Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, aprobados con los votos del Partido Popular (PP) y Vox, incorporan por primera vez en España el concepto de «prioridad nacional» a una norma con rango de ley. El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, aceptó el 99% de las enmiendas de la formación de extrema derecha para sacar adelante las cuentas, en un mecanismo jurídico que sortea la prohibición legal de discriminar por nacionalidad y que ya genera preocupación entre colectivos con alta movilidad geográfica, como los militares.
Vox llevaba meses advirtiendo al PP de que no apoyaría los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 si no se incluía expresamente su «prioridad nacional». El pleno de Les Corts aprobó ayer las cuentas, dotadas con 33.305 millones de euros, con los votos del PP (cuarenta escaños) y Vox (trece), que se impusieron a los del PSPV-PSOE (treinta y uno) y Compromís (quince), en una votación que sumó cincuenta y tres apoyos frente a cuarenta y uno en contra. Es la primera vez que una autonomía española incorpora el concepto a un texto con rango de ley, un término que popularizó en los años ochenta el dirigente francés de extrema derecha Jean-Marie Le Pen.
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Qué aprueba Les Corts y qué significa la «prioridad nacional»
Hasta ahora, la «prioridad nacional» solo se contemplaba en los acuerdos de gobierno alcanzados este año entre el PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, sin traducirse en articulado legal. El texto valenciano introduce el principio en varias partidas relativas a ayudas sociales y de acceso a la vivienda, con una fórmula que se repite en distintos apartados: «Procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». El portavoz de Vox, José María Llanos, celebró el resultado desde la tribuna: «Prioridad nacional por ley. Los primeros Presupuestos donde se incluye el concepto», declaró, y añadió que «más pronto que tarde llegará a la normativa nacional».
Llanos vinculó la medida a un discurso crítico con la inmigración y defendió que los puntos de empadronamiento actuarán como «primera barrera» para que el dinero de los valencianos llegue antes que a nadie a los valencianos. El presidente Pérez Llorca, por su parte, enmarcó la votación en la confrontación con el Gobierno central: defendió la estabilidad de la Comunidad frente al «caos, al lío y al desmadre que hay en Madrid», en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que cuenta actualmente con presupuestos prorrogados.
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La trampa jurídica: de «prioridad nacional» a «arraigo»
La aplicación literal de la «prioridad nacional» habría supuesto una ilegalidad manifiesta, dado que la Ley de Extranjería, de carácter orgánico, prohíbe discriminar por razón de nacionalidad en el acceso a servicios y prestaciones sociales. Para sortear ese obstáculo, el PP y Vox reformularon el concepto bajo la noción de «arraigo», más digerible jurídicamente pero con el mismo efecto práctico. Una de las enmiendas aceptadas compromete al Gobierno valenciano a «facilitar el acceso a una vivienda pública, en régimen de propiedad o alquiler, inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente».
El texto enumera los requisitos para conceder las ayudas: exigencia de «empadronamiento histórico» en la Comunitat Valenciana y España, refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa, la trayectoria de cotización y la existencia de familiares de primer grado que residan en la región. Con estos criterios puede darse la paradoja de que un español con menor arraigo pierda una ayuda frente a un extranjero con mayor tiempo de residencia acreditado, una consecuencia que contradice el objetivo declarado de la medida y que ilustra la fragilidad técnica del mecanismo elegido para blindarla legalmente.
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Las reacciones: «apartheid legal» y el aviso al Constitucional
La líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, acusó a Pérez Llorca de haber «convertido el apartheid en ley» y confirmó que el Gobierno estudiará recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) si se acredita discriminación o impacto social en el acceso a la vivienda. El portavoz socialista José Muñoz fue más allá al sostener que la «prioridad nacional» está dirigida en realidad contra los más pobres, y acusó al PP y a Vox de padecer «aporofobia». El consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, respondió a esas críticas con un gesto obsceno de desaprobación tras la votación, que justificó después ante la prensa como «una reacción refleja» frente a lo que consideró acusaciones infundadas de connivencia con Vox.
Desde Compromís, el diputado Carles Esteve censuró que Pérez Llorca se levantara de su asiento para agradecer el apoyo al portavoz de Vox: «Estáis hipotecando el futuro de los valencianos», reprochó a los populares. Pérez Llorca defendió que su formación «no se pliega ante nadie» y rechazó que el presupuesto distinga «entre color de piel, entre inmigrantes y personas nacidas aquí». El presidente valenciano sostuvo que la prioridad al arraigo es una práctica que también aplican, a su juicio, los alcaldes socialistas en sus municipios.
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Efecto colateral: militares y otros colectivos con alta movilidad
La exigencia de hasta cinco años de empadronamiento para acceder a ayudas al alquiler, y de hasta diez para la compra de vivienda social, genera dificultades prácticas para colectivos con alta movilidad geográfica obligada. Es el caso de los militares, que por ley deben residir en su localidad de destino y cambian de ciudad con frecuencia al ascender. Miquel Peñarroya, responsable de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, advirtió de la contradicción que supone la medida para un colectivo en torno al diez por ciento del cual, en las unidades más operativas, procede de países extranjeros, en su mayoría latinoamericanos.
«Sería difícil de entender que se discrimine a quienes están dispuestos a dar su vida por nuestra patria», reflexionó Peñarroya. El requisito de «empadronamiento histórico» también podría ser utilizado por sectores independentistas catalanes para dificultar que españoles de otras partes del Estado se instalen en sus municipios, una paradoja que evidencia cómo el mecanismo legal, pensado para restringir el acceso de extranjeros, puede aplicarse igualmente entre españoles de distintas regiones. Vox, además, logró reducir el tiempo mínimo de residencia exigido para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión, que pasa de doce meses a tres años, lo que dejará sin ayuda a familias en riesgo de exclusión social.
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La expansión del modelo a otras comunidades autónomas
La aprobación valenciana marca un precedente que Vox aspira a replicar en otros territorios donde comparte gobierno con el PP. La vicepresidenta tercera y consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, eludió confirmar si los próximos presupuestos autonómicos andaluces incluirán una referencia expresa siguiendo el modelo valenciano. El precedente se suma a los acuerdos de coalición ya vigentes entre ambas formaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde el concepto figuraba hasta ahora solo como compromiso político sin desarrollo legal.
El Consell, presidido por el PP con el apoyo parlamentario de Vox, aprueba así sus terceras cuentas y las primeras bajo la presidencia de Pérez Llorca, que accedió al cargo en diciembre del año pasado tras la dimisión de Carlos Mazón. La votación consolida la dependencia parlamentaria del Gobierno valenciano respecto de Vox y confirma que la «prioridad nacional» ha dejado de ser una reivindicación exclusivamente discursiva de la extrema derecha para convertirse en una pieza normativa con capacidad de condicionar el acceso a servicios públicos esenciales, con un recorrido que sus propios promotores reconocen abiertamente que aspiran a extender a la legislación estatal.
