El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía provocó reacciones dispares entre los actores políticos españoles. El Gobierno y sus socios lo celebraron como un logro colectivo, el PP expresó respeto formal al fallo sin abandonar su ofensiva política contra Pedro Sánchez, Vox lo rechazó como intromisión de un tribunal extranjero, y el independentismo lo interpretó como una victoria que no cierra, sin embargo, el conflicto con el Estado.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía generó ayer reacciones encontradas entre el Gobierno y los principales partidos políticos españoles. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofreció desde La Moncloa la declaración que marcó la posición oficial del Ejecutivo y calificó la norma de «logro colectivo», al considerar que todos los españoles, sin excepción, son beneficiarios de ella. Bolaños pidió que la amnistía se aplique plenamente a los líderes independentistas «lo antes posible», en referencia a los cerca de cien exaltos cargos que aún esperan una resolución judicial.
Gobierno y socios celebran un «logro colectivo»
El resto del Ejecutivo de coalición secundó ese tono. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró que el fallo europeo «valida la política del Gobierno» y «desmonta completamente las mentiras del PP» sobre la norma. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló por su parte que la sentencia certifica que la ley es «perfectamente legal» y defendió que la apuesta del Ejecutivo por resolver el conflicto catalán mediante diálogo y acuerdo es igualmente legítima. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mostró su satisfacción y reclamó una aplicación «diligente e integral» de la norma por parte de los tribunales.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió también la sentencia, aunque cuestionó que, el mismo día en que se conoció el fallo, la Audiencia Provincial de Madrid avalara enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. «Son todo casualidades», ironizó Puente en un mensaje en la red social X, en el que pidió no desviar la atención de lo que consideraba la noticia principal de la jornada. El mensaje añadió un matiz de tensión a una jornada que el Ejecutivo quería centrada exclusivamente en el respaldo europeo a la amnistía.
El PP, entre el respeto formal y la ofensiva política
El Partido Popular (PP) expresó su «respeto absoluto» al fallo en un comunicado oficial, pero mantuvo intacta su ofensiva contra el presidente del Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, defendió en un vídeo difundido a los medios que la formación seguirá «defendiendo la igualdad ante la ley y la unidad de España». Tellado se preguntó si es legítimo conceder «privilegios penales a cambio de una investidura» y respondió con rotundidad que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad. El PP insistió en que el fallo europeo «se circunscribe a un análisis muy concreto» y no entra en el fondo político del asunto.
El expresidente José María Aznar reforzó el ala más crítica del partido al advertir, ante el foro del Partido Popular Europeo celebrado en Madrid, que la agresión sediciosa al derecho «no debe recompensarse». La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, fue más lejos y rechazó la distinción que, a su juicio, hace el tribunal europeo entre tipos de terrorismo. «No existe un terrorismo bueno y otro malo», sostuvo en redes sociales. Estas posiciones contrastan con el giro que Alberto Núñez Feijóo había insinuado semanas atrás en Barcelona, cuando se mostró partidario de «pasar página» del procés, un giro que no fue bien recibido por el ala más dura de su propio partido.
Independentismo, victoria compartida y lecturas distintas
Vox, por su parte, rechazó de plano el fallo. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, sostuvo que el orden constitucional «no puede quedar en manos de tribunales extranjeros» y añadió que «la unidad de España solo será defendida por los españoles». Desde el independentismo, en cambio, el ambiente fue de satisfacción. El secretario general de Junts, Jordi Turull, celebró que «Europa dice hoy a los exiliados que ya deberían estar en casa», aunque el propio Carles Puigdemont enfrió las expectativas sobre un regreso inmediato y advirtió que «el camino para acabar con la represión no ha terminado».
El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, coincidió en el fondo con Junts al reclamar una aplicación de la ley «sin dilaciones» y sostener que «los derechos políticos deben restituirse y los exiliados deben poder regresar». Pese a la coincidencia táctica, Junts y ERC mantienen matices: mientras el partido de Puigdemont centra su discurso en la independencia como objetivo final, Junqueras ha planteado abrir una nueva etapa de negociación con el Estado. La sentencia certifica el respaldo europeo a la amnistía, pero no zanja las diferencias de fondo entre los actores políticos que la celebran ni entre quienes la rechazan.
