El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz para incautar documentación, correos electrónicos y libros contables. El auto señala al exsecretario de organización Santos Cerdán como presunto líder de una red que habría utilizado facturas falsas del partido para pagar a personas encargadas de desestabilizar procesos judiciales que afectan al Gobierno y a la familia del presidente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvo doce horas el miércoles en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid, recabando documentación por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los agentes se llevaron correos electrónicos, libros contables, libros de visitas y otros documentos, y comunicaron la investigación formal a la gerente del partido, Ana María Fuentes. De forma simultánea, otros efectivos se personaron en los domicilios de los nuevos investigados: el exsecretario de organización Santos Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset. Todos niegan los cargos.
El auto de Pedraz describe una organización cuyo objetivo habría sido, según el instructor, «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial» que afectara al PSOE, al Gobierno o a la familia del presidente Pedro Sánchez. El punto de partida que fija el juez es el 24 de abril de 2024, día en que se imputó a Begoña Gómez, esposa del presidente, y Sánchez publicó una carta a la ciudadanía anunciando un periodo de reflexión de cinco días. Ese mismo día, según el auto, Cerdán contactó con la exmilitante socialista Leire Díez para pedirle que acudiera a Madrid a ayudar al presidente.
El auto de Pedraz: Cerdán como líder de la red
Pedraz sitúa a Cerdán en el vértice de la presunta organización. El exsecretario de organización del PSOE, encarcelado en junio de 2025 en el marco de otra causa y liberado posteriormente, habría coordinado las actividades de la red con la ayuda de Leire Díez, detenida en diciembre de 2025 por orden del propio Pedraz. Fue precisamente esa detención la que resultó determinante para la investigación: desde ese momento, la UCO tuvo acceso al teléfono de Díez, lo que permitió identificar a todos los miembros de la organización y fijar su papel en la estructura antes de dar el paso del registro.
Junto a Cerdán y Díez, el auto señala al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías como presunto pagador de la trama a través de su sociedad, y al empresario Javier Pérez Dolset como colaborador con un interés propio: llevaba años recopilando información contra el fiscal José Grinda, quien había ordenado su detención en otro procedimiento. El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, detenido en diciembre junto a Díez, ya había sido registrado entonces, por lo que el miércoles no fue necesario actuar sobre su domicilio.
Los pagos desde Ferraz y los objetivos de la trama
La investigación señala pagos de cerca de 200.000 euros que habrían salido de la sede del PSOE a través de facturas que el auto califica de «mendaces». La gerente del partido habría elaborado esas facturas para abonar cantidades a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, dinero que según el instructor habría acabado íntegramente en las cuentas de Díez. Los pagos documentados incluyen cuatro abonos de 4.000 euros mensuales a Díez a través de la sociedad de Zarrías, 27.225 euros a una empresa de Oliver, 125.000 euros al abogado Teijelo y 20.000 euros a la periodista Patricia López, ya fallecida, que habría trabajado para la organización. La investigación recoge también el pago de desplazamientos vinculados a reuniones de la trama, entre ellos un viaje a Zaragoza de Pérez Dolset junto a Díez.
Los objetivos de la red habrían incluido a dos jueces y a un mando de la UCO. El instructor Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, y la magistrada Beatriz Biedma, que llevó al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente, figuran como blancos de la presunta campaña de desestabilización. También lo era Antonio Balas, responsable de la UCO, unidad encargada de investigar los casos contra el exministro José Luis Ábalos y los relacionados con la familia del presidente y el fiscal general Álvaro García. La trama habría intentado además ofrecer 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión sobre la entrega de bolsas con efectivo en Ferraz, y cerca de 300.000 euros al fiscal Grinda para que facilitara información comprometedora sobre su jefe, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Ninguna de esas operaciones llegó a materializarse.
Las causas que la trama no logró paralizar
Pese a la maquinaria descrita por Pedraz, las causas que la presunta organización pretendía desestabilizar siguen su curso. El juicio a David Sánchez arrancó el mismo miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz. Begoña Gómez tiene fijada para el 9 de junio la audiencia preliminar como paso previo a su juicio oral. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de sentencia. El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha sido condenado en primera instancia. Cerdán sigue investigado tras su paso por prisión.
El PSOE no había emitido una valoración oficial sobre el registro al cierre de esta edición. Los movimientos que llevaron a la apertura de esta causa habían sido denunciados previamente por dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, y estaban siendo investigados por un juzgado de Madrid antes de que Pedraz los incorporara al procedimiento que ahora dirige desde la Audiencia Nacional. El instructor no ha calculado aún el total de los pagos que habrían salido de Ferraz, a la espera de analizar toda la documentación incautada durante las doce horas de registro.
