tolerancia cero» contra cualquier comportamiento de acoso. Esta crítica implícita a la gestión de Sánchez fue interpretada en Ferraz como una deslealtad del socio minoritario en un momento de máxima debilidad parlamentaria.
Silencio calculado de nacionalistas vascos y catalanes
Los partidos nacionalistas que sostienen desde fuera al gobierno de coalición han adoptado una estrategia de silencio público mientras observan la evolución de los casos judiciales. El Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Catalunya, formaciones cuyo apoyo parlamentario resulta imprescindible para la aprobación de cualquier iniciativa legislativa del Ejecutivo, evitaron pronunciarse sobre las investigaciones que afectan al PSOE durante la semana en que se conocieron nuevos desarrollos judiciales.
Fuentes del PNV consultadas por medios vascos como El Correo confirmaron que la formación jeltzale mantiene su apoyo al gobierno de Sánchez «mientras se respeten los compromisos adquiridos en materia de autogobierno», sin vincular esta colaboración parlamentaria a la situación judicial del PSOE. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, declinó realizar declaraciones públicas sobre los casos de corrupción socialista, limitándose a señalar que su partido «no entra a valorar cuestiones internas de otras formaciones». Esta posición contrasta con la dureza exhibida por el PNV en anteriores crisis gubernamentales, sugiriendo un cálculo político de no comprometer la relación con el PSOE mientras los casos judiciales permanezcan en fase de instrucción.
Esquerra Republicana adoptó una postura similar de prudencia estratégica, evitando pronunciamientos que pudieran interpretarse como respaldo explícito al PSOE en un momento de máxima vulnerabilidad judicial. Portavoces de ERC contactados por La Vanguardia confirmaron que la formación independentista catalana «no tiene previsto realizar declaraciones» sobre las investigaciones judiciales que afectan a dirigentes socialistas. Esta discreción contrasta con la tradicional beligerancia de ERC contra el PSOE en cuestiones de corrupción, especialmente durante los años en que Convergència Democràtica de Catalunya enfrentó múltiples casos judiciales.
Feijóo exige un pleno extraordinario sobre corrupción
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, intensificó durante el fin de semana la ofensiva parlamentaria contra el gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo la convocatoria inmediata de un pleno extraordinario para debatir lo que calificó como «corrupción sistémica» del PSOE. En un mitin celebrado el sábado en Navalmoral de la Mata (Cáceres), el líder popular acusó a Sánchez de encubrir «una manada de machistas y corruptos» y reclamó la convocatoria de elecciones generales anticipadas como única salida a la crisis institucional.
«¿Hasta dónde llega la degeneración?», preguntó Feijóo ante varios centenares de militantes populares congregados en Extremadura. El presidente del PP vinculó los casos judiciales del PSOE con lo que considera una crisis institucional sin precedentes en la democracia española, argumentando que «nunca Extremadura ha tenido tanta oportunidad de influir en la política nacional». Esta estrategia de convertir las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre en un referéndum sobre la gestión de Sánchez forma parte de la campaña del PP para presionar la convocatoria de elecciones generales.
El Grupo Parlamentario Popular presentó formalmente el martes una solicitud para la celebración de un pleno extraordinario «sobre la corrupción sistémica del PSOE», petición que requiere el respaldo de la Mesa del Congreso para su tramitación. Fuentes parlamentarias consultadas anticiparon que PSOE y Sumar bloquearán esta iniciativa utilizando su mayoría en la Mesa, órgano rector del Congreso, lo que previsiblemente generará una nueva confrontación sobre el funcionamiento de las instituciones parlamentarias.
Feijóo responsabilizó directamente a los socios parlamentarios de Sánchez de «no frenar la sangría» de casos judiciales, acusándoles de mantener en el poder a un gobierno «manchado por la corrupción». En un comunicado distribuido tras el mitin extremeño, el PP advirtió que «en el caso del PNV, lo primero es el dinero, es decir, ‘España nos roba'», mientras que respecto a ERC afirmó que «Vox es el demonio para ellos, pero se unen a quienes defienden a todo aquello que se les caía encima antes». Esta estrategia de atacar simultáneamente al PSOE y a sus socios parlamentarios busca erosionar la base de apoyo del gobierno en el Congreso.
