La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un informe sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que detecta valoraciones empresariales contradictorias, facturación sin estructura aparente y una posible vinculación con una comisión por la venta de mascarillas durante la pandemia. El documento se enmarca en la pieza separada que investiga indicios de corrupción en los negocios y administración desleal, y en la que González Amador aún no ha sido formalmente acusado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un informe sobre las sociedades vinculadas a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El documento, fechado el pasado 19 de diciembre, se incorpora a la pieza separada en la que el juez Antonio Viejo investiga indicios de corrupción en los negocios y administración desleal. Los investigadores señalan diferencias de valoración en la compra de una empresa y facturaciones que, a su juicio, no se corresponden con la actividad real de las sociedades implicadas, extremos que deberán confirmarse a lo largo del procedimiento judicial.
El informe se centra en la operación por la que Maxwell Cremona, sociedad de González Amador, adquirió el 100% de Círculo de Belleza por 499.836,92 euros en diciembre de 2020. Según la UCO, la escritura de compraventa no recoge ninguna explicación sobre el método empleado para fijar ese precio, en una empresa que entonces presentaba una facturación reducida y prácticamente ningún empleado. Los agentes subrayan lo que califican de «importantes diferencias» entre las distintas valoraciones de la sociedad a lo largo del proceso, que osciló entre cifras cercanas a los 20.000 euros y otras próximas al medio millón.
Una facturación sin estructura aparente
Tras la compra, la empresa cambió de nombre a Masterman & Whitaker y multiplicó su facturación a la compañía Quirón Prevención, alcanzando 327.320 euros en 2021. Según los datos analizados por los investigadores, la sociedad no contaba con empleados y el único profesional vinculado a su actividad era el propio González Amador. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sostiene en este sentido que la empresa «carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría» que facturaba, ya que sus activos correspondían a equipamiento de tratamientos estéticos y no a labores de asesoría empresarial.
La UCO señala además que los medios materiales de la sociedad —tres aparatos de depilación y un ordenador portátil— estaban ya completamente amortizados en el momento de la operación. González Amador no ha sido condenado en esta causa, que continúa en fase de instrucción, y la defensa del investigado ha presentado en paralelo recursos ante distintas instancias judiciales para frenar el avance de las pesquisas, sin que ninguno haya prosperado hasta la fecha. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó en abril el último de esos intentos y ratificó la continuidad de la investigación a cargo de la UCO.
El nexo con la operación de mascarillas
El informe identifica a Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, como el nexo entre las distintas operaciones societarias examinadas. Camino era entonces pareja de María Gloria Carrasco, titular de Círculo de Belleza antes de la venta a González Amador, y figuraba también como consejero de la empresa MAPE, vinculada a una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Quirón Prevención, que dirigía el propio Camino, mantuvo posteriormente una relación contractual continuada tanto con Maxwell Cremona como con Masterman & Whitaker, circunstancia que los investigadores consideran relevante para entender la cadena de facturación detectada.
La UCO recuerda que Maxwell Cremona obtuvo en 2020 una facturación próxima a los dos millones de euros por una supuesta intermediación en una venta de material sanitario, y plantea como hipótesis de trabajo que parte de los fondos empleados para adquirir Círculo de Belleza pudiera proceder de esa misma operación. Los investigadores advierten de que este extremo, calificado como indicio y no como conclusión cerrada, «deberá analizarse posteriormente» con la documentación bancaria a la que ahora tienen acceso, tras la autorización judicial concedida el pasado 11 de junio para examinar las cuentas de González Amador y Carrasco desde 2014.
Una causa con varias piezas abiertas
El caso de González Amador se desarrolla en paralelo en dos procedimientos distintos. El primero, abierto en marzo de 2024, investiga presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental por un importe superior a 350.000 euros. El segundo, al que corresponde el informe de la UCO conocido esta semana, se centra en los posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y fue abierto en octubre de ese mismo año a partir de un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una operación que calificó de «artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria». La Fiscalía Anticorrupción ha calificado la operación investigada como un presunto «soborno» a Camino, una hipótesis que corresponderá confirmar o descartar al juez instructor.
La investigación acumula ya cuatro tomos documentales y, hasta el momento, solo han declarado en calidad de investigados González Amador y Carrasco. Fernando Camino, cuya implicación resulta central en el informe de la UCO, no tiene previsto declarar hasta dentro de varios meses según los plazos judiciales actuales. El procedimiento se mantiene en fase de instrucción, sin que se haya formulado escrito de acusación, por lo que los indicios recogidos por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria no constituyen, en esta fase, una conclusión sobre responsabilidad penal alguna.
